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Papeles de Panamá

Mossack Fonseca, un bufete global

Expedientes muestran una nómina de clientes que incluye narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y fechorías a granel. Un artículo de ICIJ.
1 Abr 2016 – 11:36 AM EDT

Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos jurídicos presentados ante un Tribunal Federal de Distrito en Las Vegas alegaban que este bufete con sede en Panamá creó 123 corporaciones en Nevada que habían sido utilizadas por un compinche de la expresidenta de Argentina para hurtar millones de dólares provenientes de contratos públicos. Una citación ordenaba a Mossack Fonseca entregar detalles sobre cualquier dinero que hubiere fluido a través de esas compañías de Nevada.

Mossack Fonseca no quería suministrar dicha información. La confidencialidad es indispensable para un bufete que se especializa en establecer empresas extraterritoriales difíciles de rastrear.

El despacho de abogados trató de obstruir la citación al negar que sus operaciones en Las Vegas, administradas por una empresa de nombre M.F. Corporate Services (Nevada) Limited, formara parte del grupo Mossack Fonseca.

El cofundador del bufete con sede en Panamá, Jürgen Mossack, declaró bajo juramento que “MF Nevada y Mossack Fonseca no tienen una relación tipo casa matriz-subsidiaria y que Mossack Fonseca no controla los asuntos internos o las operaciones diarias del negocio de MF Nevada”.



Sin embargo, expedientes secretos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de una centena de medios de comunicación asociados generaron nuevas dudas sobre esa declaración jurada.

Dichos archivos no solo demuestran que la subsidiaria de Nevada era totalmente propiedad de Mossack Fonseca sino que también, tras bastidores, el bufete juridico había tomado medidas para borrar evidencias potencialmente comprometedoras contenidas en teléfonos y computadores para negarle al sistema judicial de Estados Unidos acceso a detalles sobre sus clientes.

Un correo electrónico de 2014, por ejemplo, da órdenes de que “hay que opacarles a los investigadores” cualquier nexo entre el sistema informático central de Mossack Fonseca en Panamá y la oficina de Nevada. Otros emails informan que operarios de informática trabajando por control remoto desde Panamá “trataron de depurar las bitácoras de los computadores de la oficina de Nevada” y pretendían poner en marcha una “sesión remota para eliminar los rastros de acceso directo a nuestro CIS” (el sistema informático del bufete).

Los documentos demuestran incluso que un empleado del bufete viajó de Panamá a Las Vegas para sustraer del país documentos impresos. “Cuando Andrés vino a Nevada realizó una limpieza total y se llevó los documentos para Panamá”, dice un correo electrónico del 24 de septiembre de 2014.

En comentarios al ICIJ, Mossack Fonseca negó “categóricamente” haber ocultado o destruido documentos que pudiesen ser utilizados en investigaciones o litigios en curso.

Los más de 11 millones de documentos obtenidos por el ICIJ —emails, cuentas bancarias y expedientes de clientes— representan las actividades internas de Mossack Fonseca durante casi cuarenta años, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Y revelan los activos extraterritoriales de individuos y empresas provenientes de más de 200 países y territorios.


Guardián de secretos

Ejemplo tras ejemplo, los documentos relatan irregularidades éticas y legales por parte de clientes y presentan evidencias de un bufete jurídico contento con actuar de guardián de los secretos de sus clientes, hasta los de aquellos que resultan ser delincuentes, miembros de la mafia, narcotraficantes, políticos corruptos y evasores de impuestos.

Los expedientes demuestran que el negocio ha sido bueno.

Hoy, Mossack Fonseca es considerado como uno los cinco mayores proveedores mundiales de secretismo extraterritorial. Tiene más de 500 empleados y colaboradores en más de 40 oficinas alrededor del mundo, incluyendo tres en Suiza y ocho en China.

Mossack Fonseca respondió un cuestionario basado en los descubrimientos del ICIJ diciendo que “por 40 años Mossack Fonseca ha operado por encima de cualquier reproche … Nuestro bufete nunca ha sido acusado o imputado en relación con fechorías delictivas”.

