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Inmigración

"Por favor, regrésenme a México lo antes posible": los pedidos de migrantes en los juicios masivos en California

Los polémicos juicios exprés implementados bajo la política de 'tolerancia cero' han convertido a una corte federal de San Diego en una verdadera fábrica de deportados. Por la mañana hablan con sus defensores, por la tarde los juzgan por haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos y algunos son deportados unas horas después: te contamos cómo es un día en esta corte.
20 Jul 2018 – 1:38 PM EDT

SAN DIEGO, California.– 2:12 pm: Un silencio sepulcral recibe a siete hombres y dos mujeres en la sala 2A de una corte federal en el centro de San Diego. Es la segunda audiencia masiva del día para agilizar los juicios en la frontera por entrada ilegal al país. Aquí la Operación Streamline avanza a todo vapor.

2:48 pm: El juez se dirige a uno de los acusados, el guerrerense Eliub Lorenzo Clavel, quien ya escuchó sus derechos, se declaró culpable de ingresar sin permiso a Estados Unidos y sabe que una deportación expedita es inminente. "¿Tiene algo que decir?", le pregunta el magistrado con tono paternalista.

Eliub no mira al hombre de toga negra, sino a la mujer que le traduce la audiencia que se desarrolla en inglés, y expresa en voz baja: "Por favor, regrésenme a México lo antes posible". Según el abogado que lo defendió sin costo por un contrato con el sistema judicial, este señor emigró de su pueblo por la guerra entre narcos en Guerrero y ahora planea irse a otro estado de su país.

2:50 pm: Termina esta audiencia y salen cabizbajos los nueve migrantes de la sala 2A. Los acompañan cuatro agentes federales. Solo una joven centroamericana pedirá asilo, buscando permanecer en EEUU.

Aún no avanza el minutero y sus lugares en tres bancas de madera, a la izquierda del estrado, ya los ocupan seis hombres mexicanos y centroamericanos. Ha comenzado la siguiente vista judicial.

3:15 pm. Se va este otro grupo de indocumentados que ha sido penalizado por la dura política de 'tolerancia cero' establecida por la administración Trump. "Buena suerte", los despide el juez mientras se van en fila a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Ninguno eligió declararse "no culpable" y, de acuerdo con sus abogados, algunos serán enviados a Tijuana en unas horas.

La Operación Streamline, que desde el 9 de julio se implementa en California, el único estado fronterizo que seguía pendiente desde que en 2005 lo lanzó el gobierno de George W. Bush en algunas partes de Texas, ha convertido a la corte federal Edward J. Schwartz de San Diego en una verdadera fábrica de deportados.

Falta de intérpretes

Los defensores federales públicos cuentan que han tenido extenuantes jornadas en las que abogaron hasta por 90 indocumentados, revisando sus situaciones en apenas tres horas. "Procesar estos casos en un día es una tragedia", dice a Univision Noticias Kasha Castillo, una defensora pública que considera que este sistema judicial representa una violación al debido proceso.

"No hay otra clase de persona que sea tratada de la misma manera. En otros casos tenemos días para investigar y asegurarnos de que los clientes entiendan el proceso", reclama.

En sus primeras dos semanas en San Diego, la Operación Streamline se ha topado con un problema que no anticiparon: la falta de traductores capacitados que brinden servicio a los que hablan lenguas indígenas. Cada día se presenta uno o dos casos de ese tipo.

"Hay varias lenguas con las que no ha lidiado el sistema judicial y tenemos dificultades para encontrar intérpretes", cuenta Castillo. "En algunos casos el juez ha postergado esos casos".

Casos sin defensa y deportaciones exprés

A los abogados de oficio les asignan cuatro clientes cada día, a quienes ven por la mañana en un garaje habilitado como sala de reuniones dentro de una instalación federal en el centro de San Diego. Apenas si les da tiempo para enterarse sobre sus situaciones, separar los pedidos de asilo y ver qué pueden hacer.

A la 1:30 pm los defendidos son trasladados a la corte Edward J. Schwartz, frente al tribunal en el que han enjuiciado a peces gordos del cartel de Sinaloa, como el hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada.

"Hay casos en que la gente entra a Estados Unidos con las manos en alto y diciendo: 'asilo, asilo'. Esa gente era tratada de manera diferente antes de que comenzara la Operación Streamline y ahora son procesados penalmente", menciona la abogada Castillo, quien cree que la mejor manera de atender a los que huyen de sus países para salvar sus vidas es regresar al antiguo sistema, el cual escuchaba a los solicitantes de refugio y expulsaba a los que venían por otros motivos.

Eso quedó en el pasado. Ahora todos, sin distinción, son enviados ante un juez federal enfrentando un cargo menor. Muchos se declaran culpables en estas vistas porque no pueden contradecir la acusación de que ingresaron al país sin autorización, aunque haya sido para iniciar un proceso de asilo.

