'Alligator Alcatraz': alcaldesa de Miami-Dade es criticada por su "inacción" contra el centro de detención de inmigrantes

El centro de detención de inmigrantes conocido como ' Alligator Alcatraz', en el corazón de los Everglades, se ha convertido en un emblema de las políticas de deportación de inmigrantes de la administración Trump. La instalación, un grupo de carpas en una pista de aterrizaje para entrenamientos, ha sido objeto de numerosos señalamientos por violaciones de derechos humanos, problemas de salud pública y potenciales daños ambientales. Y en el medio del debate, la alcaldesa del condado Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, es acusada por activistas que consideran que no ha sido suficientemente firme para frenar el uso de esos terrenos bajo su jurisdicción.

Se calcula que el campamento actualmente puede albergar a unas 1,000 personas y que, de acuerdo con datos obtenidos por The Miami Herald, para mediados de julio tenía más de 700 detenidos viviendo en carpas, un tercio de ellos personas sin récord criminal o cargos pendientes ante la justicia.

Según activistas y abogados de algunos detenidos, las instalaciones son propensas a inundaciones, tienen condiciones insalubres, e incluso ha habido señalamientos de aguas residuales desbordadas que inundan las "jaulas". Además, se han reportado problemas de control de temperatura, exposición constante a la luz y denegación de atención médica a los detenidos.

' Alligator Alcatraz' está emplazado en el medio de los pantanos de los Everglades. Específicamente, en la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier (TNT), en Ochopee, un área no incorporada del condado de Collier, Florida, y bajo administración del condado de Miami-Dade.

Miami-Dade en el centro del debate sobre 'Alligator Alcatraz'

Los terrenos sobre los que se instaló el centro de detención de inmigrantes han hecho que la alcaldesa de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, sea criticada por muchos activistas que la acusan de no estar tomando acciones firmes contra el uso de la tierra, tomada por la gobernación de Florida.

Existen varias demandas contra 'Alligator Alcatraz': una presentada por congresistas estatales debido a la "denegación de inspecciones" autorizadas al centro; otra de grupos ambientalistas por la falta de consideración del impacto ambiental, y una de varias organizaciones, entre ellas ACLU (American Civil Liberties Union), enfocada en que los abogados puedan tener contacto razonable con sus clientes detenidos.

"Es una atrocidad en nuestra comunidad. El concepto es moralmente repugnante porque imita los campos de concentración que han dejado recuerdos muy negativos en la historia de nuestro país... Y las condiciones en las que se detiene a las personas plantean importantes preocupaciones médicas", afirmó en un comunicado Tessa Petit, codirectora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

La organización, citando un estudio de Salud Pública de Yale, indicó que la zona del emplazamiento está " infestada con más de siete mil millones de mosquitos", muchos de los cuales son portadores de virus.

Decenas de organizaciones de Florida y del país piden el cierre de la instalación. "El campamento de detención de inmigrantes en Miami no es solo un fracaso político, sino un flagrante atentado contra los derechos humanos en un país que ya no respeta las protecciones constitucionales", declaró Armen Henderson, director ejecutivo de Dade County Street Response (DCSR), una ONG que atiende a comunidades marginadas del condado. "Es una crisis de salud pública que se desarrolla en nuestro patio trasero".

La alcaldesa Levine Cava bajo fuego cruzado

La alcaldesa Levine Cava ha sido instada por múltiples organizaciones a tomar medidas legales para detener las operaciones de 'Alligator Alcatraz'. Sin embargo, su oficina ha dado a entender que carece de poder, según dijeron a Univision Noticias activistas que han intentado que Miami-Dade actúe para detener o moderar la operación.

"Ha sido frustrante, porque la alcaldesa mantiene que ella no tiene ningún tipo de autoridad para tomar como acción concreta", dijo a Univision Noticias Thomas Kennedy, vocero de FLIC.

La alcaldesa solicitó visitar la instalación y obtener informes semanales antes del 28 de julio de 2025, pero la respuesta oficial no llegó. “Como propietario legal de este sitio, el condado tiene derecho a realizar inspecciones y supervisar cualquier operación en curso, incluidas las iniciadas bajo declaraciones de emergencia”, escribió Levine Cava.

FLIC y otras organizaciones aliadas han presionado a Levine Cava para que el condado de Miami-Dade demande por el terreno al gobernador Ron DeSantis, un republicano de línea dura contra la inmigración. Kennedy explicó que la demanda propuesta no se basaría en cuestiones de inmigración o las condiciones del sitio, sino en el uso de la tierra: "Sería básicamente lo que se llama en inglés a land use lawsuit (demanda por uso de terrenos), porque el condado no ha obtenido ningún tipo de renumeración o pago por el uso del sitio".

Los activistas también piden que la alcaldesa retire un adendum de transporte del acuerdo 287(g) con ICE, un plan que permite a policías estatales y locales colaborar con la agencia para detener y transportar a personas indocumentadas. Kennedy enfatizó que "ella no tiene ningún tipo de requerimiento legal para firmar el tratado de transporte", y que podría tomar una posición política más fuerte.