El portavoz Carlos Sousa dijo que el bufete “solo ayuda a clientes a constituir empresas”.

Eso no implica “establecer un vínculo de negocio con las empresas establecidas o dirigirlas de alguna manera”, dijo Sousa.


Las raíces del bufete

El inicio de Mossack Fonseca se remonta a 1986, cuando el abogado Ramón Fonseca fusionó su pequeño despacho de Panamá con otro bufete presidido por Jürgen Mossack, un panameño de origen alemán. “Juntos”, reflexionó Fonseca ante un periodista, “hemos creado un monstruo”.



A mbos tenían linajes y trayectorias internacionales en los mundos del dinero, el poder y los secretos.

Fonseca nació en Panamá en 1952 y estudió leyes y ciencias políticas en la Universidad de Panamá y la London School of Economics. De joven, recordó cierta vez, tenía esperanza de salvar el mundo, primero anhelando ser sacerdote y luego trabajando cinco años para las Naciones Unidas en Ginebra.

“No salvé a nadie ni hice ningún cambio”, confesó en una entrevista televisiva en 2008. “Decidí entonces, al tener más madurez, dedicarme a mi profesión, formar una familia, casarme y llevar una vida normal… A medida que uno envejece, se vuelve más materialista”.

Mossack nació en Alemania en 1948. Se mudó a Panamá con su familia a principios de la década de 1960, según su socio de bufete.

El padre de Mossack había sido miembro del Waffen-SS, notoria ala armada del Partido Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, según expedientes de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, obtenidos por el ICIJ.

Los documentos muestran que, después de la guerra, el padre le ofreció sus servicios al gobierno estadounidense como informante, argumentando que “él estaba a punto de sumarse a una organización clandestina, ya fuera de exnazis convertidos en comunistas […] o de nazis no conversos disfrazados de comunistas”. Un oficial de inteligencia del Ejército escribió que la oferta de espiar para EEUU podría ser sencillamente “un astuto intento de salirse de una situación incómoda”.

No obstante, los viejos expedientes de inteligencia indican que el padre de Mossack luego apareció en Panamá, donde ofreció espiar, esta vez para la CIA, sobre actividades comunistas en la cercana isla de Cuba.

Después de egresar como abogado en 1973, el hijo trabajó por un tiempo como abogado en Londres antes de regresar a Panamá para establecer el bufete que luego se fusionaría para establecer Mossack Fonseca & Co.

Hoy, ambos socios circulan entre las más altas esferas de la sociedad panameña.

Además de ser abogado, Fonseca lleva una segunda vida igualmente de alto perfil como novelista galardonado. Entre sus libros se encuentra Mister Politicus, una novela política de suspenso que, dice su página web literaria, “articula los enmarañados procesos de los que se valen funcionarios inescrupulosos para afincarse en el poder y, desde allí, satisfacer sus detestables ambiciones”.


Fonseca conoce el mundo de la política mediante su desempeño, hasta hace poco tiempo, como un alto asesor del presidente panameño Juan Carlos Varela.

A principios de marzo Fonseca anunció que se ausentaría de ese cargo tras alegatos de que el despacho de Mossack Fonseca en Brasil se encontraba involucrado en un creciente escándalo de sobornos y lavado de dinero centrado en la empresa petrolera estatal de Brasil. Tomó esa decisión, dijo, “para defender mi honor, mi bufete y mi país”.

Negando cualquier participación en fechorías durante una entrevista televisiva, usó una analogía empleada antes por el bufete, diciendo que si una empresa extraterritorial es utilizada de manera incorrecta, la empresa no es más culpable que una fábrica de automóviles que construye un auto que luego es utilizado en un asalto.

Mossack es miembro del prestigiosoÎ Club Unión, donde su hija Nicole celebró sus quince años en 2008. También sirvió en Conarex, el consejo de relaciones exteriores panameño, desde 2009 hasta 2014.

