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Escuelas Públicas

Lo que necesitas saber sobre la vigilancia policial en las escuelas

A tu hijo lo detuvo un agente de policía en la escuela. ¿Qué puedes hacer ahora? Te respondemos algunas preguntas frecuentes.
8 Sep 2021 – 05:15 AM EDT
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Un oficial del Departamento de Policía del condado de Fairfax asignado a la preparatoria West Springfield, en Springfield, Virginia, en 2012, patrulla los pasillos armado con su pistola de servicio Crédito: The Washington Post vía Getty Images

Esta historia se produjo como parte de una colaboración con Univision, el Center for Public Integrity y USA TODAY.

¿Qué es una remisión a las fuerzas del orden? ¿Significa que el estudiante fue arrestado?

Una remisión se produce cuando un empleado escolar reporta a un estudiante ante cualquier agencia o agente de la ley, incluyendo un agente de policía de la escuela o un miembro del personal de seguridad por un incidente que ocurre en la escuela, durante un evento relacionado con la escuela o mientras aborda el transporte escolar, independientemente de si se toma una medida oficial.

Todos los arrestos son remisiones. Pero no todas las remisiones dan lugar a arrestos.

Durante el curso escolar 2017-2018, casi 230,000 estudiantes fueron remitidos a las fuerzas del orden. Aproximadamente una cuarta parte de esas remisiones dieron lugar a arrestos, según datos federales.

Con el tiempo, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha ido modificando la definición de "remisión a las fuerzas del orden" con el propósito de incluir todos los contactos de un estudiante con agentes o personal de seguridad que puedan tener consecuencias negativas para el estudiante.

Las citaciones, multas y remisiones judiciales también se consideran remisiones a las fuerzas del orden.

Un análisis del Center for Public Integrity de los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos de los 50 estados, más el Distrito de Columbia y Puerto Rico, reveló que la vigilancia policial en las escuelas afecta de forma desproporcionada a los estudiantes con discapacidades, a los niños negros y, en algunos estados, a los niños nativos americanos y latinos.


A pesar de los llamados de las organizaciones de defensa de los niños y de los derechos civiles a que se reduzca la presencia policial en las escuelas, estas disparidades persisten. A nivel nacional, los estudiantes negros y los estudiantes con discapacidades fueron remitidos a las fuerzas del orden a una tasa casi dos veces mayor que su proporción de la población estudiantil en general, según el análisis del Center for Public Integrity.

¿Qué derechos tienen los estudiantes cuando son remitidos a las fuerzas del orden? ¿Tienen derechos Miranda cuando se les interroga en relación con un posible delito?

La remisión a las fuerzas del orden es una categoría tan amplia que resulta difícil precisar qué derechos tienen los estudiantes. A menudo depende de la situación, dicen los defensores.

Cuando se les interroga sobre un incidente que podría dar lugar a un arresto, los alumnos, en teoría, deberían tener derecho a negarse a responder a las preguntas o a brindarles información a las fuerzas del orden o a los agentes de recursos escolares. Sin embargo, las reglas no siempre son claras en las instalaciones escolares.

Cuando un agente tiene su base en un centro escolar o está asignado a dicho centro, sus investigaciones o interrogatorios pueden considerarse de forma diferente a los de los agentes ajenos al centro.

Harold Jordan, coordinador de equidad educativa a nivel nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Pennsylvania, expone dos escenarios diferentes que podrían dar lugar al arresto de uno o varios estudiantes:

  • En el primero, un agente de la ley entra en una escuela y le informa a un administrador: "Vengo a interrogar a un estudiante sobre...". En esa situación, conocida como interrogatorio bajo custodia, se supone que el estudiante debe ser informado sobre sus derechos.
  • En el segundo escenario, un agente de recursos escolares mantiene una conversación en la que un estudiante revela algo sobre el consumo o la posesión de drogas por parte de él mismo o de terceras personas. Como al estudiante no se le ha dicho que el agente estaba investigando algo, no tiene motivos para sospechar que se trata de un interrogatorio. Pero el agente podría intentar utilizar esa información como base para un arresto o una investigación criminal, dijo Jordan.

"Aunque sea sobre otra persona, la policía te va a hacer un montón de preguntas. No sabes automáticamente si eres el sospechoso o no", dijo Jordan. "Por eso los derechos Miranda son tan importantes. Tienes derecho a permanecer callado porque no tienes ni idea de qué es lo que están investigando ni cómo podría utilizarse".
En 2011, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso J.D.B. contra Carolina del Norte que la policía y los tribunales deben tener en cuenta la edad de un niño a la hora de determinar si se le deben leer los derechos Miranda. Pero no hay ninguna ley federal que lo exija y la decisión queda en manos de los estados.

