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Redadas

“Hay muchas redadas, agarran a la gente que trabaja”: sin papeles y con Trump, estos latinos vuelven a las sombras

Muchas familias de indocumentados de Carolina del Norte son más pobres desde que arreciaron las redadas de migración en febrero: las altas fianzas, los gastos legales y la separación quiebran la precaria economía que han logrado levantar durante décadas.
1 Mar 2019 – 4:16 PM EST

DURHAM, Carolina del Norte.- Rafael (*) es hondureño y vive y trabaja sin documentos en Carolina del Norte desde hace 11 años. Los agentes de migración lo detuvieron por primera vez hace dos semanas y lo dejaron más pobre y endeudado que cuando salió a los 18 años y sin un peso de su pueblo en Olancho y llegó a Estados Unidos.

“El dinero de la fianza todavía lo debo”, dice Rafael, con el rostro y las manos manchadas de blanco, de pintar casas todo el día.

Un agente de ICE lo detuvo el jueves 7 de febrero en el estacionamiento de su casa, en la ciudad de Durham, a las 6:00 de la mañana, justo cuando iba al trabajo. El agente le habló en español, Rafael cree que era puertorriqueño.

“Nunca hasta ahorita me había pasado una cosa así. No me imaginaba que podía ser agente de migración porque andaba en una camioneta negra, toda tapada. Él estaba vestido como de policía detective y me presentó una chapa de ICE”, recuerda.


Entre el miércoles 6 y el viernes 8 de febrero, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejecutaron un operativo especial de redadas en Durham, el condado de Rafael, y otros seis condados de Carolina del Norte que no colaboran con la política del gobierno federal para la detención de migrantes conocida como 287(g).

Hasta el momento, no hay información oficial disponible sobre cuántos de ellos eran indocumentados y cuántos fueron deportados.

Los arrestos de indocumentados eran comunes en Carolina del Norte, especialmente durante el mandato de Barack Obama, que deportó a más migrantes que ningún otro presidente y que también utilizó a las policías locales para detenerlos con el programa “comunidades seguras”.



Pero hasta ahora Rafael pensaba que ICE solo perseguía a migrantes con antecedentes penales, con nombre y apellido; y él se había esmerado pagando sus impuestos, sus servicios y mantener al día su licencia de conducir para que a él no le ocurriera algo así.

“(El agente) no sabía nada de mí. No me estaba esperando a mí. Él solo me miró hispano se acercó y me dijo que si tenía papeles nomás. Me dijo que pusiera las manos para arriba y luego las manos hacia atrás. Luego me puso las chachas (las esposas) bien apretadas y me subió a un carro”, cuenta Rafael.

Dieron vueltas por la ciudad durante varias horas hasta que lo subieron a una camioneta van y de allí a un autobús hasta dejarlo el viernes por la tarde en el centro de detención de Stuart, en Georgia, a unas dos horas y media de Atlanta. Con él viajaban unos 80 hombres, la mayoría inmigrantes hispanos que también trabajan en servicios y en la construcción.

“Muchas cosas han cambiado desde que Trump es presidente, muchas redadas, agarrando a la gente que trabaja”.

El director de la oficina de ICE en el distrito que cubre Carolina del Norte, Sean Gallagher, describió este operativo como la “nueva normalidad” que reinará de ahora en adelante en el país: ICE actuará con más fuerza justamente en los condados “santuario”, aquellos donde la policía local se niega a aplicar la política 287(g), que les da potestad para detener y procesar a indocumentados en sus celdas, aunque no hayan cometido delito, como si fueran agentes de migración.´

En esos condados el terror de las redadas ha empujado de nuevo a la comunidad sin documentos a las sombras y a la vez, empieza a quebrar la frágil economía que muchas de estas familias levantaron con décadas de trabajo.

El día que lo detuvieron, un juez de migración le impuso a Rafael una fianza de 15,000 dólares para dejarlo salir. Como lleva más de una década en el país, él tiene derecho a presentarse frente a un juez para tratar de evitar su deportación y a pagar el monto fijado para esperar la cita de la corte en libertad.

