Gobierno confirma fin del Título 42 en la frontera sur, pero advierte que seguirá deportando después del 21 de diciembre
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó el fin del Título 42, pero advirtió que a partir del 21 de diciembre seguirá “deportando aceleradamente” a extranjeros indocumentados que llegan a la frontera sin documentos o “carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos”.
El Título 42, una vieja política que data de 1942, fue activada el 20 de marzo de 2020 como parte de las medidas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para evitar el ingreso de migrantes infectados de coronavirus, pero que ha permanecido vigente a pesar de la suavización de las restricciones de viaje o migración a nivel global.
La regla, sin embargo, también sirvió al gobierno anterior para deportar de manera expedita a indocumentados hallados en la frontera como parte de la política migratoria de 'tolerancia cero' y con ello controlar la crisis que se vive en el sur del país.
Si bien tras la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 prometió eliminar la regla, el DHS la ha mantenido vigente bajo los mismos objetivos del gobierno anterior, situación que derivó en una demanda entablada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
El pasado 16 de noviembre y tras una petición por parte del gobierno, un juez federal del Distrito de Columbia (DC) fijó la fecha del 21 de diciembre como plazo máximo para la eliminación de la vieja política de seguridad sanitaria por considerarla “caprichosa” y “arbitraria”, además de haber violado la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Los temores del gobierno
De acuerdo con un comunicado emitido el martes por el DHS atribuido al secretario Alejandro Mayorkas, “la inestabilidad económica y política en todo el mundo está alimentando niveles más altos de migración desde la Segunda Guerra Mundial, incluso en todo el hemisferio occidental”.
Según el funcionario, “el aumento de la migración mundial está poniendo a prueba los sistemas de muchas naciones, incluido el nuestro”, presagio de una probable explosión de casos de asilo en la frontera con México a partir del 21 de diciembre.
A finales de noviembre fuentes del DHS advirtieron que, de acuerdo con cálculos hechos por funcionarios del departamento, se estima que podrían registrarse unos 14,000 casos diarios de asilo en la frontera sur y la dependencia no cuenta con la capacidad de respuesta necesaria para atender la crisis que se avecina.
Anticipándose a este nuevo escenario, Mayorkas dijo que “la orden de salud pública del Título 42 permanece vigente hasta el 20 de diciembre de 2022 y, hasta entonces, el DHS continuará expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste bajo esa autoridad”.
A partir del 21
Pero al ser eliminado el Título 42, “el DHS procesará a las personas que se encuentren en la frontera sin los documentos de viaje adecuados utilizando sus antiguas autoridades del Título 8, que prevén consecuencias significativas, incluida la prohibición de reingreso a las personas a las que se les expulsa durante cinco años”, advirtió Mayorkas.
El funcionario dijo además que “estas consecuencias incluyen colocar a las personas en expulsión acelerada, lo que permite al DHS repatriar rápidamente a las personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”.
A comienzos de mayo, cuando el gobierno se preparaba para dejar sin efecto el Título 42 y cumplir una de las principales promesas de campaña del presidente Joe Biden, Mayorkas aseguró a medios locales y ante una comisión del Congreso que el gobierno se estaba preparando para recibir hasta 18,000 migrantes diarios, unos 4,000 menos que las estimaciones hechas a finales de noviembre.
“Lo que hacemos es prepararnos y planificar, y lo hemos estado haciendo durante meses, entendiendo que la autoridad del Título 42 no va a existir para siempre porque, francamente, queremos conquistar la pandemia y dejarla atrás", dijo el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos.
El funcionario también reconoció en esa ocasión que “no cabe duda de que (si) llegamos a esa cifra (18,000 migrantes diarios), será una presión extraordinaria para nuestro sistema".
El Título 8
Las deportaciones bajo el Título 8 mencionadas por Mayorkas en el comunicado no es algo nuevo. Se trata de la implementación de leyes vigentes que afectan la inmigración y naturalización, y que siguieron activas a pesar de la pandemia del coronavirus y la implementación del Título 42.
La Ley de Inmigración, codificada bajo el Título 8, constituye la base del derecho de inmigración Estados Unidos, explica un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York. Y explica que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica EEUU para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.
Y no solo permite deportar a personas que no tienen una causa probable de asilo. La lista de deportables incluye, entre otros:
- Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a EEUU sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad;
- Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración;
- Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo;
- Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos;
- Personas que han cometido delitos de bajeza moral;
- Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de admisión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más;
- Personas que tengan múltiples condenas penales.
Advertencia a los coyotes
El gobierno también advirtió que no dará tregua a los coyotes (traficantes de personas) tras el retiro del Título 42. “Sabemos que los traficantes difundirán información errónea para aprovecharse de los migrantes vulnerables”, indicó. “Permítanme ser claro: Título 42 o no, aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados”, insistió.
“Desde el lanzamiento del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste en febrero, el DHS ha liderado un plan de todo el gobierno para prepararse y gestionar el aumento de encuentros de no ciudadanos en nuestra frontera suroeste. Gracias a la planificación y ejecución prudentes, y al talento y la dedicación inquebrantable de la fuerza laboral del DHS y nuestros socios, hemos mantenido procesos seguros, ordenados y humanos que gestionan más del doble de personas de las que fueron creados, al tiempo que garantizamos la seguridad nacional y seguridad pública”, apuntó.
Pero Mayorkas insistió en que, por si solo, el gobierno no tiene los recursos necesarios para seguir enfrentando la crisis migratoria que se vive en la frontera con México. “A pesar de nuestros esfuerzos, nuestro sistema de inmigración obsoleto está bajo presión. En ausencia de una acción del Congreso para reformar los sistemas de inmigración y asilo, un aumento significativo en los encuentros con migrantes pondrá a prueba nuestro sistema aún más. Abordar este desafío requerirá tiempo y recursos adicionales, y para hacerlo necesitamos la colaboración del Congreso, los funcionarios estatales y locales, las ONGs y las comunidades”.
Por último, el secretario del DHS dijo que “el gobierno se compromete a buscar todas las vías dentro de nuestra autoridad para asegurar nuestras fronteras, hacer cumplir nuestras leyes y permanecer fieles a nuestros valores a medida que construimos procesos seguros, ordenados y humanos. Pero una solución real solo puede provenir de una legislación que traiga una reforma largamente esperada y muy necesaria a un sistema fundamentalmente roto”.
