Dos exejecutivos de Wells Fargo deberán pagar otros $75 millones por el escándalo de las cuentas falsas

Wells Fargo dijo este lunes que su expresidente ejecutivo y su exjefa de banca minorista deberán pagar otros 75 millones de dólares como compensación por el escándalo en el que miles de sus empleados crearon cuentas bancarias y emitieron tarjetas de crédito a clientes que no lo habían pedido.

El ex CEO John Stumpf deberá desembolsar otros 28 millones de dólares, que se suman a los 41 millones de dólares que pagó cuando dejó el cargo en octubre pasado. La exjefa de banca minorista Carrie Tolstedt pagará 47 millones de dólares adicionales a los 19 millones de dólares que ya había entregado.

Se trata de las compensaciones más grandes en la historia empresarial de Estados Unidos por un caso que sacudió a la banca local y puso nuevamente en la mira a estas instituciones.

Durante al menos cinco años, más de 5,000 empleados de Wells Fargo abrieron secretamente cuentas no autorizadas y movieron fondos de cuentas existentes sin que los clientes lo supieran o hubiesen dado su autorización. Ese fue el hallazgo revelado en septiembre por el director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, Richard Cordray. En ese momento también anunció que Wells Fargo debía pagar una multa histórica de 100 millones de dólares.

"Infracciones menores que no tenían víctimas"

Un reporte interno divulgado este lunes tras seis meses de investigaciones mostró que las actividades fraudulentas dentro del banco sucedieron por un tiempo mayor al que se pensaba y que incluso hubo más empleados involucrados. El banco informó en septiembre del despido de 5,300 empleados. Sin embargo, según el informe, el mismo Stumpf supo en 2002 de un problema en una sucursal de Colorado que llevó al "despido masivo" de empleados.

La investigación arrojó, además, que la apatía de los altos mando de Wells Fargo dio lugar a las malas prácticas bancarias. En el reporte se lee que los ejecutivos solían considerar esas malas prácticas que se daban como "infracciones menores que no tenían víctimas".

"El banco se identificaba a sí mismo como una organización de ventas, como lo son las tiendas por departamento o las minoristas, y no como una institución financiera que brindaba servicios. Esto le daba una justificación para su enfoque temerario en las ventas", precisó el informe.

El banco ya reembolsó 2.6 millones de dólares a los clientes a los que les fueron abiertas las cuentas sin su consentimiento. También tomó medidas disciplinarias, incluyendo el despido de los empleados y gerentes.

Sin embargo, la institución parece estar lejos del fin de la polémica, pues está siendo investigada por varios reguladores. Por un lado, fiscales federales evalúan si presentan cargos civiles o criminales contra el banco. Por otro, el Departamento de Trabajo investiga si despidió ilegalmente a aquellos empleados que notificaron lo que estaba ocurriendo en varias ciudades y estados.

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