Tribunal federal ordena al gobierno de Trump que el conteo del censo continúe hasta el 31 de octubre
Un tribunal federal ordenó a la Administración Trump que prescinda de las modificaciones de última hora en el calendario del Censo de 2020 y que se cumpla el plazo para el recuento hasta octubre, tal y como estaba previsto originalmente.
La orden preliminar emitida la noche de este jueves por la jueza del Distrito Norte de California, Lucy Koh, requiere que la Oficina del Censo siga intentando contar a los residentes del país hasta el 31 de octubre.
El fallo responde a una demanda presentada por una coalición nacional de gobiernos locales y organizaciones de derechos civiles sobre la decisión de la administración Trump el mes pasado de comprimir ocho meses y medio de recopilación y procesamiento de datos en solo cuatro meses y medio.
El director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, anunció en julio que el secretario de Comercio Wilbur Ross, que supervisa la oficina, le había ordenado que acelerara todos los esfuerzos de conteo para terminar el 30 de septiembre, un mes antes de lo que la oficina había planeado, con el fin de entregar el primer conjunto de resultados al presidente Trump, como lo exige la ley federal, para finales de este año.
El Congreso aún no ha aprobado ninguna ley para ampliar los plazos de presentación de informes del censo, aunque un grupo bipartidista de senadores presentó recientemente un proyecto de ley con extensiones.
Los abogados del Departamento de Justicia han tratado de presentar la aceleración del conteo como una forma de que la Oficina del Censo cumpla con el plazo legal del 31 de diciembre para reportar los resultados, en vista de que el Congreso no le da más tiempo a la Oficina.
Lo esencial del fallo
Koh señaló en su fallo, que cita múltiples correos electrónicos internos y otros documentos oficiales, que la explicación del gobierno sobre el recorte de los plazos del censo "va en contra de los hechos".
"Esos hechos muestran no solo que la Oficina (del Censo) no pudo cumplir el plazo legal, sino también que la Oficina había recibido presión del Departamento de Comercio para que dejara de buscar una prórroga del plazo", afirmó la jueza en el fallo citado en la NPR.
Koh encontró que el calendario recortado por el gobierno probablemente producirá números inexactos sobre grupos históricamente no contados, incluyendo gente de color e inmigrantes. Eso, a su vez, dañaría el propósito constitucional del conteo: redistribuir los escaños de la Cámara de Representantes entre los estados en base a sus últimas poblaciones.
El juez también determinó que los demandantes tienen, en última instancia, probabilidades de tener éxito en sus exigencias argumentando que la decisión de la administración fue arbitraria y caprichosa.
El fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, valoró el fallo como "una gran victoria en nuestra lucha por un recuento exacto del Censo, que es crucial para una representación política justa y la asignación adecuada de los recursos federales esenciales".
"La corte vio los esfuerzos de la Administración Trump para camuflar su interferencia política en lo que se supone, debe ser un proceso neutral y no partidista para contar a cada persona. Ahora, con poco tiempo que perder y tanto en juego, insto a todos a que se tomen los pocos momentos necesarios para ser incluidos en el censo", subrayó Feuer en un comunicado.
La coalición de demandantes incluye las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Salinas y San José, junto con el condado de Harris, Texas; el condado de King, Washington, la Nación Navajo, la Comunidad Indígena del Río Gila, la Alianza Negra para una Inmigración Justa, la Liga Urbana Nacional, la NAACP, la Liga de Mujeres Votantes y los comisionados de los tribunales del condado de Harris, Rodney Ellis y Adrián García.
Otra vez vuelve el tema de la pregunta sobre ciudadanía
Se espera que el Departamento de Justicia apele la orden, lo que complicará aún más lo que podrían ser los últimos días de conteo para el censo de este año.
Justo el pasado martes, el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que resuelva rápidamente otra disputa relacionada con el censo y la ciudadanía, esta vez sobre si las personas que viven en el país ilegalmente deben ser incluidas en el conteo.
El año pasado, la Corte echó abajo los esfuerzos del gobierno por introducir en el censo una pregunta adicional sobre ciudadanía. El presidente del máximo tribunal, magistrado John Roberts, se unió a los cuatro jueces más liberales que denegaron la petición.
El procurador general interino, Jeffrey Wall, apeló este martes ante la Corte Suprema una decisión de un tribunal de distrito de tres jueces en Nueva York que impedía al Departamento de Comercio proporcionar al presidente información sobre el número de personas que están ilegalmente en Estados Unidos. Wall pidió a los jueces que se movieran rápidamente y programaran el caso para el argumento oral en diciembre, cuando se supone que ya haya un sustituto para ocupar la vacante de la fallecida jueza Ruth Bader Ginsberg.