Los activos de Mossack, según expedientes obtenidos por el ICIJ, incluyen una plantación de teca y otros inmuebles, un helicóptero ejecutivo, un yate con el nombre Rex Maris y una colección de monedas de oro.


Abriendo camino en las Islas Vírgenes Británicas

La fusión que sirvió para crear Mossack Fonseca vino en un momento difícil de la historia de Panamá. El país enfrentaba inestabilidad política y económica bajo el dictador militar Manuel Noriega, quien estaba recibiendo atención indeseada debido a evidencias cada vez mayores de que él estaba involucrado en blanqueo de dinero y narcotráfico.

En 1987, con Panamá bajo una sombra, Mossack Fonseca realizó su primera gran movida en el exterior, estableciendo una sucursal en las Islas Vírgenes Británicas, donde pocos años atrás se había aprobado una ley que facilitaba el establecimiento de empresas extraterritoriales sin tener que publicar los nombres de los dueños y directivos.

Rosemarie Flax, la directora administrativa de Mossack Fonseca desde mucho tiempo allí, dijo a un medio de comunicación de las Islas Vírgenes Británicas, en mayo de 2014, que “el bufete Mossack Fonseca fue el primero en venir desde Panamá a las Islas Vírgenes Británicas y luego otros le siguieron”.

Hoy, las Islas Vírgenes Británicas sirven de sede para más o menos el 40% de las empresas extraterritoriales en el mundo. De las compañías que aparecen en los expedientes de Mossack Fonseca, una de cada dos empresas —más de 113,000— fueron constituidas en ese territorio ultramarino.


Historias del Pacífico Sur

Mossack Fonseca realizó otra movida significativa en 1994. Ayudó a la pequeña isla nación de Niue —una formación coralina en el Pacífico Sur, con una población inferior a 2,000 habitantes— a redactar legislación que permitiera la incorporación de empresas extraterritoriales.

El bufete había escogido Niue —le dijo luego Mossack a Agence France-Presse—, porque quería situarse en una zona del huso horario del Pacífico Asiático y porque no tendría competidores: “Si tuviésemos una jurisdicción que fuera pequeña, y la tuviésemos desde el principio, podríamos ofrecer a las personas un entorno estable, un precio estable”.

El bufete firmó luego un acuerdo de 20 años con el gobierno del pequeño atolón, dándole derechos exclusivos para registrar empresas extraterritoriales en Niue. Notablemente, Niue ofrecía registros utilizando caracteres chinos o cirílicos, haciendo que fuera atractivo para clientes chinos y rusos.

Ya para 2001, Mossack Fonseca estaba haciendo tantos negocios desde Niue que pagaba el equivalente a 1.6 millones de dólares del presupuesto anual del gobierno de Niue proyectado en 2 millones de dólares.

Pero las estrechas relaciones con la nación isleña también comenzaron a atraer escrutinios indeseables.

Ese mismo año el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó los “incómodos arreglos compartidos” entre Niue y Mossack Fonseca y advirtió que la industria extraterritorial de Niue se había “relacionado con el lavado de ingresos delictivos provenientes de Rusia y Sudamérica”.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental establecida por las grandes naciones para combatir el blanqueo de dinero, puso a Niue en una lista negra de jurisdicciones que no estaban cumpliendo con tomar medidas para prevenir el lavado de dinero, amenazando a esa nación con posibles sanciones económicas.

Pese a que Mossack negó que Niue se encontrase involucrado en blanqueo de dinero, en 2001 tanto Bank of New York como Chase Manhattan impusieron embargos sobre la transferencia de dólares hacia Niue. En 2003, Niue les negó renovación a cuatro empresas incorporadas por Mossack Fonseca, mostrando que cancelaría la franquicia exclusiva del bufete.


Operaciones movedizas

Al perder Niue, Mossack Fonseca no disminuyó su ritmo. Sencillamente transfirió sus operaciones, sugiriéndoles a sus clientes que tenían empresas en Niue que se volvieran a establecer en la cercana nación de Samoa.

