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Violaciones

El caso de 11 mujeres abusadas sexualmente por agentes en México que llegó hasta una corte internacional

Tras 10 años de silencio en los que no han visto justicia alguna, las víctimas de un operativo policial en Atenco ordenado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto tienen una nueva batalla por dar: ser escuchadas en el tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
30 Sep 2016 – 9:43 PM EDT

En mayo de 2006 Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador del Estado de México, ordenó un operativo policial en el municipio de San Salvador Atenco para desalojar un bloqueo de manifestantes que se originó por la reubicación de vendedores ambulantes. En ese operativo hubo dos muertos, cientos de personas resultaron heridas, 200 detenidas y decenas de mujeres atacadas sexualmente por los cuerpos de policía.

Solo 11 de las víctimas denunciaron tortura sexual, pero en México la investigación sigue estancada. Han pasado 10 años. Ahora el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que sí hubo abuso por parte de los policías del gobierno que encabezó Peña nieto.

"Fue muy grave, son más de 40 compañeras que fueron abusadas sexualmente y que no siguieron la denuncia por miedo o por ser señaladas", comentó a Univision Noticias Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco.

El organismo internacional detalla que el estado mexicano no tiene avances, ni nuevas líneas de investigación para esclarecer el caso.

"Nosotros no perdonamos y no olvidamos que violaron a nuestras mujeres", refiere Del Valle, quien durante dos años y medio estuvo preso en un penal federal y luego liberado por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La CIDH consideró que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las 11 mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención. La Comisión también estableció que el estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Finalmente, la Comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas", refiere un comunicado de prensa de la CIDH.

El análisis del caso también determina que la detención de las 11 mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos, y que las involucradas acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.

Las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el informe fueron cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

10 años de 'silencio'

Durante 10 años ellas no han dejado de denunciar. Incluso iniciaron una campaña llamada Romper el Silencio: todas juntas contra la tortura sexual, donde se sumaron otras mujeres de todo México, como Cristel Piña Jasso, quien fue abusada sexualmente por policías del norteño estado de Chihuahua.

Luego de que la Comisión Intermaericana dio su informe, el estado mexicano reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, pero no hizo nada. Ahora le corresponde a la Corte internacional analizar el caso, indagar y profundizar, y si fallan a favor de las víctimas en su sentencia podría obligar al gobierno de México a brindar atención, reconocimiento, reparación de daño y justicia a las 11 mujeres. Esto marcaría un precedente para otras víctimas de Atenco.



El conflicto de Atenco lleva más de 16 años, pero en 2006 se intensificó porque el gobierno de México intentó construir un nuevo aeropuerto, pero los pobladores se opusieron; luego vino el operativo policial donde ocurrieron violaciones a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El proyecto del aeropuerto se suspendió, pero cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia anunció su reactivación e iniciaron las licitaciones para la construcción.

Desde entonces se han presentado varios episodios violentos. Esta semana un grupo de hombres armados atacó a Zeferino Ruiz Mendieta, de 89 años, y a su hijo Sergio Ruiz García, quienes horas antes en una asamblea se pronunciaron en contra del nuevo aeródromo.

Los agresores no solo los golpearon, sino que también les robaron las escrituras de su casa. Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, detalló que las autoridades ya investigan el caso, mientras Zeferino Ruiz sigue hospitalizado.

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