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Juicios

Casi 500,000 casos tienen atascadas las cortes de inmigración

Del total de magistrados, 130 están en edad de jubilación lo que podría retrasar todavía más la resolución de los expedientes.
29 Mar 2016 – 3:07 AM EDT

Obdulio Alvarado, un guatemalteco de 52 años que llegó a Estados Unidos en 1985, ha esperado durante una década que un juez resuelva su expediente de solicitud de residencia. "Es muy frustrante, en este tiempo perdí a mi mamá y otros miembros de la familia, y no pude ir a su funeral" asegura este inmigrante, uno de los casi 500,000 que aguardan que la justicia decida sus casos.

El problema no es únicamente el retardo procesal sino el crecimiento alarmante alarmante de expedientes que acumulan polvo en los escritorios de las cortes de inmigración, según denuncia la Asociación Nacional de Jueces Migratorios ( NAIJ, por sus siglas en inglés).

Hace una década había alrededor de 175,000 expedientes atascados en los tribunales de los 230 jueces de inmigración, para agosto del 2014 el número había subido a 375,000 y hoy los afectados superan los 480,000, sin contar a las familias de los inmigrantes que se podrían favorecer de los fallos judiciales.

A mediados de febrero Univision Noticias anticipó el atasco citando un reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su sigla en inglés) de la Universidad Siracusa de Nueva York. El informe reveló que la cantidad de casos esperando turno aumentó a finales de enero a 474,025, la cifra más alta en los últimos 16 años.

Alvarado esperaba obtener su residencia permanente. La cita final estaba programada para el pasado 14 de marzo en la Corte de Inmigración de Los Ángeles, pero fue aplazada hasta enero del 2017 y los sueños de legalizarse este año se esfumaron para este inmigrante guatemalteco.

El tiempo hace estragos

Dana Leigh Marks, presidenta de la NAIJ, conoce de primera mano los daños causados por el retardo judicial. "Estás demoras crean estragos, como en casos legítimos de asilo, los solicitantes pueden esperar durante años, mientras están separados de los cónyuges y niños que pueden estar en gran peligro", dijo a la agencia Efe.

Los años de retraso convierten a los casos en obsoletos y débiles. Marks explica que los jueces deben lidiar con evidencias que han perdido vigencia, testigos que desaparecen, contactos que se pierden y expertos que se cansan de esperar para dar su testimonio.

La frustración no solo es para los inmigrantes, los abogados que los representan también sufren las consecuencias. "Es un caos en la corte de inmigración, casos como el de Alvarado pasan a ser ignorados y considerados menos importantes, y nosotros no podemos hacer nada para ayudarles, sólo decirles que hay que esperar" asegura el abogado de inmigración Fernando Romo.

Actualmente hay 255 jueces de inmigración en todo el país, 19 de ellos están dedicados a labores administrativas, lo que deja a 236 jueces con casi medio millón de casos para atender, algunos tienen más de tres mil expedientes y la agenda del tribunal estaría copada hasta el 2022.


La bomba de tiempo podría estallar cuando los 130 jueces que están en edad de jubilación salgan de sus despachos. Mark asegura que con este retiro masivo los más afectados serán los inmigrantes que perderán la experiencia y conocimiento de años de trabajo de estos jueces.

La solución es tan compleja como el problema mismo. Según Marks, para lograr la aplicación de justicia se necesita que las cortes de inmigración sean independientes, alejadas de las presiones políticas.

Los tribunales pertenecen al Departamento de Justicia, entidad que también alberga a los fiscales del Servicio de Inmigración.

"Un ejemplo de estas preocupaciones políticas que afectan indebidamente nuestras estrategias es la decisión de pasar al frente de la agenda los casos de menores no acompañados" apuntó Mark.

A la independencia se suma la necesidad de recursos económicos, el nombramiento de mayor número de jueces y de personal de oficina que pueda tramitar los casos en un orden justo y eficiente.

Aunque NAIJ ha luchado por cambiar las estructuras, sus propuestas aún no han tenido eco en el Ejecutivo, ni en el Congreso. "El público se sorprende al enterarse de la limitada autoridad que un juez de inmigración realmente tiene" sostuvo Mark.

Mientras el problema no parece tener una solución a la vista, inmigrantes como Alvarado ven sus sueños y estabilidad posponerse por meses y años. "Desafortunadamente, nuestros tribunales están demostrando como cierto el dicho que dice que la justicia retrasada es justicia denegada", concluyó Mark.

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