El cambio formaba parte de una pauta que se manifiesta en los documentos. Las veces que las sanciones legales han obstaculizado la habilidad de Mossack Fonseca para servir a sus clientes, el bufete se ha adaptado con rapidez y ha conseguido otros lugares donde operar.

Cuando Islas Vírgenes Británicas aplicó mano dura contra la emisión de acciones a nombre del portador en 2005, Mossack Fonseca trasladó ese aspecto del negocio a Panamá.

Las empresas que emiten acciones a nombre del portador no muestran el nombre del dueño en dichas acciones. Si alguna persona las tiene en sus manos, pertenecen a esa persona. Desde hace mucho tiempo son consideradas como un vehículo para el lavado de dinero y otras fechorías, y han ido desapareciendo mundialmente de manera gradual. En algunas jurisdicciones todavía se permiten, aunque bajo mayores restricciones.


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Cómo funciona una fábrica de sociedades

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La habilidad de Mossack Fonseca de trasladar su negocio con celeridad se manifiesta en un gran incremento en la constitución de empresas en una de estas jurisdicciones, la isla caribeña de Anguila, la cual vio el número de compañías incorporadas allí incrementarse más del doble entre 2010 y 2011. Anguila es ahora una de las cuatro principales jurisdicciones de Mossack Fonseca para las incorporaciones.

Mossack Fonseca también ha expandido sus operaciones para atender las necesidades adicionales de sus clientes, incluyendo el registro de aviones y yates privados.

Ya para 2006, según los expedientes, Mossack Fonseca expandió su negocio aún más para encargarse de las finanzas de algunos clientes o, tal como lo describe el bufete, del “manejo discrecional de carteras de valores”.

Según los documentos, la administración interna de operaciones del bufete —con el nombre Mossfon Asset Management S.A., o MAMSA— manejó más de 4,700 transacciones y por lo menos 1,200 millones de dólares en dinero de los clientes desde mediados de 2007 hasta mediados de 201549 ].

MAMSA colaboró con varios bancos, incluyendo por lo menos dos que han sido objetivo de investigaciones por lavado de dinero: Banca Privada d’Andorra, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un informe de 2015 sobre el blanqueo de dinero en beneficio de poderosas organizaciones delictivas, y Deutsche Bank Switzerland, cuya casa matriz ha sido investigada por autoridades en el Reino Unido y los Estados Unidos por posible lavado de dinero para clientes rusos. El Tesoro de los EEUU retiró su determinación sobre Banca Privada d’Andorra el 19 de febrero de 2016, diciendo que “ya no opera de una manera que representa una amenaza contra el sistema financiero de los EEUU”.


Se vende el sigilo

Los expedientes muestran que, al igual que con Deutsche Bank, el bufete colabora con las demás instituciones financieras más importantes del mundo, tales como HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, y Commerzbank, en algunos casos para ayudar a los clientes de esos bancos a establecer complicadas estructuras que les dificulta a los recaudadores de impuestos y a los investigadores hacer seguimiento del flujo de dinero desde un lugar a otro.

Mossack Fonseca dijo que la alegación de que proporciona estructuras diseñadas para ocultar la identidad de los dueños “carece completamente de fundamento y es falsa”.

Société Générale y Credit Suisse dijeron que ponen énfasis en el cumplimiento del pago de impuestos y aplican vigilancia contra el fraude y el blanqueo de dinero. Credit Suisse dijo que desde 2013 ha estado implementando programas que exigen que los clientes privados proporcionen evidencias de cumplimiento con el pago de impuestos o perderán su relación bancaria.

“Las alegaciones son históricas; en algunos casos se remontan a 20 años atrás, precediendo nuestras significativas y bien divulgadas reformas durante los últimos años”, dijo Rob Sherman, un portavoz de HSBC en Nueva York.

UBS dijo que conoce la identidad de los dueños de todas las empresas con quienes se le pide colaborar y que tiene estrictas reglas contra el lavado de dinero. Deutsche Bank hizo notar que llegó a un acuerdo el 24 de noviembre de 2015 con el Departamento de Justicia de EEUU para pagar 31 millones de dólares a cambio de la imposibilidad de enjuiciamiento en una investigación de Estados Unidos sobre bancos suizos que ayudaban a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos.

