Juez federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez federal bloqueó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, medida que había sido ordenada por el presidente Trump y rechazada por las autoridades locales de California.

La resolución emitida por el juez Charles Breyer contempla que el gobernador de California, Gavin Newsom, recupere el control de las tropas. Breyer criticó los razonamientos planteados por la administración de Trump en su defensa de la federalización de la Guardia Nacional.

El despliegue ha sido un punto de desencuentro entre Trump y Newsom, quien ha acusado al mandatario de actuar de forma unilateral e irresponsable por las consecuencias que el uso de militares ha tenido en la contención de protestas.

El gobierno quiere un "cheque en blanco", dice juez

En su resolución el juez dijo que el gobierno de Trump en sus alegatos dejó en "claro que el único cheque que desean es uno en blanco".

Breyer criticó el argumento que ha dado administración de Trump diciendo que la federalización de la Guardia Nacional tiene como fin prevenir la obstaculización de las acciones migratorias federales.

"Seis meses después de federalizar por primera vez la Guardia Nacional de California, los acusados aún conservan el control de aproximadamente 300 miembros de la Guardia, a pesar de que no hay evidencia de que la ejecución de la ley federal se vea obstaculizada de ninguna manera, y mucho menos de manera significativa", dijo el juez.

Breyer recalcó que "la postura de los acusados es contraria a la ley" y, por lo tanto prohibió "la federalización de las tropas de la Guardia Nacional de California por parte de los Demandados"

"El equilibrio de la equidad y el interés público se inclinan a favor de los demandantes", escribió Breyer. "Esto se debe a que 'siempre es de interés público prevenir la violación de los derechos constitucionales de una parte'".

En su escrito, Breyer también señaló "que es contrario al interés público tener 'actores militarizados que no están familiarizados con la historia y el contexto locales' deambulando por las calles".

Breyer dijo que el gobierno

violó la 'Ley Posse Comitatus' en fallo previo

En septiembre, el mismo juez federal de San Francisco, California, echó por tierra los argumentos del gobierno en la demanda presentada por el gobernador Newsom tras el despliegue en junio de tropas de la Guardia Nacional y de marines durante las protestas contra los operativos de ICE en Los Ángeles.

Breyer acogió entonces el argumento de Newsom respecto a que el gobierno de Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1978 que prohíbe la utilización de militares en la ejecución de leyes nacionales. Los defensores del gobierno dijeron que esa ley no aplicaba en esta situación porque las tropas protegían a agentes federales y no ejecutaban leyes.

Trump puso bajo su control a la Guardia Nacional de California bajo la sección 12406 del Título 10, que le permite a un presidente llamar a la Guardia Nacional para acciones federales cuando se da una "invasión" de Estados Unidos, cuando "hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno" o cuando el presidente no puede "ejecutar las leyes de Estados Unidos".

"El Congreso habló claramente en 1878 cuando aprobó la Ley Posse Comitatus, prohibiendo el uso de militares estadounidenses en la ejecución de leyes nacionales", escribió el juez.

"Casi 140 años después, los demandados —el presidente Trump, el secretario de Defensa, (Pete) Hegseth, y el Departamento de Defensa— desplegaron a la Guardia Nacional o los marines en Los Ángeles, para aplacar una rebelión y garantizar el cumplimiento de la ley de inmigración federal.

Sí había protestas en Los Ángeles y algunos individuos incurrieron en violencia. Pero no había una rebelión ni las fuerzas de la ley civiles eran incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley", agregó.

El juez determinó que "contrario a la instrucción explícita del Congreso", Trump y su gobierno usaron soldados armados, cuya identidad en ocasiones era ocultada con dispositivos de protección, y vehículos militares para delimitar perímetros y bloquear el tráfico. Agregó que esos militares también participaron en el control de manifestantes. "En pocas palabras, los demandados violaron la Ley Posse Comitatus", precisó el juez.

En el documento con su decisión, Breyer mostró una diapositiva que fue parte de las instrucciones que el Departamento de Defensa dio a las tropas desplegadas en California. En ella aparecía una lista de 12 funciones en las que no debían entrar porque suponían violar la Ley Posse Comitatus. Sin embargo, cuatro de ellas aparecían en letras rojas, porque representaban supuestas excepciones a esa ley.

"A las tropas del 'Task Force 51' (los miembros de la Guardia Nacional y los marines desplegados) se les instruyó que las cuatro funciones listadas en rojo —los patrullajes de seguridad, y los controles de tráfico, multitudes y disturbios— estaban sujetas a una supuesta excepción constitucional a la Ley Posse Comitatus", se lee en el documento judicial.

El juez también mencionó instancias en las que los militares se movieron a puntos más allá del condado de Los Ángeles. Una de ellas fue cuando cerca de 80 efectivos fueron enviados a Camarillo, una localidad a unas 50 millas del centro de Los Ángeles, en medio de una agresiva redada en una granja que terminó con protestas y decenas de personas detenidas.

Un inmigrante, Jaime Alanís García, falleció a causa de los golpes tras caer ese día de un techo en la instalación al tratar de evitar su arresto.

En ese fallo que igualmente se limitaba solo a California, Breyer prohibió que los militares se involucren en arrestos, requisas, incautaciones, patrullaje de seguridad, control del tráfico y de multitudes, recopilación de evidencia, interrogatorios y que actúen como informantes.

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