Por ejemplo, en Kentucky, la Corte Suprema del estado dictaminó que a los estudiantes se les deben leer sus derechos Miranda si un agente de la ley o de recursos escolares está presente cuando los estudiantes son interrogados sobre una posible conducta delictiva.

Sin embargo, la palabra clave es ‘delictiva’. Los estudiantes a quienes se les acusa de cometer infracciones leves o de violar un código de conducta estudiantil probablemente no tendrían los mismos derechos.

¿Tienen las escuelas la obligación de notificar a los padres o tutores cuando los alumnos son remitidos a las fuerzas del orden?

No existe ningún requisito federal que exija la notificación a los padres, ni siquiera en las situaciones en las que se interroga a un estudiante sobre un incidente que puede dar lugar a un arresto. Si existe una política, lo más probable es que esté establecida a nivel de distrito.

Un acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado de San Francisco y el departamento de policía de la ciudad exige que los empleados escolares se pongan en contacto con los padres o tutores y les den una oportunidad razonable para estar presentes en cualquier interrogatorio policial, a menos que el niño sea una presunta víctima de abuso infantil. Con el propósito de ponerse en contacto con los padres o tutores, los funcionarios escolares de ese distrito deben utilizar todos los números que aparezcan en la tarjeta de emergencia y cualquier número adicional proporcionado por el estudiante. Si no se puede localizar a los padres, la escuela debe darle al estudiante la opción de que un adulto de su elección esté disponible durante el interrogatorio.

En Iowa, los menores de 14 años no pueden renunciar a sus derechos Miranda sin el consentimiento de un adulto, como un padre o un tutor.

Sin embargo, los defensores advierten que son pocos los distritos o estados que cuentan con políticas en vigor.

¿Cómo han intentado los distritos escolares abordar las preocupaciones sobre el uso excesivo de las fuerzas del orden y los prejuicios en la vigilancia policial en las escuelas?

El distrito escolar de Des Moines, Iowa, le puso fin este año a su colaboración con la policía municipal. Pero los administradores no operan bajo la suposición de que sacar a los agentes de las escuelas eliminará las disparidades raciales en las remisiones a las fuerzas del orden.

Jake Troja, director de transformación del entorno escolar del distrito, dijo que los empleados escolares, quienes inician muchas de las remisiones, tienen parte de la culpa.

"No es que dejemos de utilizar las fuerzas del orden", dijo Troja. "Aún tenemos la obligación de llamar a las fuerzas del orden por las infracciones de la ley. Pero no es necesario el uso excesivo de las fuerzas del orden".

Una queja común entre los agentes de recursos escolares es que los profesores y administradores los llaman para manejar el comportamiento en el aula y la disciplina de los alumnos, tareas ajenas al alcance de sus funciones encomendadas.

El desarrollo de políticas y acuerdos entre los distritos y las fuerzas del orden que limiten o prohíban la participación de los agentes en asuntos rutinarios puede ayudar a reducir las remisiones y los arrestos, según los expertos.

Cuando Thomas Traywick Jr. asumió el cargo de jefe de seguridad de las escuelas del condado de Clayton, Georgia, en 2016, les prohibió a los agentes arrestar a los estudiantes sin permiso de los supervisores. En colaboración con el juez jefe del Tribunal de Menores del condado de Clayton, Steven Teske, redobló los planes para encaminar a los alumnos implicados en mal comportamiento en las aulas, alteración del orden y peleas escolares a talleres de resolución de conflictos en lugar de audiencias judiciales.

En un momento dado, más del 90% de las remisiones que llegaban al tribunal de Teske eran ese tipo de casos, según declaró ante el Congreso en 2012. Ahora, "casi nunca vemos un delito relacionado con la escuela", dijo en una entrevista reciente con el Center for Public Integrity.

Traywick dijo que perdió agentes que se quejaron de que el nuevo enfoque les impedía hacer su trabajo con eficiencia. Pero en su segundo año al frente del departamento de policía del distrito, las remisiones a las fuerzas del orden disminuyeron en un 44%, según muestran los datos federales. Y ése fue el resultado correcto, dijo.

"Tuvimos que cambiar la mentalidad de los agentes", dijo Traywick. "Estábamos criminalizando a nuestros chicos".

Corey Mitchell es reportero del Center for Public Integrity, una organización de investigación noticiosa sin fines de lucro con sede en Washington, DC.

Univision tradujo la versión en español de este artículo.

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