Había mucha gente que se la daban de 10,000, 5,000 dólares. Solo a mí me pusieron una fianza así de alta. No me dieron la oportunidad de explicar mi situación”.

Rafael trabaja 160 horas por mes y le pagan 10 dólares por hora. Gana menos de 20,000 dólares al año, está casado y tiene un hijo recién nacido y hospitalizado. La fianza que le fijó el juez equivale a su sueldo íntegro de diez meses. Su familia tomó dinero prestado entre parientes y conocidos y lograron pagar la fianza cuando Rafael llevaba una semana detenido.

El viernes 15 de febrero salió libre. Sus acreedores ya la están cobrando, no tiene cómo pagarles y teme que vuelvan a detenerlo.

“Imagínese, he sabido portarme bien en este país para estar limpio con la ley, y ahora da temor, porque imagínese mi hijo también y mi mujer, ellos dependen de mí...da mucho temor”, dice, en la cocina de su casa.

El miedo a ser detenidos en cualquier esquina llevó a muchos indocumentados a encerrarse durante semanas.

Fueron días donde la gente no salía de su casa. Y eso quiere decir que no compraban gasolina, no trabajaban y esto obviamente afecta la comunidad y la economía en general, afecta la vida de la ciudad y de las ciudades donde estuvo pasando esto”, dice el pastor Édgar Vásquez, de la iglesia metodista unida.

La conferencia a la que pertenece el pastor Vásquez comprende 800 iglesias ubicadas entre el centro y la costa de Carolina del Norte, que atienden a pequeñas comunidades hispanas, minoritarias. Él ha visto escalar la tensión dentro de la misma iglesia desde la campaña presidencial de 2015: en esa época, por ejemplo, algunos feligreses anglosajones comenzaron a oponerse a los cursos de ciudadanía y de inglés que se ofrecían para migrantes, al punto que abandonaron la iglesia, convencidos de que era ilegal.

“Una vez que el presidente actual ganó la elección, la tensión en la comunidad se convirtió en crisis, en conflicto, porque el presidente actual desde los primeros días firmó órdenes ejecutivas que cambiaron la manera como se ejercen las leyes migratorias”, señala Vásquez.

Cuatro días después de tomar posesión como presidente, Donald Trump firmó la orden ejecutiva sobre la cual se basan las actuales operaciones de ICE para la detención de migrantes indocumentados.

“En esa nueva normalidad no hay descanso para nuestra comunidad hispano-latina que está siendo perseguida y oprimida desde los altos niveles del gobierno, considero yo, con fines políticos. Ahora no solo es visible sino agresiva la manera en la cual están ejerciendo las leyes de migración. Es muy desafortunado que así sea, porque hay niños ahorita llorando sin papás o sin mamá”.

Desde 2017 la iglesia realiza eventos donde preparan a los migrantes indocumentados para la separación de sus familias: les enseñan qué hacer si los detienen, cómo redactar poderes legales para ceder desde la custodia de sus bienes hasta la custodia de sus hijos. Y a decenas de organizaciones civiles y religiosas haciendo lo mismo en todo el estado para informar a la comunidad y echarle una mano con asesoría legal o financiamiento si fuera necesario.

“Una madre de familia que se acercó a mí en un evento de esos y con lágrimas en los ojos me pedía que le firmara los poderes notariales y le ayudara en la transición en que caso de ella y su esposo fueran detenidos y deportados porque no tenían a nadie a quien dejarle sus hijos, confiarle sus carros, sus cuentas de banco”, cuenta el pastor y agrega: “Ella representa a muchas familias de la comunidad que están en esa situación, aislados y en ese aislamiento, los retos que ellos enfrentan como inmigrantes se agravan”.

* Rafael es un pseudónimo, el personaje de este historia pidió expresamente no revelar su nombre por temor a ser identificado y detenido por las autoridades migratorias.


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