Commerzbank dijo que no haría comentarios.

Los verdaderos dueños de las cuentas bancarias que aparecen bajo el nombre de empresas extraterritoriales registradas por Mossack Fonseca pueden estar ocultos tras los llamados directores fiduciarios ( nominee directors) —directivos suplentes proporcionados por Mossack Fonseca— los cuales sirven para encubrir a los verdaderos dueños.

Dependiendo de cuánto paga el cliente, esto puede involucrar más de una jurisdicción sigilosa y más de una compañía cobijada por el anonimato, lo cual se añade a la frustración de las autoridades cuando intentan rastrear a los dueños reales.

En Panamá, las opciones ofrecidas por Mossack Fonseca incluyen fundaciones privadas, las cuales no se encuentran sujetas a impuestos en Panamá y operan bajo una ley que no exige revelar los nombres de los fundadores o de los beneficiarios.

Otras actividades que se evidencian en los expedientes incluyen el que Mossack Fonseca altera y antedata documentos cuando un cliente se encuentra en aprietos, lo cual permite que oculte sus activos estableciendo fundaciones en Panamá que al principio designan entidades sin fines de lucro —como el World Wildlife Fund— como beneficiarias, pero luego pueden cambiar el beneficiario a voluntad.

Es práctica común en la industria antedatar documentos, a veces para reflejar la fecha de una decisión tomada antes que fuera registrada, dijo Mossack Fonseca. El motivo es “no encubrir u ocultar acciones delictivas”.

En un caso, el bufete ayudó a un autor neoyorquino especializado en dar asesoramiento financiero, a ocultarle un millón de dólares la Dirección de Rentas Internas de EEUU (IRS, por sus siglas en inglés), al proporcionarle a este autor “un agente fiduciario (natural person nominee)” —un testaferro que trabajaba para Mossack Fonseca— quien fingía ser el dueño de una cuenta para inversionistas custodiada por el banco HSBC en Guernesey, una isla británica semiautónoma en el Canal de la Mancha.

“No prestamos servicios beneficiarios para engañar a los bancos”, expresó Mossack Fonseca en respuestas por escrito dirigidas al ICIJ.


Los más buscados

Aunque Mossack Fonseca dice públicamente que “realiza la debida diligencia exhaustiva para verificar la legitimidad de cada uno de nuestros clientes”, y diga que nunca colaboraría con políticos propensos al peculado, delincuentes u otros personajes turbios, los expedientes internos del bufete pintan un cuadro distinto.

Un análisis realizado por el ICIJ, por ejemplo, descubrió que Mossack Fonseca ha colaborado con 33 empresas y personas colocadas en listas negras por las autoridades estadounidenses debido a sus vínculos con el terrorismo y el narcotráfico, o porque han ayudado a regímenes que no se acogen al derecho internacional, tales como Corea del Norte o Irán.

Mossack Fonseca dijo que “no alberga o promueve acciones delictivas” y que “nunca ha permitido a sabiendas el uso de nuestras empresas” por parte de individuos que colaboran con gobiernos sancionados. Dijo que en la mayoría de los casos, la obligación de investigar previamente a clientes les incumbe a los bancos, a los bufetes y a otras entidades intermediarias que sirven de nexo entre la empresa panameña y los dueños de sus empresas de fachada.

Los expedientes demuestran que Mossack Fonseca a veces tomó decisiones sopesadas con motivos financieros para retener a clientes que eran grandes fuentes de honorarios para el bufete, aún después que las autoridades los revelaran como indeseables.

En otros casos, los laxos procedimientos de Mossack Fonseca permitieron que individuos en listas negras y otros clientes cuestionables se colaran sin que el propio bufete se diera cuenta de quién era la persona con quien negociaban.

