Y ahora Portland: ¿qué logró Trump con enviar militares a Los Ángeles y Washington DC?

El presidente Donald Trump sumó otra ciudad a su lista de urbes susceptibles de ser militarizadas por tropas federales, luego de que anunció este sábado que se enviarán soldados a Portland, Oregon, de la que afirmó se halla "asolada por la guerra", y vinculando en ese alegato a Antifa y "terroristas domésticos".

Portland se sumaría a Los Ángeles y Washington DC como ciudades donde las tropas federales intervinieron para efectuar labores de orden público o para brindar seguridad a agendes y edificios federales, incluso en contra de la voluntad de las autoridades estatales o locales.

Sobre el anuncio de Portland, la gobernadora Tina Kotek, demócrata, dijo que no hay "ninguna amenaza a la seguridad nacional" en la ciudad, afirmando que "nuestras comunidades están seguras y tranquilas".

En Los Ángeles el uso de tropas federales, incluyendo marines, se hizo controversialmente durante las protestas contra las redadas migratorias del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de junio, y pese a la negativa del gobernador demócrata Gavin Newsom.

Este despliegue de tropas fue demandado por Newsom en un tribunal, que sentenció a principios de septiembre que la orden de Trump fue ilegal, aunque no ordenó la retirada de cientos de efectivos de la Guardia Nacional apostados en California.

Respecto a Washington DC, los primeros días de agosto Trump declaró una emergencia por crímenes e intervino la policía local por 30 días. Llegarón más de 2,000 soldados, pese a la oposición de la alcadesa demócrata Muriel Bowser.

Para Memphis, en Tennessee, el presidente aprobó hace dos semanas el despliegue de tropas, afirmando que la ciudad sufre "unos niveles tremendos de delincuencia violenta que han desbordado la capacidad de su gobierno local para responder con eficacia".

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Se espera que a esta ciudad lleguen unos 150 soldados de la Guardia Nacional, bastantes menos que en la capital del país, y que no realizarán arrestos. Además, estarán acompañados de funcionarios, también enviados a Memphis, pertenecientes a 13 agencias federales que cubren desde inmigración hasta antinarcóticos.

Sobre otras urbes como Chicago, Trump publicó mensajes en redes sociales al estilo de la película sobre la guerra de Vietnam Apocalypse Now, y diciendo "Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA", dando a entender que llevaría un enfrentamiento bélico a la ciudad.

Pero pese a este anuncio, que luego matizó diciendo que no pensaba ir a la guerra con las ciudades sino "limpiarlas", aún no han llegado tropas federales a la ciudad en Illinois.

También Nueva Orleans ha estado en la mira del presidente Trump, sobre la que dijo que "tiene un problema de delincuencia. Lo solucionaremos en dos semanas. Nos llevará dos semanas —más fácil que en [Washington] DC".

A la par de las amenazas de envío de fuerzas federales o su despliegue efectivo, el Departamento de Justicia ha iniciado procedimientos contra los estados "santuario" de Illinois, Nueva York y Colorado, así como contra las ciudades de Los Ángeles y Chicago, todos gobernados por demócratas.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, por considerar que Estados Unidos vive una "invasión" de "criminales extranjeros", una ofensiva en la que el ICE es uno de los principales instrumentos.

Detenciones migratorias en Washington

En las dos ciudades donde la administración Trump envió tropas federales, Washington DC y Los Ángeles, arrojaron resultados dispares sobre su despliegue.

En Washington DC, los datos del Departamento Metropolitano de Policía, indican que en el lapso entre el 12 de agosto, en la víspera del despliegue de las tropas, y el pasado viernes 26 de septiembre de este año, se registraron 22,5% menos delitos en comparación con el mismo lapso del año pasado.

En el mismo lapso, los crímenes violentos pasaron de 300 delitos en 2024 a 89 delitos en 2025, un descenso de 70%.

Asimismo, el gobierno de Trump ha reivindicado el éxito de la intervención federal en Washington D. C., afirmando que ha dado lugar a más de 2300 arrestos, incluyendo más de una docena de sospechosos de homicidio, 20 presuntos pandilleros y cientos de personas acusadas de delitos relacionados con drogas y armas.

Pero más de 40% de esas detenciones han sido relacionadas con el estatus migratorio de los sujetos bajo custodia, lo que ha alimentado las críticas de que el verdadero propósito de la operación puede haber sido expandir las deportaciones

Además, la presencia militar estaría teniendo impacto en el turismo, con comercios vacíos, restaurantes a media capacidad, hoteles con menos huéspedes y grandes empresas recortando planes. El turismo, que sostiene buena parte del pulso económico de la ciudad, empieza a resentirse con fuerza.

