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México comparte con Estados Unidos una frontera de más de 3,000 kilómetros.

EEUU no presenta cargos por muerte de mexicano en frontera en 2010

EEUU no presenta cargos por muerte de mexicano en frontera en 2010

Anastasio Hernández murió en 2010 a consecuencia de una brutal paliza y detonaciones eléctricas.

México comparte con Estados Unidos una frontera de más de...
México comparte con Estados Unidos una frontera de más de 3,000 kilómetros.


La justicia de Estados Unidos ha puesto fin a la investigación de la muerte de un ciudadano mexicano en 2010 en la frontera de California a manos de una docena de agentes federales, al no presentar cargos por el hecho.


El Departamento de Justicia anunció que no presentará cargos criminales en contra de los 12 oficiales fronterizos involucrados en la muerte del mexicano Anastasio Hernández, argumentando que no se cuenta con evidencia suficiente.


"Tras una revisión completa y cuidadosa, un equipo de experimentados fiscales federales determinó que las pruebas son insuficientes para presentar cargos criminales", señala un comunicado emitido por la agencia federal.


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Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, murió en 2010 a consecuencia de una brutal paliza y detonaciones eléctricas que le fueron propinadas por una docena de agentes federales en el área de deportaciones entre San Diego, California, y Tijuana, México, en un hecho que quedó evidenciado en dos videos captados por testigos y que fueron difundidos en medios de comunicación.


Pese a reconocer que el uso de una pistola táser fue uno de los factores que contribuyó en la muerte del inmigrante mexicano, autoridades federales detallaron que no hay pruebas para comprobar sin duda razonable que los oficiales actuaron con malicia.


"Si bien la pérdida de vidas es lamentable, los argumentos en este asunto no apoyan un caso federal. En consecuencia, la investigación sobre este caso ha sido cerrada", concluye el reporte del Departamento de Justicia.


Indignación


El anuncio causó indignación entre los familiares de Hernández Rojas, quienes habían esperado por cinco años para que el caso que fue dictaminado por la Oficina del Médico Forense como homicidio, fuera llevado a tribunales.


" ¿Cómo podemos creer en el Gobierno si no fueron capaces de darnos justicia? Desde un inicio parecía que la investigación favorecía a los oficiales, ellos se salieron con la suya", subrayó María Puga, viuda de Hernández, quien dijo no poder creer que los videos que muestran los hechos no fueran suficientes para las autoridades.


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Bernardo Hernández, hermano del fallecido lamentó a su vez que los agentes involucrados en aquella trágica noche hayan quedado impunes.


"Si alguien golpea un perro, recibe cargos. Estos oficiales mataron a mi hermano pero no les va a pasar nada, esto no está bien, ¿dónde quedó la justicia?", comentó.


La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó de "aterradora" la determinación del Gobierno federal, que fue hecha en una época en que agencias fronterizas han manifestado su intención de ser más transparentes ante la ciudadanía.


"La decisión del Departamento de Justicia de permitir que los oficiales involucrados en este homicidio salgan libres es contraria a cualquier noción de justicia o rendición de cuentas y es un golpe devastador a comunidades fronterizas que continúan sufriendo los abusos generalizados a manos de agentes federales que no rinden cuentas", comentó Mitra Ebadolahi, representante de ACLU en San Diego.


De su parte, el director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, señaló que ya están considerando vías legales a nivel internacional para continuar con esta lucha, tomando en cuenta que la decisión es inapelable.


"Estamos buscando otros medios, otras posibilidades legales para poder darle seguimiento y eventualmente presentarle cargos a los agentes", adelantó el activista.


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Aunque la investigación criminal fue cerrada, la demanda civil en contra de los oficiales continúa activa en la Corte Federal del Distrito Sur de California.


"Esto no tiene impacto al caso civil, ese sigue caminando a su debido paso", señaló Ríos.


México se pronuncia


El gobierno de México manifestó su "más enérgico rechazo" a la decisión de Estados Unidos y aseguró que esto "se contrapone al espíritu de colaboración".


La decisión "contraviene los esfuerzos de la red consular mexicana, que busca fomentar lazos de confianza entre la comunidad y sus autoridades policiacas y de procuración de justicia", indica un comunicado de la cancillería mexicana.


Además "genera la percepción de que las acciones indebidas de los oficiales encargados del cumplimiento de la ley quedan impunes", recalcó la cancillería.


En el mismo sentido se pronunció el consulado general de México en San Diego, California. "La determinación de las autoridades estadounidenses se contrapone al espíritu de colaboración impulsado por los gobiernos federales de ambos países ", dijo el consulado en un comunicado.


El caso de Hernández causó indignación en México y el entonces presidente, Felipe Calderón, exigió a Estados Unidos "el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables".


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Poco después de este incidente, un adolescente mexicano murió en la frontera entre la mexicana Ciudad Juárez y la ciudad estadounidense de El Paso, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó argumentando que varios acompañantes de la víctima lo atacaron con piedras.


México comparte con Estados Unidos una frontera de más de 3,000 kilómetros por la que cada año ingresan de forma ilegal migrantes mexicanos y centroamericanos principalmente, en la búsqueda del sueño americano.


Se calcula que en Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.


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