ACLU presenta demanda contra la política que convierte a Guatemala, El Salvador y Honduras en 'tercer país seguro'
Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), presentaron este miércoles una demanda federal contra la política de la administración de Donald Trump que en la práctica convierte a Guatemala, El Salvador y Honduras en "tercer país seguro".
La demanda, que fue presentada este miércoles en una corte del Distrito de Columbia, cuenta con el apoyo del National Immigrant Justice Center y de la organización Center for Gender & Refugee Studies y Human Rights First, y pretende evitar el envío de personas que solicitan asilo en EEUU a esas naciones centroamericanas que no tienen las condiciones para recibirlos.
Los demandantes son seis solicitantes de asilo que huyeron a EEUU y fueron enviados a Guatemala, además de dos organizaciones proinmigrantes.
Las organizaciones de derechos humanos que la presentaron piden que los acuerdos de cooperación migratoria con los países centroamericanos sean declarados ilegales y que el juez federal impida que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional implementen las nuevas normas.
Hasta ahora, el gobierno siempre ha defendido la legalidad de los acuerdos, una de las medidas tomadas en los últimos meses por la administración de Donald Trump para frenar la migración de indocumentados, alegando que se trata de convenios entre países.
La política que permite el envío de solicitantes de asilo a Guatemala, El Salvador y Honduras se implementó después de que el gobierno llegara a acuerdos con esos tres países, en ocasiones bajo amenazas de imponer aranceles o retirar ayuda si no lo hacían.
En el caso de Guatemala, EEUU ya ha comenzado a enviar a solicitantes de asilo, mientras que está previsto que Honduras comience a hacerlo a finales de este mes o principios del próximo, según reportes de medios.
"Un juego de las sillas mortal"
En su demanda, las organizaciones de derechos humanos alegan que esta política bloquea el derecho de los ciudadanos a recibir asilo en EEUU y, en su lugar, los envía a "países con una violencia endémica, inseguridad y sistemas de asilo mal preparados".
"La administración Trump ha creado un juego de las sillas mortal que deja sin un lugar seguro a refugiados desesperados en violación de las leyes de EEUU e internacionales", dijo Katrina Eiland, abogada del proyecto de ACLU de Derechos de Inmigrantes, en un comunicado. "El gobierno está negando el derecho a solicitar asilo de manera ilegal y pasando la pelota a países que no los pueden proteger".
Por su parte, Ruben Loyo, abogado litigante del National Immigrant Justice Center, aseguró que estas políticas han "pervertido la aplicación de la etiqueta de 'tercer país seguro' al cerrar la puerta a individuos que huyen de condiciones que ponen en riesgo su vida y enviarlos a países que no les pueden garantizar su seguridad".
"Los casos de los demandantes ilustran la crueldad de los ataques de la administración Trump al sistema de asilo y lo lejos que nos hemos ido de nuestros valores como país", afirmó. "En su lugar, los demandatantes no tienen otra alternativa que regresar a sus países de origen donde están expuestos a daños y desplazamiento".
Los demandantes
Entre los demandantes están U.T., un hombre homosexual que huyó de El Salvador tras recibir amenazas de la pandilla MS-13 y que, en su camino a EEUU, también fue atacado en Guatemala por su orientación sexual.
Sin embargo, cuando llegó a EEUU, las autoridades le dijeron que le enviarían a Guatemala como parte del acuerdo que tiene con esa nación centroamericana y donde el demandante teme ser objeto de ataques homófobos.
Otra de las demandantes es M.H., una madre hondureña que huyó a EEUU con su hija pequeña después de ser amenazada y de que dos de sus familiares, que trabajaban en el transporte, fueran extorsionados y asesinados por pandillas.
Además, el centro proinmigrante 'Las Americas', con sede en El Paso (Texas) y el Tahirih Justice Center, que asiste a mujeres y niñas que huyen de la violencia, también se presentaron como demandantes.
"La administración Trump quiere devolver a los perseguidos a sus perseguidores en lugar de permitir que estas personas vulnerables pidan asilo en nuestro país, la tierra de los inmigrantes", lamentó Hardy Vieux, vicepresidenta de Human Rights First. "Estamos llevando a la administración a los tribunales porque, política aparte, la ley todavía se debe a la justicia en nuestro país".
Entre los acusados en la demanda están el fiscal general William Barr y funcionarios de los Departmentos de Justicia y Seguridad Nacional.