El juez Brian Murphy, en Boston, declaró ilegal la medida del Departamento de Seguridad Nacional y ordenó eliminarla; el Gobierno dijo que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos

Una mujer de Sacramento salió voluntariamente de Estados Unidos para mantener su récord limpio y evitar sanciones futuras. Sin embargo, un juez cerró su caso marcándola como deportada, lo que podría impedirle regresar por hasta diez años. Su abogado alegó que se trató de un abuso de poder.

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Especialistas explican que haber sido deportado o vivir fuera del país no exime a los trabajadores de cumplir con sus obligaciones fiscales si generaron ingresos en Estados Unidos. No declarar podría traer consecuencias migratorias futuras.

Última hora | Según reportes, la administración de Donald Trump, estaría evaluando emitir una orden ejecutiva u otra medida para obligar a los bancos a recopilar información sobre el estatus de ciudadanía de sus clientes. Así lo publicó esta tarde el diario The Wall Street Journal, conforme a este medio, la medida podría exigir que los bancos soliciten una nueva categoría de documentos como datos de los pasaportes tanto a clientes nuevos, como quienes ya tienen una cuenta.

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A través de una nueva reglamentación en fase de comentarios por 60 días, el Gobierno de Trump busca cerrar las "vías fáciles" para obtener autorización de empleo. El cambio principal incluye extender el procesamiento de permisos de 30 a 180 días, sumado al año de espera inicial. El abogado Armando Olmedo destaca que el objetivo es saturar el sistema de tal forma que los inmigrantes opten por la deportación voluntaria ante la imposibilidad de mantenerse legalmente en el país por años.

A horas de su discurso ante el Congreso y con las elecciones de medio término en el horizonte, el presidente Donald Trump oficializó una proclama en honor a las víctimas de crímenes cometidos por migrantes. El analista Oscar Chacón sugiere que esta medida busca reforzar su narrativa de "mano dura" y consolidar su base electoral. Sin embargo, expertos critican la acción como una herramienta política que asocia injustamente la migración con la criminalidad pese a la falta de evidencia científica.

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