Un juez desestima la demanda de Trump contra Harvard por antisemitismo

El juez de Boston Richard Stearns consideró que el gobierno no había logrado demostrar que Harvard hubiera violado una disposición de la ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de raza, nacionalidad y otras características protegidas.

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Una corte federal de Estados Unidos desestimó el jueves una demanda del gobierno del presidente Donald Trump contra la Universidad de Harvard, acusada de haber tolerado comportamientos antisemitas durante manifestaciones pro palestinas en su campus tras el 7 de octubre de 2023.

El juez de Boston Richard Stearns consideró que el gobierno no había logrado demostrar que Harvard hubiera violado una disposición de la ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de raza, nacionalidad y otras características protegidas.

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Trump emprendió una cruzada contra las principales universidades estadounidenses, a las que acusa de dar vía libre en sus campus a los movimientos propalestinos frente a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

En la demanda presentada en marzo, el Departamento de Justicia afirmó que el cuerpo docente y la dirección de Harvard "hicieron la vista gorda ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes".

"Harvard permitió que manifestantes antiisraelíes ocuparan sus bibliotecas. Harvard permitió que un campamento antiisraelí permaneciera durante veinte días, en violación de la normativa de la universidad", señaló.

El juzgador desestimó los argumentos por ser aislados y episódicos

Pero el juez Stearns, que aceptó una solicitud de Harvard para desestimar la demanda, dijo que los incidentes señalados por la administración Trump eran "demasiado aislados y episódicos" para demostrar un incumplimiento de la Ley de Derechos Civiles.

La decisión supone un revés para los ataques de Trump contra la universidad más antigua de Estados Unidos.

Por otra parte, el gobierno de Trump congeló miles de millones de dólares de financiación para Harvard por supuestamente tolerar el antisemitismo y tener un sesgo progresista.

El pasado septiembre, un juez federal dictaminó que esa medida era en gran parte ilegal y ordenó restituir los fondos.