Así frenan los argentinos las subidas de precios (y no es solo protestando)

BUENOS AIRES, Argentina.- El mes pasado se realizó el primer “cacerolazo” en Argentina contra el gobierno de Mauricio Macri, bajo la consigna “No al tarifazo”. Esta semana hubo otra manifestación similar, junto a un “veredazo” (protesta en la calle) de pequeños y medianos empresarios. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendió el aumento en los servicios públicos de gas, luz y agua y pidió a la población “un esfuerzo”. En algunos casos, las facturas llegaron a las casas de los argentinos con un incremento de hasta el 1,000 %, aunque luego el propio Gobierno estableció topes de 400%.

El principal enemigo del gobierno no son las marchas, el cambio de humor social, ni el ruido de las cacerolas que se multiplican por los barrios de la Argentina. En las últimas semanas, ciudadanos particulares y asociaciones de defensa al consumidor iniciaron una ola de recursos de amparo ante la Justicia, en los que se discute la validez de los cuadros tarifarios. Ante esas presentaciones, los jueces comenzaron a frenar los “tarifazos” de luz y gas y se suspendieron momentáneamente los aumentos. Lo mismo ocurrió con el boleto del subte (metro) en la ciudad de Buenos Aires.

“Ningún usuario está obligado a pagar las facturas con aumento y ninguna distribuidora de gas o de energía eléctrica puede intentar cobrar con el nuevo cuadro tarifario porque están suspendidos hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo resuelva”, dijo un comunicado de prensa de Consumidores Argentinos.

La organización no gubernamental tuvo un participación activa en esas presentaciones en Buenos Aires y el resto del país. “Los jueces declararon inconstitucional los aumentos hasta tanto no haya una Audiencia Pública. Los aumentos fueron una bestialidad. En el gobierno anterior, el Estado subsidiaba una gran parte de los servicios públicos. ¿Qué pasó con el dinero que recibieron en esos años las empresas? ¿Se invirtió o no se hizo nada? Hay que poner los números sobre la mesa y comenzar a discutir el precio real de los servicios. El tope del 400% es una barbaridad, que no se sabe de dónde sale. ¿Cuánto vale el servicio? ¿Cuánto hay que pagar por recibirlo? Son esenciales y nadie puede contestar esas preguntas básicas”, dijo Sergio Procelli, presidente de la ONG, creada a mediados de los 90.

La juez federal de San Martín (Buenos Aires) Isabel Forns no sólo hizo lugar al pedido de un hospital privado de la localidad de Martín Coronado. También ordenó a la distribuidora eléctrica Edenor que devuelva al hospital el dinero excedente que le cobró. “No resulta razonable, prima facie, que un ciudadano o empresario se encuentre de la noche a la mañana con que sus costos -en este caso, el consumo de energía eléctrica- se han multiplicado por cinco, seis o más veces. Los aumentos resultan no sólo desproporcionados e irrazonables con todas las demás variables económicas a tener en cuenta, especialmente, la inflación, los salarios de la población y demás costos actuales”, dijo la juez en sus considerandos.

Esta discusión por los aumentos está lejos de terminar. Los nuevos cuadros tarifarios del macrismo comenzaron a salir en marzo. Llegaron los recursos de amparo, los fallos favorables de los jueces y la apelación del Gobierno. Los tarifazos seguirán congelados hasta que el caso llegue a manos de la Corte Suprema de Justicia.

Elvis Toto, abogado y asesor legal de Consumidores Argentinos y de otras instituciones, dice que es la primera vez que se presentan este tipo de acciones a escala masiva. Y sostiene que, cuando termine la tensión entre los amparos y el Gobierno, la situación servirá para mejorar la calidad institucional del país.

“El gobierno anterior generó una terrible distorsión en el mercado. Con las partidas para subsidios, se generó un deficit de 8,000 millones de pesos (533 millones de dólares). Buscaba que haya energía, pero no se preocupaba por la forma de obtenerla. Y las medidas apuntaban a que no hubiera aumento en el costo de la gente. Eso terminó en esta situación. El actual gobierno quiere que los usuarios paguen todo eso de un plumazo y trasladar esos miles de millones a los ciudadanos. Desde la reforma constituacional de 1994, todas las cuestiones referidas a los servicios públicos requieren la participación de los usuarios, a través de una audiencia pública. El Estado debe dar toda la información disponible para justificar el aumento tarifarios. Y no lo hizo”, explicó Toto.

Del jarabe a la enfermedad

En un discurso en el barrio Lugano (Buenos Aires) en mayo, el presidente Mauricio Macri dijo sobre los aumentos: “Sé que duele esta transición, sé que no es fácil, a mí me duelen muchas de estas medidas que he tenido que tomar, pero las he hecho desde la convicción de que nos van a llevar al progreso”. Se refería al tema como si fuese un mal trago que hay que pasar, quizá sin imaginar que se venía el gran revés político desde su llegada al poder.

“Desde la narrativa del macrismo, los aumentos aparecían como una medida antipática que había que atravesar rápidamente, como si fuese un jarabe amargo. El tema se viene dilatando y se convirtió en la primera derrota del gobierno ante la opinión pública”, analiza Ignacio Ramírez, sociólogo y director de la consultora Ibarómetro.

Los tarifazos, según Ramírez, convalidan la percepción de que el actual gobierno favorece a las clases altas. “Es una medida que no colabora con el desafío de mostrarse más próximo a los sectores medios, bajos y populares. Hay un segundo aspecto: la supuesta eficiencia del macrismo que queda cuestionada. Los tarifazos y las medidas cautelares aparecen como una novela, que ya tiene muchos capítulos y se extiende en el tiempo. Está lejos de las credenciales de gestión y administración que quiere mostrar el partido de Macri. Tampoco aparece un gobierno que escucha, sino uno que intenta avanzar unilateralmente con temas tan delicados”, amplió.

Agosto no será un mes fácil para el actual gobierno. Las organizaciones sociales advirtieron que continuarán con las marchas en todo el país, mientras siga el aumento de los servicios y la caída del empleo. La CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) anunció una “marcha federal” para mediados de mes. Mientras que la CGT (Confederación General del Trabajo) analiza un paro nacional a final de mes.

Aunque hay cierto consenso sobre la necesidad de incremento de los servicios, Macri no logra imponer su agenda tarifaria, siguen las suspensiones y su figura aparece como políticamente ineficaz. Pasó del jarabe amargo a la incertidumbre de una enfermedad sin diagnóstico.