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Demandas

Familia de inmigrante mexicano muerto tras golpiza de agentes fronterizos acepta acuerdo de un millón de dólares

Anastasio Hernández quedó inconsciente y murió luego de que agentes de la patrulla fronteriza le propinaron una golpiza cuando iba a ser deportado a México en 2010. La familia afirma que quería un juicio contra la docena de oficiales involucrados pero aceptó el acuerdo, en parte, por temor a que el gobierno de Donald Trump anulara el caso.
3 Mar 2017 – 5:27 AM EST

Siete años después de la mortal paliza y las descargas eléctricas que sufrió el inmigrante de origen mexicano Anastasio Hernández cuando iba a ser deportado por la frontera en San Isidro, California, su familia recibirá un millón de dólares tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno Federal, que queda libre de responsabilidad.

Una jueza federal avaló la indemnización propuesta por el Gobierno para poner fin a la demanda por homicidio por el uso excesivo de la fuerza contra los doce agentes federales que hace siete años golpearon mortalmente al inmigrante, que tenía 35 años.

Hernández llevaba 25 años viviendo en Estados Unidos, estaba casado y era padre de cinco hijos.

Anastasio Hernández fue detenido junto a su hermano por agentes de la Patrulla Fronteriza en mayo de 2010, cuando intentaba reingresar a Estados Unidos sin documentos. Cuando era tasladado a la zona de deportaciones se produjo un altercado durante el que fue golpeado.


Los agentes alegaron durante las vistas que Hernández se resistió a la deportación por lo que los agentes trataron de someterlo a la fuerza, pero los videos grabados por testigos muestran cómo Hernández, esposado y ya en el suelo, ya no ofrecía resistencia.

Debido a la golpiza, Hernández quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital, donde murió días después.

La viuda y los hijos querían que se celebrara el juicio, pero la llegada del presidente republicano Donald Trump influyó en que tomaran la indemnización que ofreció el Gobierno federal sin aceptar la responsabilidad de la muerte del inmigrante.

“Primero quiero aclarar que este arreglo no es justicia. La vida de mi esposo no tiene precio”, dijo María Puga, viuda del inmigrante, en una rueda de prensa en la que explicó que temían que el juicio se prolongara más o incluso que la nueva administración lo anulara.


“Tuvo que ver mucho para que yo me pusiera a pensar” sobre el acuerdo, señaló Puga, “fue por el bien de nuestra familia, por la tranquilidad”, indicó en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

“No quiero que otras familias pasen por este dolor, no quiero más Anastasios”, enfatizó.

Pedro Ríos, de la organización Comité de Amigos Americanos subrayó que la familia nunca habló de dinero si no de justicia y deseaban que los agentes “pagaran por el crimen cometido que fue quitarle la vida a un hombre trabajador, padre de familia”.


El Departamento de Justicia decidió en 2015 no presentar cargos criminales contra los doce agentes al no encontrar evidencia suficiente para demostrar que actuaron con malicia, pero la familia continuó con el pleito.

El abogado de la familia, Eugene Iralde, señaló que el Gobierno gastó más de 2 millones de dólares en estos siete años para desestimar las acusaciones pero el vídeo en el que se distinguen los gritos de Anastasio que yace en el suelo esposado era una contundente evidencia contra los agentes.

Otro de los abogados, Guadalupe Hernández lamentó que “el gobierno ha invertido el dinero en pelear contra nosotros durante siete años, ellos reconocen que hay un problema, por eso han pagado el dinero”.



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