Thalia Varelas

El martes 2 de noviembre, la jueza federal Beryl Howell falló a favor de la demanda de grupos de libertades civiles y derechos de los inmigrantes en contra del Departamento de Seguridad Nacional. La jueza ordenó que el gobierno Trump debe poner freno a los arrestos generalizados por inmigración en Washington DC sin órdenes judiciales ni causa probable. “Es lo más justo”, opinó Aarón López, hondureño que fue detenido durante tres meses. También puedes ver: Hispano denuncia los golpes que sufrió en operativo de ICE en Georgetown: “Perdí el conocimiento”.

El Concejo de Montgomery eligió por unanimidad a Natali Fani-González como su próxima presidenta. La inmigrante venezolana asegura que una de sus prioridades será proteger a la población hispana y para eso próximamente presentará un proyecto de ley. “Va a ser una legislación para codificar el respeto y la dignidad hacia la comunidad inmigrante y básicamente estipula que la policía del condado no puede trabajar como agente de inmigración”, aseguró. Mira también: Lucha por su vida joven hispano apuñalado cuando se bajaba de metrobús en Hyattsville.

Oliver Merino, de la organización ‘ICE fuera de Alexandria', además de otros líderes de la ciudad de Virginia, denunciaron la colaboración del alguacil John Casey con agentes federales de ICE. Además, reprobaron los argumentos que dio el oficial explicando cómo es la alianza con los agentes de Inmigración. “Él no ha sido transparente con la comunidad”, criticó Merino.

Este miércoles 19 de noviembre, se llevó a cabo una audiencia en un tribunal de Washington DC sobre el caso de José Escobar Molina, un inmigrante que fue detenido por agentes de Inmigración sin una orden judicial y sin causa probable de estatus migratorio ilegal. La denuncia contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue presentada por organizaciones como CASA y La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). José fue deportado a Guatemala tras el arresto.

La organización CASA y miembros de la comunidad lanzaron una campaña que tiene como objetivo apoyar el proyecto legislativo que busca poner fin a todos los acuerdos 287(g) en Maryland y que el programa federal no se extienda a otros condados. “El alguacil debería estar haciendo aquello para lo que el público lo eligió, es decir, combatir el crimen conforme a la ley estatal”, expresó la delegada estatal Nicole Williams.

Este jueves 13 de noviembre, una hispana ecuatoriana de Washington DC contó cómo fue regresar a sus funciones como analista científica federal luego de los 43 días en que no trabajó por el cierre del gobierno. “Disminuí mis compras y usé la tarjeta de crédito”, contó sobre cómo fue asumir los gastos familiares sin recibir pago.