La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos comparte datos de pasajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta información permite a los agentes rastrear patrones de viaje, ubicar a personas con órdenes de deportación y realizar operativos y detenciones en aeropuertos.

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La comunidad inmigrante reportó presuntos operativos de ICE en la Pequeña Habana y otras zonas de Miami-Dade a lo largo del fin de semana, según fotos y videos capturados por los residentes. En una de estas redadas fueron detenidos dos ciudadanos nicaragüenses identificados por sus familiares como José Jartin, de 35 años, y Benito Amaya, de 42. Sus allegados aseguran que ambos se encontraban en proceso de asilo.

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, varios líderes comunitarios han optado por organizarse para proteger a sus comunidades. Ese es el caso de Ron Gonchez, integrante de Unión del Barrio, quien junto a otros activistas se dedica a patrullar zonas escolares de Los Ángeles para alertar sobre la presencia de agentes de ICE. Un equipo de N+ Univision tuvo la oportunidad de acompañar una de estas patrullas comunitarias y conocer de cerca cómo operan.

ICE anunció el uso obligatorio de cámaras corporales para todos los agentes a partir del mes de septiembre. Sin embargo, la agencia informó que la publicación de los videos será selectiva, lo que ha generado críticas por posibles falta de transparencia

Una jueza federal bloqueó la ley de Nueva York que impedía a agentes del ICE cubrirse el rostro durante operativos y que los obligaba a identificarse. La magistrada Mae D`Agostino suspendió temporalmente la aplicación de la norma estatal y determinó que las autoridades de Nueva York no podrán prohibir el uso de mascarillas o cubre-rostros por parte de agentes federales mientras se resuelve la demanda presentada por el gobierno de Estados Unidos. La ley, promulgada por la gobernadora Kathy Hochul en mayo de 2026, exigía la identificación visible de los agentes durante los operativos.

Más de 2.300 convenios del programa 287(g) en 39 estados facultan a la policía local para colaborar con las autoridades de ICE. Especialistas en derecho migratorio aclaran que los oficiales necesitan una causa probable fundada en la ley criminal para detener a un conductor y no pueden actuar basados en el perfil racial. Sin embargo, tras una parada legal, los agentes revisan registros de licencias y placas para identificar a personas sin estatus legal.

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