Al mexicano Eliud Montoya lo balearon cuando caminaba cerca de su casa en Georgia el 19 de agosto de 2017. Un vecino lo encontró tirado en el suelo, ya sin vida. El crimen estaba ligado a la denuncia que él interpuso dos días antes contra su jefe por robar los sueldos de indocumentados con los que trabajaba cortando árboles. El complot pretendía entorpecer la investigación del gobierno.
Lo mataron por denunciar que su jefe le robaba a trabajadores indocumentados: el asesino fue condenado a cadena perpetua
El Departamento de Justicia logró la convicción de tres hombres indocumentados que planificaron el asesinato de un hispano que denunció un esquema que robo salarial a inmigrantes en Georgia. Lo balearon fatalmente dos días después de que sometió su queja ante el gobierno.
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Montoya, quien se había naturalizado estadounidense en 2009, descubrió que su supervisor, Pablo Rangel, un mexicano indocumentado de 53 años se enriquecía explotando a sus compañeros.
Él denunció en dos ocasiones que Pablo Rangel les vendía números de Seguro Social falsos a indocumentados para contratarlos, que no les pagaba todas las horas devengadas, que esos sueldos llegaban directo a sus cuentas bancarias y que luego les entregaba menos dinero en efectivo.
Las averiguaciones del gobierno federal detectarían años más tarde que Pablo Rangel y su hermano menor Juan Rangel, de 45 años y quien también está en el país sin autorización, obtuvieron más de $3.5 millones a lo largo de una década, desde diciembre de 2007 y hasta noviembre de 2017.
Los hermanos Rubio protegieron su plan delictivo tan ferozmente que contrataron a otro hombre indocumentado, Higinio Pérez Bravo, de 52 años, para asesinar a Eliud Montoya. Por ayudarlos le pagaron $26,000, describe una acusación sometida en el Distrito Este de Georgia.
Un jurado emitió un veredicto unánime hace unos días declarando culpable a Juan Rangel por cuatro cargos criminales, incluyendo conspiración para matar a un testigo y lavado de dinero. Dichos delitos conllevan una sentencia mínima legal de cadena perpetua, por lo que solo falta que la ratifique un juez.
“Este veredicto del jurado brinda una resolución contundente a cualquier duda sobre la culpabilidad de estos acusados en esta horrible conspiración para matar a un hombre que amenazó su esquema ilegal y lucrativo de tráfico laboral”, dijo el fiscal David H. Estes en un comunicado.
Pablo Rangel y Pérez Bravo ya se declararon culpables y esperan ahora su audiencia condenatoria
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El robo a los trabajadores
Montoya emigró de México desde hacía varios años y mantenía a su familia trabajando en Wolf Tree, una empresa dedicada a cortar árboles. Era subsidiaria de The Davey Tree Expert, a la cual contrataba la empresa de energía Georgia Power para podar los árboles en torno a sus tendidos eléctricos en el área de Savannah.
Su supervisor directo era Pablo Rangel, quien se encargaba de contratar personal, el papeleo de la empresa y realizar los pagos nominales. Juan Rangel, por su parte, se dedicaba a cortar árboles.
La acusación señala que el 18 de abril de 2017, Montoya contactó a los dueños de su compañía para denunciar que su jefe inmediato se estaba quedando con una parte del sueldo de sus compañeros.
Seis días después sometió una queja escrita, que llegó a manos del propio Pablo Rangel. Para acosarlo, este convocó a una reunión laboral y, delante de Montoya, leyó el documento, palabra por palabra.
Lejos de sentirse intimidado, Montoya escaló el caso, interponiendo una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) el 17 de agosto de ese año.
En esa denuncia, él afirmó que Pablo Rangel y la mayoría de los trabajadores en dicha compañía eran indocumentados, que este tenía números de Seguro Social falsos que usaba el personal, que les pagaba en efectivo y no siempre les remuneraba todas las horas que trabajaban, que inmigrantes sin licencia conducían las camionetas de la empresa y que los accidentes “no eran manejados apropiadamente porque los trabajadores eran indocumentados”.
El Departamento de Justicia indica que durante diez años Pablo Rangel recibió de manera ilegal más de $2.6 millones en tres cuentas de Bank of America y en una de Wells Fargo. Usó parte de ese dinero, más de $120,000, para comprar una propiedad en Georgia. Además, pagó $81,000 para adquirir una casa manufacturada en el mismo estado.
Al menos siete indocumentados fueron contratados en Wolf Tree con documentos falsos. Uno de ellos, identificado con las iniciales ‘JR’, pagó $1,500 por usar el número de Seguro Social de otra persona. En algunos casos, Pablo Rangel hizo arreglos para cancelar los depósitos directos de esos trabajadores para que él recibiera sus salarios. Posteriormente les hacía una rebaja a los pagos y les entregaba el resto de sus sueldos en efectivo.
Su hermano Pablo Rangel obtuvo más de $500,000 por ese esquema, según el gobierno.
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El asesinato por $26,000
Los investigadores descubrieron que el 4 de mayo de 2017, Pablo Rangel le dio un cheque de $6,000 a Pérez Bravo y un mes más tarde le depositó otros $20,000. Fueron los pagos para, primero, intimidar a Montoya, pero más tarde se volvió un complot para quitarle la vida.
Fue el propio Pablo Rangel quien comenzó a espiarlo cerca de su domicilio para saber cuál era su rutina. El 18 de agosto, su hermano menor y Pérez Bravo vigilaron a la víctima. Al día siguiente, Juan Rangel “le disparó y mató a Montoya cerca de su casa en Garden City, Georgia”.
Le habló a su hermano mayor para avisarle que ya había matado a Montoya. Cerca de la escena del crimen, Pérez Bravo lo recogió en un vehículo y huyeron.
Hace casi cuatro años, la madre de la víctima, Avelina Álvarez, le dijo a Univision Atlanta que su familia se había quedado desamparada, “sin nada”, porque había muerto el único proveedor. "Él era el que sostenía la familia, a todos”, lamentó.
“Espero que agarren a la gente que lo hizo. Espero que los encuentren y los castiguen”, pidió ella.
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