El infierno de las familias tras la detención de un inmigrante: deudas, hostigamiento y abandono legal

Una decisión tan cotidiana como ir a poner gasolina se convirtió en el inicio de la pesadilla para Michael Mollulo y Tatiana Melo. Una infracción de tránsito fue motivo de su detención y deportación a Brasil.

Aquel 25 de mayo de 2025 todo cambió para esta joven pareja de origen latinoamericano, ella, de Colombia; él, de Brasil. El Servicio de Inmigración y Control Migratorio (ICE) lo mantuvo cuatro meses en el centro de detención de South Texas, en condiciones deplorables y sufriendo tratos discriminatorios por parte de los guardias.

Puntual para la entrevista a través de videoconferencia, Tatiana Melo, de tez clara y cabello largo y rizado, quien viste una blusa morada, no pudo contener las lágrimas durante la conversación. Después de tantos años luchando en Estados Unidos, ella tomó la decisión de seguir a su novio una vez que fue deportado. Hoy ambos residen en Espírito Santo, Brasil. La lucha que emprendió Tatiana Melo para conseguir que Michael Mollulo pudiera ser liberado y buscar una visa de trabajo temporal se desvaneció poco a poco, casi al mismo tiempo en que el despacho de abogados que contrató había dado su caso por perdido.

Tatiana Melo, de 28 años, originaria de Colombia, describe los elevados costos legales y las fallas de una representación jurídica que no logró evitar la expulsión del país de Michael Mollulo, de 27 años, quien hasta su detención se dedicaba a la carpintería junto a un grupo de brasileños en Milford, Massachusetts.

Ante la presión económica y las afectaciones a su salud, ella decidió abandonar los Estados Unidos para reunirse con Michael en Brasil. El relato sobre aquellos 120 días de calvario exhibe, una vez más, la xenofobia y el racismo en el sistema migratorio que impera bajo la segunda administración del presidente Donald Trump.

Para Tatiana Melo, el "infierno" no solo lo vivía Michael tras las rejas. Ella misma en el exterior, enfrentando una estructura burocrática y económica diseñada para asfixiar a los familiares.

El primer gran golpe fue el impacto financiero inmediato y abrumador. La joven de 28 años tuvo que contratar a un abogado criminalista por 1,500 dólares para resolver el cargo por conducir sin licencia, con la esperanza de que eso facilitara una fianza migratoria. Sin embargo, la defensa principal fue el gasto más pesado: 6,500 dólares pagados a un bufete de abogados para llevar el caso ante la corte de inmigración.

Este dinero representaba solo el inicio de una sangría económica que incluía el mantenimiento diario del detenido en un sistema donde todo tiene un precio.

La búsqueda de ayuda legal fue una tarea desesperante, pues Melo relata haber contactado a decenas de abogados cuyas conversaciones aún guarda en su celular como testimonio de las horas de desesperación que ha tenido que vivir.

Mantener el contacto y la dignidad de Michael Mollulo dentro del centro sumó otra capa de gastos. Tatiana Melo debía depositar 100 dólares cada quince días para comida y aproximadamente 50 dólares semanales para llamadas telefónicas y cuidado personal.

La joven relata cómo incluso tuvo que recurrir a la comunidad latina en redes sociales y a fundaciones para recaudar fondos, ya que su salario no alcanzaba para cubrir abogados y sus propios gastos de vida.

El hostigamiento por parte de las autoridades no se limitó al detenido. Tatiana Melo recuerda con miedo cómo, tras la audiencia en la Corte de Massachusetts, fue acosada en el estacionamiento por agentes de inmigración. Una camioneta Chevrolet con vidrios polarizados se estacionó frente a ella y encendió las luces altas a pleno mediodía para intimidarla.

Este tipo de situaciones la obligaron a huir del lugar por temor a ser detenida también, pensando que "si ya se lo llevaron a él, si me llevan a mí, nadie nos va a ayudar"

Durante los cuatro meses de detención, Tatiana vivió prácticamente escondida, limitando sus salidas solo al trabajo, en un servicio de catering, y de ahí a su casa, en donde vivía hace apenas un año con Michael. El temor a ser el siguiente objetivo de ICE en su comunidad, donde cada semana alguien era detenido, le impidió incluso visitar a su pareja de 27 años en Texas.

"Me sentía perseguida", confiesa, describiendo una sensación de vulnerabilidad total al saber que las autoridades tenían toda su información personal.

Ante la falta de canales oficiales eficientes, ella se convirtió en un puente de comunicación para otras familias en situaciones similares. Al tener Michael Mollulo acceso a una tableta, ella coordinaba llamadas entre otros detenidos y sus familiares en el exterior que no sabían cómo contactarlos.

La decepción más amarga provino de quienes debían defenderlos: su equipo legal. Tatiana Melo denuncia que el bufete que contrató le brindó una representación "vaga y poca", enviando a abogados sustitutos que ni siquiera conocían los detalles del caso, pues en un momento crítico, un representante del bufete le confesó de manera poco ética que "todos ya sabían que el caso no tenía futuro", a pesar de haberle cobrado miles de dólares y haberle dado esperanzas de una fianza que finalmente fue negada.

Michael Mollulo fue deportado a Brasil el 9 de agosto de 2025, tras firmar su salida obligada, luego de cuatro meses en el centro de detención de South Texas en pésimas condiciones humanas. Tatiana Melo decidió seguirlo, cerrando un capítulo donde se sintieron tratados "como la peor basura del mundo", pero aun así ella sueña con regresar una vez más para volver a intentarlo.

Tatiana Melo conserva su cariño por Estados Unidos, un país que todavía considera como su hogar; sin embargo, lamenta que las políticas del gobierno del presidente Donald Trump provoquen que personas con ideologías “erróneas” como el racismo y la xenofobia se sientan con la libertad de discriminar a otras.