Gerardo Pacheco es un inmigrante mexicano que fue arrestado durante un operativo en San Bernardino, California, cuando iba a su trabajo en la construcción. La familia denuncia que el hombre de 54 años, quien sostiene a varios de sus hijos y sus padres, ha sido trasladado a diferentes lugares en solo 15 días. Sus familiares abrieron una campaña en GoFundMe para reunir ayuda económica y seguir con la lucha legal, ya que estaba en un trámite de petición para residencia permanente.

Menores en el centro de detención en Dilley, Texas, enviaron cartas a congresistas en las que, con palabras y dibujos, relatan cómo viven y se sienten en el lugar, incluyendo frases como “no estoy feliz” y mensajes donde expresan que extrañan a sus familias y amigos. Los niños también señalan que el trato por parte de agentes es malo. Te puede interesar: Congresista Joaquín Castro denuncia presunto abuso sexual de menor en centro de ICE en Dilley, Texas

Los operativos migratorios generaron un impacto que trascendió a las comunidades migrantes y alcanzó la economía y la política en Arizona. Organizaciones no lucrativas impulsaron marchas, talleres y recursos informativos para orientar a la población sobre sus derechos ante detenciones, explicó Raquel Terán, directora de Proyecto Progreso.

Un operativo enfocado en la detención de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales resultó en 17 arrestos en el condado Liberty, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una madre colombiana y sus hijas menores de edad denuncian vivir un " doble encierro" tras 43 días detenidas en Dilley, Texas. Luego de huir de la violencia en su país, aseguran haber sido recluidas bajo engaños y hoy temen por su integridad física. El testimonio revela condiciones críticas y la alarmante denuncia de un presunto caso de abuso sexual contra una menor dentro de las instalaciones. La familia enfrenta la angustia de ser deportada o seguir expuesta a riesgos en el centro.

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Sindi Vanessa Moreno-Flores deberá enfrentar una posible condena máxima de hasta dos décadas de prisión tras declararse culpable de atacar a un agente de ICE durante su arresto. La investigación fue conducida por Homeland Security Investigations, con apoyo de la DEA y la División Criminal del IRS.