Según datos de Tourism Economics y Destination DC, el sector enfrenta una proyección de 5.1% menos visitantes internacionales en 2025, lo que se traduce en pérdidas económicas directas para la capital y un golpe para negocios que dependen de ese flujo de viajeros.

Trump, sin mostrar datos, afirmó en sus redes sociales lo contrario. Un mes después de la intervención federal, dijo en sus redes sociales que la intervención federal llevó a DC a ser "una de las más seguras del mundo", con un auge en la actividad comercial y "virtualmente sin crímenes".

Pero cabe acotar que en Washington, según la alcadesa Bowser, los crímenes ya estaban en su nivel más bajo en 30 años, antes de la intervención del gobierno federal.

Datos del FBI, publicados por NPR, indican que en 2024 la tasa de homicidios fue de unos 25 por cada 100,000 habitantes, prácticamente el doble respecto a los 13.9 homicidios de media de 2012, pero bastante lejos de los 80.2 homicidios por cada 100,000 habitantes reportados en 1991.

Aunado a esto, el presidente amenazó con intervenir la policía nuevamente, luego de que la alcadesa Bowser aclaró que la policía de Washington DC no participará en la aplicación de leyes migratorias. Según Trump, si él "permite que esto ocurra, el crimen crecerá nuevamente", relacionando la presencia de inmigrantes indocumentados con la criminalidad.

El millonarios despliegue 'ilegal' en Los Ángeles

En cuanto al despliegue federal en Los Ángeles, las estimaciones del gobernador Newsom calculan que el costo del movimiento de tropas decidido por Trump costó unos 120 millones de dólares a los contribuyentes.

El despliegue de más de 4,200 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina costó 71 millones de dólares en alimentos y otros artículos de primera necesidad, 37 millones de dólares en nóminas, más de 4 millones de dólares en suministros logísticos, 3.5 millones de dólares en viajes y 1.5 millones de dólares en gastos de desmovilización, lo que suma un total estimado de 118 millones de dólares", publicó la oficina de Newsom en un comunicado a inicios de septiembre.

"Aunque en realidad se utilizó menos del 20% de las tropas desplegadas en Los Ángeles, se apartó a los soldados de sus obligaciones civiles esenciales como paramédicos, policías, bomberos, médicos, enfermeros y profesores", criticó Newsom.

Los cálculos vienen de datos suministrados a la gobernación por la Guardia Nacional, en respuesta a un pedido de información, indica la oficina del gobernador californiano.

En agosto, un par de meses después de la intervención en Los Ángeles, solo restaban unos 250 soldados en la ciudad. El American Inmigration Council indica que "la operación resultó en que el Departamento de Justicia acusara solo a 26 personas por crímenes relacionados con las protestas contra los operativos de inmigración".

Y destacan que " los fiscales del Departamento de Justicia desestimaron ocho de estos cargos poco después de presentarlos, cinco de ellos por declaraciones falsas de funcionarios de inmigración estadounidenses".

A juicio del American Inmigration Council "a medida que se disipan las dudas, también queda más claro cómo este despliegue planteó sus propias amenazas a la seguridad pública, tanto durante las protestas como después".

Asimismo, señalan que "documentos revelados en los tribunales evidenciaron que los líderes militares estadounidenses compartían importantes preocupaciones sobre este despliegue y se preguntaban si las tropas estaban adecuadamente entrenadas para una operación nacional".

Se temía que "la operación podría desencadenar nuevas protestas, lo que supondría un riesgo significativo tanto para los residentes de Los Ángeles como para las tropas".

El juez federal que declaró ilegal el uso de las tropas federales en Los Ángeles, Charles Breyer, señaló que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han declarado su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades del país, entre ellas, Oakland y San Francisco, lo que genera preocupaciones de que estén "creando una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe".

En su fallo, Breyer acusó al gobierno de Trump de violar “deliberadamente” la ley, y dijo que usó tropas para funciones que estaban prohibidas por sus propios materiales de entrenamiento, se negó a “coordinarse significativamente con funcionarios estatales y locales” y “asesoró” a las agencias federales de aplicación de la ley sobre el lenguaje a usar al solicitar asistencia.

“Estas acciones demuestran que los Demandados sabían que estaban ordenando a las tropas que aplicaran la ley nacional más allá de su autoridad habitual”, escribió Breyer.

“La evidencia en el juicio", indica la sentencia, afirma que el gobierno federal "usó sistemáticamente a soldados armados (cuya identidad a menudo estaba oculta por armaduras protectoras) y vehículos militares para establecer perímetros protectores y bloqueos de tráfico, participar en el control de multitudes y demostrar de otras formas una presencia militar en y alrededor de Los Ángeles”.

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