Familia hispana de Utah logra acuerdo económico luego de violento allanamiento de su hogar sin una orden judicial

Una familia hispana de Utah ha llegado a un acuerdo económico con las autoridades después de que su vivienda fuera allanada sin una orden judicial y fueran blanco de golpes, descargas con pistolas táser y un arresto.

Los hechos ocurridos en agosto de 2018 habían generado una disputa legal que duró dos años y que los demandantes calificaron como discriminación y odio a la comunidad hispana.

"El estado de Utah acordó pagar a los demandantes la suma de 137,500 dólares en nombre de los demandados, además el Departamento Correccional de Utah acordó, como parte de su capacitación anual, proporcionar más entrenamiento a los oficiales de la división de libertad condicional y periodo de pruebas", señaló en un comunicado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

María García y su esposo Munir Yáñez arribaron a Utah hace 21 años. La pareja, procedente de México, se radicó en el área de Rose Park, en Salt Lake City, donde nacieron tres de sus cuatro hijos.

"Vinimos a buscar un mejor futuro para nuestra familia. Somos gente trabajadora, que nunca hemos tenido problemas. Vinimos a progresar y no a ser atacados por nuestras autoridades", indicó García.

Un allanamieto sin permiso judicial

En agosto de 2018, autoridades pertenecientes a la división de Libertad Condicional y Libertad Condicional para adultos de Utah (AP&P) llegaron a su vivienda buscando al hijo de los demandantes, pero según Yáñez, en dos ocasiones pasadas les había indicado que su hijo no vivía con ellos.

En un video grabado por un miembro de la familia y compartido por ACLU de Utah, se puede ver cuando los uniformados dicen que necesitan entrar a la residencia, mientras que Yáñez les pide una orden judicial.

"No necesitamos en este caso una orden para entrar", se escucha gritar a uno de los agentes, mientras entra a la vivienda con un escudo que lo protege.

Minutos después, los agentes esposaron a García y electrocutan con una pistola táser a Yáñez.

" Me golpearon feo, me torturaron con electricidad, me pusieron los pies en el cuello y en la espalda. Les expliqué que no debía nada. Todo fue un abuso", dijo Yáñez, afirmando que le violaron los derechos a él y a su familia.

" A mis hijos menores los sacaron de casa a punta de pistola. A mí me llevaron preso a la cércel y allí me amenazaron. Me dijeron más de diez veces que me mandarían a México por ser ilegal", indicó Yáñez, que dijo que ese día estuvo esposado y detenido por más de 12 horas.

“Estos impactantes actos contra la familia Yañez en su propia casa están más allá de los límites de las protecciones constitucionales”, dijo a Univision Noticias John Mejía, director legal de la ACLU de Utah.

"Todos los inmigrantes tienen derechos sin importar el estatus legal en este país. Esos derechos incluyen que la policía no puede entrar a sus casas sin una orden judicial y en caso de hacerlo, los afectados tienen el derecho a guardar silencio y a recurrir a quejarse y ser protegidos legalmente", añadió Mejía.

Por su parte, las autoridades señalaron en un comunicado que siguen respaldando a sus agentes.

“Nuestra división de Libertad Condicional y Libertad Condicional para adultos de Utah y su personal están dedicados a su misión de mejorar la seguridad publica” dijo Mike Haddon, director ejecutivo del Departamento de correcciones de Utah.

“Respaldamos a nuestros agentes en este caso y nuestro departamento constantemente aspira mejorar nuestras operaciones y procesos. Nos comprometemos a seguir mejorando nuestro entrenamiento interno en los temas indicados en el acuerdo de Marquez Yañez", finalizó Haddon.