Mexicana sobrevivió al balazo en la cabeza que le dio un agente fronterizo y ahora exige una compensación

Marisol García Alcántara, una mexicana que sobrevivió a un disparo en la cabeza de un oficial fronterizo en junio presentó por medio de su abogado un reclamo legal contra el gobierno de Estados Unidos, en el cual pide una indemnización por los daños que le dejó el incidente.

Esta mujer fue deportada a México después de someterse a una cirugía para extraerle los restos de la bala alojados en su cráneo y permanecer 22 días en un centro de detención para inmigrantes. Ahora, en su domicilio en el Estado de México, ella padece varias dolencias por la herida que casi le quita la vida, afirmó su abogado Eugene Iredale en una entrevista con Univision Noticias.

“Le está causando daños físicos y problemas hasta este día: falta de memoria y problemas para recordar varias palabras de vez en cuando, dolores de cabezas muy fuertes, falta de habilidad para trabajar por su condición física y una posibilidad de que padezca ataques epilépticos en el futuro”, dijo Iredale.

El reclamo legal presentado recientemente en una corte de Tucson, Arizona, es el primer paso en el proceso de entablar una demanda civil federal. Iredale señaló que esperan que el gobierno deje que este asunto escale a una corte tratando de evitar el pago de una compensación.

De acuerdo con esta queja, entre las 5:00 pm y 5:10 pm del 16 de junio, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su pistola de servicio calibre 9 milímetros hacia el interior de una camioneta SUV Kia de color blanco, que transportaba a varios indocumentados en Nogales, Arizona. El tiro impactó el lado izquierdo frontal de la cabeza de Marisol García, quien dice haber sentido un dolor de cabeza y luego su vista se nubló. Los primeros que la atendieron fueron agentes fronterizos, según un reporte policial.

Paramédicos la transportaron al hospital Holy Cross de Nogales y por la noche al centro médico St. Joseph’s de Tucson, donde la operaron para extraerle los restos del proyectil y un pedazo de cráneo. Permaneció tres días en recuperación, mientras seguía bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. “Estuvo en detención 22 días y la deportaron”, contó Iredale.

Tres horas después del tiroteo, John R. Modlin, titular del sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, se limitó a informar en su cuenta de Twitter que había ocurrido un incidente en el que un agente accionó su arma de servicio y dejó a una persona herida. Indicó que el hecho era investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Responsabilidad Profesional de Patrulla Fronteriza (CBP).

Pero seis meses después de la balacera se desconocen los resultados de las indagatorias.

En un comunicado enviado a esta redacción, la CBP explicó que una política le impide comentar sobre litigios pendientes o en curso. Lo que sí enfatizó es que la dependencia “cuenta con sólidas medidas de responsabilidad para revisar rápidamente todos los incidentes de uso de la fuerza en cooperación estrecha con otras agencias locales, estatales y federales con interés en la investigación”.

Iredale dijo que el reclamo legal busca saber qué ha pasado con ese procedimiento. “Nosotros no sabemos el resultado de la investigación del tiroteo. Supuestamente fue investigado por el FBI, pero no tenemos ninguna información y ella (su clienta) está haciendo su propia demanda para tener el resultado de la investigación y pedir una compensación por sus heridas y daños”, mencionó el abogado, quien no reveló cuánto dinero en compensación se pide en este caso.

El incidente de Marisol García reveló la existencia de un grupo de investigación de la Patrulla Fronteriza llamado Critical Incident Unit o CIT (Unidad de Incidentes Críticos). Fue mencionada por primera vez en el reporte que redactó la Policía de Nogales después de acudir a la escena del tiroteo, informó ABC15.

Ese informe policial indica que la inmigrante “tenía una herida en el área de su ojo izquierdo”.

Iredale advirtió que la unidad CIT es parte del equipo que ofrecería una conclusión sobre este incidente. “No tenemos confianza en su objetividad, ni en su buena fe. El CIT no tiene base legal para existir, ni derecho legal para estar en una investigación”, indicó.

Las autoridades abrieron una investigación enfocada en un menor de edad que manejaba la camioneta en la que viajaban Marisol García y otras dos mujeres. Se desconoce si el proceso sigue en curso.