A pesar de que la alcaldesa Levine Cava emitió una serie de cartas, la última considerada como la más agresiva en pos de obtener acceso a las instalaciones, Kennedy calificó las acciones de "insuficientes".

Univision Noticias contactó a la oficina de Daniella Levine Cava, pero al cierre de esta nota no había concretado respuestas a las distintas consultas que se le plantearon.

'Alligator Alcatraz': un centro de detención de inmigrantes único y complicado

El centro 'Alligator Alcatraz' tiene una extensión de unos 39 acres y se sitúa dentro de la Reserva Natural Big Cypress, zona de importancia para los Miccosukee, pobladores originarios del área. La zona, aledaña al Parque Nacional de los Everglades, es propensa a inundaciones y está expuesta al paso de huracanes.

El centro tiene una situación que muchos consideran irregular: es una instalación de detención de inmigrantes administrada por el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) y no por el gobierno federal. El estado de Florida utiliza contratistas privados para los servicios internos, una compañía bajo el nombre CRS.

No está claro cuál es el rol del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la operación del centro. Univision Noticias contactó a DHS, que confirmó que el centro de detención está bajo operación de FDEM, aunque no detalló cuál es el rol del Departamento.

El gobernador DeSantis está utilizando una "declaración de emergencia" para tener el control del sitio, citando la Orden Ejecutiva 23-03 del estado de Florida, firmada en enero de 2023, alegando una crisis fronteriza.

Pero l os críticos señalan que ahora no hay ninguna emergencia que justifique usar esa orden; que la declaración no ha sido auditada, y que las cifras de cruces fronterizos están en números históricamente bajos. Algunos asesores legales de las organizaciones que buscan que Levine Cava tome acción legal han identificado "vulnerabilidades" en este decreto usado por DeSantis, y consideran que el gobernador está abusando de su autoridad.

"Nosotros esperamos de ella muestre el mismo liderazgo que tuvo cuando fue el cierre del centro de detención de niños en Homestead (al sur de Miami). Nosotros recordamos que Daniella Levine Cava junto con congresistas, tomaron el liderazgo y estuvieron ahí con nosotros, los activistas", indicó a Univision Noticias María Bilbao, portavoz de la organización American Friend Service Committee en Florida, en referencia al centro de detención de menores no acompañados que estaba en el sur del condado y que fue cerrado en 2019.

"También quisiéramos que ella tenga visitas no anunciadas al centro", expresó Bilbao, lo que serviría para evaluar las condiciones de los detenidos.

El problema de un plan de evacuación de huracanes

Otra de las preocupaciones en torno a 'Alligator Alcatraz' es la aparente falta de un plan de huracanes y posibles desastres, uno de los puntos que Levine Cava ha planteado en sus cartas a las autoridades federales.

La FDEM tiene una versión de borrador fuertemente censurada del supuesto plan de evacuación, que fue publicada días atrás por el periódico Miami Herald. De las 33 páginas del documento, apenas se ven algunas palabras, ya que el plan publicado por el diario muestra casi todas las páginas tapadas con color negro.

El gobernador y el director de FDEM, Kevin Guthrie, han afirmado que las estructuras del sitio "están equipadas para soportar vientos de un huracán categoría 2" y que las personas en el sitio tendrían que ser evacuadas si se esperaran vientos más intensos.

Kennedy reafirmó esta preocupación, señalando que "nadie ha visto el plan de huracán específico". La responsabilidad de la evacuación recaería en la FDEM, pero la falta de un plan claro podría resultar en un riesgo para los detenidos y el personal.

El gobierno federal no responde a Levine Cava

Activistas y defensores legales de inmigrantes han señalado a Univision Noticias que consideran que el sitio no tendría autoridad legal para operar como centro de inmigración por ser 'cuasi-estatal'. También denuncian que hay personas que están detenidas por más de 14 días, lo que podría violar el habeas corpus.

Ante lo que consideran la "inacción" de la alcaldesa Levine Cava, algunos ponen como ejemplo al alcalde Jerry Demings del condado Orange, que comprende la ciudad de Orlando, en el centro de Florida,

Tras intentar rechazarlo, Demings firmó "bajo protesta y extrema presión" un acuerdo con ICE para permitir ese transporte de detenidos inmigrantes, luego de que el fiscal general de Florida amenazara con destituirlo a él y a los comisionados si no lo hacían.

“Sí, firmamos esa maldita ley porque realmente teníamos que hacerlo. Nos pusieron en una situación difícil”, dijo Demings durante una conferencia de prensa la tarde del 1 de agosto en Orlando.

Aunque la ley estatal no obliga a las ciudades a firmar este tipo de convenios, los críticos denuncian cómo el estado de Florida está presionando a los gobiernos locales para cumplir con ICE y la represiva política migratoria del presidente Trump.

Levine Cava ha solicitado formalmente al FDEM una visita a la instalación, un informe completo y actualizaciones semanales. Sin embargo, su oficina no ha recibido respuesta, y no ha entrado al centro por el momento.