En un episodio que involucra a Rafael Caro Quintero, quien fuera en su momento el cabecilla del cartel narcotraficante de Guadalajara, en México, las acciones del bufete aparentemente se basaban en una consideración más bien visceral: el miedo.

Las autoridades arrestaron a Caro Quintero en Costa Rica en 1985 por la tortura y el asesinato del agente antidrogas del gobierno de Estados Unidos, Enrique “Kiki” Camarena. Fue extraditado a México y sentenciado en 1989 a 40 años de prisión. El gobierno mexicano confiscó su patrimonio —incluyendo una propiedad que estaba a nombre de una empresa establecida por Mossack Fonseca— y se la entregó al gobierno de Costa Rica, que la traspasó luego al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica.

Los expedientes demuestran que, en marzo de 2005, funcionarios olímpicos costarricenses le pidieron a Mossack Fonseca que les ayudara a obtener la titularidad clara de la propiedad.

Jürgen Mossack se opuso. Los accionistas de la empresa extraterritorial tendrían que decidir, y no se sabía quiénes eran, dijo.

Sin embargo, un abogado del bufete Mossack Fonseca escribió en un correo interno que “parece que el verdadero dueño del patrimonio, y por lo tanto de la empresa, era el narcotraficante Rafael Caro Quintero”.

A Mossack, quien figuraba como uno de los tres directivos de la empresa, no le interesaba contrariar a Caro Quintero.

“Comparado con [Caro] Quintero, hasta Pablo Escobar era un niño de brazos”, escribió en un correo, el resultado del cual fue que Mossack Fonseca renunciaría como representante de la empresa extraterritorial de Caro Quintero. “No quiero encontrarme entre los que Quintero visite al salir de la cárcel”.

En 2013, Caro Quintero fue puesto en libertad con base en un detalle técnico y desapareció inmediatamente. Permanece prófugo y de nuevo se encuentra en la lista de los más buscados de Interpol.


Desempeñando el papel de defensor

Pese a la mala fama de algunos de sus clientes, el bufete Mossack Fonseca ha logrado mantener un perfil sorprendentemente bajo. La revista The Economist lo denominó “el hermético Mossack Fonseca” en un artículo de 2012 sobre los intermediarios del negocio extraterritorial.

Ese mismo año, en julio de 2012, según los expedientes, el bufete contrató los servicios de Mercatrade S.A., una empresa que proporciona “gestión de reputación online”.

El contrato promete blanquear la imagen de Mossack Fonseca removiendo referencias negativas en Internet relacionadas con 12 palabras clave tanto en inglés como en español: “Lavado de dinero, lavado de activos, evasión fiscal, fraude fiscal, delito, tráfico de armas, Money Laundering, Tax Evasion, Tax Fraud, dirty Money, scandal, escándalo”.

Posteriormente, Mossack Fonseca contrató una de las más poderosas agencias de relaciones públicas del mundo, Burson-Marsteller, la cual se especializa en representar a clientes controversiales, incluyendo tanto a dictadores en Argentina, Indonesia y Rumania como a la empresa Union Carbide después de la mortífera explosión química en Bhopal, India.

Pese a los intentos de relaciones públicas, las naciones han comenzado a mirar más de cerca las prácticas de Mossack Fonseca.

En 2012 y 2013 reguladores en las Islas Vírgenes Británicas aplicaron una serie de multas contra el bufete por violación de las reglas del país contra el lavado de dinero, incluyendo una sanción de 37,500 dólares por incumplimiento en investigar adecuadamente a un cliente de “alto riesgo”: Alaa Mubarak, hijo del exdictador destituido de Egipto.

En febrero de 2015, las autoridades alemanas iniciaron una serie de allanamientos en la oficina de Commerzbank y en residencias privadas en Frankfurt. El Süddeutsche Zeitung informó que en ese momento las autoridades alamanas estaban contemplando iniciar acciones jurídicas contra empleados de Mossack Fonseca por haber contribuido posiblemente a la evasión de impuestos que involucraba a las oficinas del banco en el vecino país de Luxemburgo.