"El problema de estos casos es que no hay defensa, porque no son ciudadanos estadounidenses y porque entraron al país por un lugar distinto a una garita", explica Michael Littman, un abogado privado que ha sido contratado como defensor de oficio para responder a la Operación Streamline.

Uno de sus clientes, Salomé Ventura Morales, un guerrerense de 54 años, también se presentó ante el juez pidiendo que lo enviaran a su comunidad lo más pronto posible. "Quiero decirle a mi esposa que regrese (a México) para que estemos juntos", expresó tras declararse culpable.

Ventura Morales se dirigía al estado de Nebraska, pero lo detuvo la Patrulla Fronteriza. Así se frustró su plan de reencontrarse con su esposa, sus cuatro hijos (de entre 26 y 34 años) y sus ocho nietos. Lo deportaron a finales de 2017 por usar la identidad de un fugitivo. "Esa persona era buscada porque cometió un crimen", indicó su abogado, revisando más información de este mexicano en su libreta.

"Es una vergüenza que no tuve tiempo para conocer a mi cliente", lamenta el litigante.

Antes de que este mexicano saliera de la corte, el juez Bernard K. Skomal se refirió a su situación con un tono sarcástico, diciendo que de alguna manera era bueno que no fuera a Nebraska "particularmente porque el clima es muy malo". Y lo despidió con un "buena suerte".

Al abogado Littman no le incomodó el comentario del magistrado. "Es un buen juez que está haciendo su trabajo, no tiene otra opción", señaló. "Tenemos un sistema que está hecho para procesar a esta gente. Pero es un gran desperdicio de recursos y de tiempo usar a tantos agentes federales y abogados para sacar a personas que vienen a trabajar".

"Usan a sus hijos como intercambio"

A decir de Pedro Ríos, dirigente del Comité Amigos de la Frontera, estos juicios están "criminalizando" a quienes ingresan sin autorización al país. "Es una forma de debilitar los derechos constitucionales que protegen a los migrantes", señala.

"Están saturando las cortes y los abogados no están entendiendo debidamente los casos", reprochó.

Algunos enjuiciados en el tribunal federal de San Diego son padres cuyos hijos les fueron arrebatados en la frontera. "Los están convenciendo de que no pidan asilo y usan a sus hijos como un intercambio de ‘te sales del país y te regresamos a tus hijos’", señaló Roberto Alcántara, coordinador de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego.

Una tarde en la corte de las deportaciones

El juez Skomal entra a la sala 2A y revisa unos documentos sobre su escritorio. Hay tantos defensores federales, secretarios y traductores que apenas si alcanzan las sillas. Seis agentes del US Marshals que visten pantalón beige y camisa negra esperan a los acusados: tres campesinos de India que piden refugio a EEUU. Una intérprete les tradujo la audiencia.

"Tienes derecho a permanecer en silencio, todo lo que digas será usado en tu contra…", explica el juez al más joven de los procesados, de 15 años. También le advierte que por haber cruzado ilegalmente la frontera enfrenta un castigo de hasta seis meses en prisión y una multa de 5,000 dólares.

"Vino porque fue atacado por un rival", explica el defensor legal de este adolescente al que se le fijó una fianza de $1,000. A la 1:51 pm los tres migrantes, un grupo especialmente pequeño por su idioma, salieron de la corte.

En una típica audiencia exprés hay unos ocho inmigrantes hispanos, la mayoría hombres, que se sientan en la banca de los acusados a escuchar a una traductora a través de audífonos. Unos fueron arrestados unas horas atrás por la Patrulla Fronteriza. En los primeros días estos permanecían esposados dentro de la corte, pero esa práctica se ha eliminado.

En estas audiencias, el juez lee sus derechos, les pregunta por su declaración de culpabilidad, cuestiona si lo han hecho bajo alguna presión, les dice que pueden apelar tal decisión y emite sentencia. Todo pasa en un par de minutos. Los abogados aseguran que al menos el 70% de sus clientes son deportados.

Esa tarde, los migrantes enjuiciados, que fueron descritos por sus defensores como campesinos con baja escolaridad, escuchaban con dificultad el complicado lenguaje del sistema jurídico estadounidense.

"Usted se declara culpable o no culpable", preguntó el juez Skomal a un joven que vestía una camiseta sucia. "Sí", respondió en español. "Culpable o no culpable", insistió el magistrado. "Sí", repitió el muchacho. "¿Cuál?", volvió a cuestionarle el juez. "Culpable", dijo finalmente el indocumentado.

Dos migrantes ofrecieron "una disculpa" por su arresto en la frontera. "No era necesario", les respondía el juez, quien varias veces se mostró interesado en saber de qué comunidad venían las personas que estaban en su juzgado.

"¿De qué parte de Oaxaca es usted?", preguntó el magistrado a una mujer adulta que dijo que quería "regresar con mi familia". Sin entender al juez, ella comentó en español que venía "de un pueblito".

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