En Brasil, a principios de 2016, Mossack Fonseca se convirtió en uno de los objetivos de una investigación sobre sobornos y lavado de dinero denominada “Operación Lava Jato (lavado de autos)”, que se está tornando cada vez más en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia latinoamericana. La fiscalía alega que negocios brasileños cooperaron entre sí para dividirse el proceso de licitación de contratos con la petrolera estatal Petrobras, inflando precios y utilizando el dinero sobrante para sobornar a políticos y funcionarios de la petrolera, y para enriquecerse.

La fiscalía brasileña alega que la oficina de Mossack Fonseca en Brasil ayudó a algunos de los acusados al crear empresas de fachada que eran utilizadas para delinquir. En una conferencia de prensa en enero de 2016, se refirieron a Mossack Fonseca como “un gran blanqueador de dinero” y anunciaron que habían entablado cargos penales contra cinco empleados de la oficina brasileña de Mossack Fonseca, por delitos que abarcan desde lavado de dinero hasta destrucción y ocultamiento de documentos. El bufete niega haber cometido delito alguno en el caso.

Señaló en una declaración que la oficina de Mossack Fonseca en Brasil es una franquicia, y el bufete jurídico, que ejerce solo en Panamá, “está siendo involucrado erróneamente en asuntos de los cuales no es responsable”. El argumento es parecido al que se utilizó en Las Vegas. La acción judicial recientemente resuelta en Las Vegas fue iniciada por una empresa estadounidense, NML Capital, la cual es controlada por el inversionista milmillonario Paul Singer, gerente de un fondo de cobertura (hedge fund) tal vez mejor conocido por sus masivas donaciones al Partido Republicano de Estados Unidos.

Mossack Fonseca no ha sido la parte acusada, pero ha sido objetivo de órdenes judiciales que solicitan información sobre empresas de Nevada que — alega el fondo de cobertura—, habían sido establecidas mediante Mossack Fonseca por parte de Lázaro Báez, un empresario allegado a los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Correos internos obtenidos por el ICIJ demuestran que empleados de Mossack Fonseca en Panamá se apresuraron a ocultar o destruir evidencias del control de MF Nevada por parte del bufete, preocupados de que el juicio condujera a un allanamiento de la sucursal en Nevada. Otra preocupación, demuestran los correos, tenía que ver con que la gerente de la sucursal de MF Nevada pudiese ser obligada a rendir testimonio. En un correo, una funcionaria de Mossack Fonseca dijo que la casa matiz quería que ella “actuara como si fuera una proveedora”, actuando como si fuera una empresa estadounidense independiente que tenía una relación de negocios con Mossack Fonseca, pero sin ningún vínculo de propiedad.

Aunque a los funcionarios de Mossack Fonseca les preocupaba que ella no fuera lo suficientemente astuta como para lograrlo. El gerente de tecnología informática de Mossack Fonseca escribió que al personal de tecnología informática le preocupaba que Amunátegui “no tenga suficiente habilidad como para defenderse en una auditoría básica sin dejar que quedemos en evidencia; ¡¡¡cuidado!!! […] Me preocupa mucho que a la señora Patricia se le olviden cosas y se ponga muy nerviosa. Pienso que en esta situación fácilmente podría quedar claro que estamos ocultando algo”.

El juez magistrado federal Cam Ferenbach rechazó el intento de la casa matriz de distanciarse de MF Nevada. Él notó que el contrato de la gerente de la sucursal fue firmado por los socios del bufete, Mossack y Fonseca, y que ella recibía “todas sus instrucciones” de un empleado de Mossack Fonseca que vive y trabaja en Panamá. “El propio portal web de Mossack Fonseca & Co. anuncia los servicios de M.F. Corporate Services igualmente como los suyos”, escribió el juez. En marzo del 2015 el magistrado dictaminó que Mossack Fonseca y MF Nevada eran la misma entidad.

Colaboradores: Rigoberto Carvajal, Emilia Díaz-Struck, Cecile Schillis-Gallego, Mar Cabra, Mago Torres, y Sol Lauría.


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