Criminalidad y Justicia

Tras ocho años de espera, México inicia un nuevo Sistema de Justicia Penal

México inicia este sábado su nuevo Sistema de Justicia Penal, con ello se pretende que los juicios ya no sean de escritorio ni de condenas al aire, sino que cada acusado tendrá derecho a conocer al juez que lo sentencia por medio de una audiencia de carácter oral y público.
17 Jun 2016 – 1:41 PM EDT

Por Sergio Rincón

México inicia este sábado su nuevo Sistema de Justicia Penal, con ello se pretende que los juicios ya no sean de escritorio ni de condenas al aire, sino que cada acusado tendrá derecho a conocer al juez que lo sentencia por medio de una audiencia de carácter oral y público. Además, el Estado reconoce mecanismos alternativos para resolver los conflictos por medio del diálogo, la conciliación, la reparación del daño y medidas de no repetición.

En el viejo régimen, los procesos penales tardaban años y los inculpados, sin recibir sentencia, iban a un centro de reclusión. Con el nuevo sistema se pretende que sean pocos los casos que lleguen a juicio, de modo que puedan ser atendidos de una manera más rápida y menos costosa, permitiendo que los posibles responsables enfrenten la justicia en libertad, siempre y cuando lo permita un juez, pues habrá implicados que sí sean sometidos a la prisión preventiva con el fin de garantizar el bienestar de la víctima y la sociedad, como los acusados por crimen organizado.

En este sistema de justicia, las tareas para los órganos e instituciones son claras: una investiga (policía), una acusa (Ministerio Público) y otra resuelve (juez). Y también habrá tiempos: Primera etapa, investigación; Intermedia, selección y validación de pruebas; y la audiencia de juicio oral, donde un juez escuchará a las partes acusadora y acusada para después dar una sentencia.

“El propósito de la reforma (penal), a la manera de otros países más desarrollados, es que sólo los casos más delicados se presenten ante un juez, quien deberá dirimirlos con celeridad y transparencia. La sociedad debe verificar qué pruebas obtuvo la policía y cómo elaboró sus acusaciones el Ministerio Público. Por añadidura, el juez tendrá que explicar el motivo de su decisión en una audiencia pública. Si todo esto se logra, no es aventurado apostar a que pronto veremos una participación más intensa —mucho más intensa—, por parte de la sociedad, en lo que a seguridad pública, procuración e impartición de justicia se refiere”, detalla un manual del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

“El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, dice el Artículo 20 de la Constitución, el cual fue reformado en 2008, año donde se dio vida a este nuevo sistema.

El nuevo régimen supone un cambio al sistema de justicia, pues ahora se prioriza la presunción de inocencia, y alternativas para que los inculpados resuelvan las controversias sin llegar a un juicios.

Entre los mecanismos alternativos existen:

  • Criterio de oportunidad, donde el Ministerio Público puede desistir si el inculpado repara el daño de forma monetaria, el delito es menor o el acusado colabora en otra investigación.
  • Justicia Alternativa, donde las partes llegan a un acuerdo con ayuda de un especialista en conciliación o mediación.
  • Suspensión Condicional del Proceso, donde el probable responsable acepta la culpa, se compromete a indemnizar el daño y a asumir condiciones que imponga el juez, como asistir a alguna terapia.
  • Existe también el Proceso Abreviado, que es cuando el inculpado acepta su responsabilidad para poder acelerar la audiencia de juicio y con ello puede recibir una pena menor, e iniciar de inmediato su condena.

Otras novedades

El sistema irá acompañado de varias leyes, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual reconoce los derechos humanos de personas sentenciadas, y les otorga beneficios, como: la liberación anticipada, conmutación de la pena, libertad condicionada, arresto domiciliario, trabajo en favor de la comunidad (como un sustitutivo de la pena).

Asimismo, regula las responsabilidades y obligaciones de los gobiernos federal y estatales, así como de autoridades de centros penitenciarios, para el control y buen funcionamiento de los programas de reinserción social.

Además cuenta con un enfoque de género y reconoce las necesidades y problemáticas específicas de las mujeres, y sus hijos o hijas.

Pondera la importancia de los pueblos indígenas y brinda medidas en favor de miembros de estas comunidades.

Con estas disposiciones se busca que las cárceles en México no se saturen y se eviten problemas de violencia y condiciones de precariedad. Datos del Consejo de Coordinación para la Complementación del Sistema Nacional de Justicia Penal refieren que cada día de prisión preventiva cuesta al Estado 220 pesos (11 dólares).

¿México está listo?

A pesar que este sábado entra en vigor la aplicación del nuevo sistema, datos de la Comisión Nacional de Seguridad refieren que de los 350 mil policías de los tres niveles de gobierno, sólo se ha capacitado al 80%. Las autoridades han argumentado que la actualización será continua y que hay rezago en entidades donde se cuenta con una fuerza policíaca demasiado grande.

La capacitación será vital para los policías, pues entre sus facultades está levantar denuncias (como un agente del Ministerio Público), así como ser testigo en el juicio oral, custodiar el área de los hechos, entre otras.

En algunos estados el sistema penitenciario ya funciona, tal es el caso de la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Durango; sin embargo, en estas entidades, según cifras del Comité de Seguimiento y Evaluación del nuevo Sistema de Justicia Penal, existe una tendencia ascendente en el uso de reclusión preventiva.

Es decir, que aunque el nuevo sistema recomienda que los inculpados sigan su proceso en libertad, en la realidad no se cumple. "Hay estados en los que opera la reforma en los que la prisión preventiva ha aumentado", dice la evaluación oficial.

El documento también refiere que desde 2013 a la fecha, más de 15 mil personas han sido beneficiadas con las alternativas previas al juicio.

En esos estados, el nivel de impunidad sigue siendo alto. Incluso el comité recomienda: " la impunidad de homicidio intencional indica que debe reforzarse la investigación de este delito".

En un análisis titulado "Reforma penal de 2008: expectativa vs realidad" y realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), se expone que en México tiene que superar una brecha en la impartición de justicia, pues a pesar que en algunos estados el nuevo sistema ya entró en vigor, se siguen cometiendo los errores del pasado, lo cual ha provocado la sobrepoblación de las cárceles, procesos engorrosos, impunidad y presos sin sentencia.

Estas situaciones, dice el think tank, ha retrasado 11 años la correcta aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Por otra parte, se explica que el nuevo modelo irá acompañado de leyes, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Delincuencia Organizada, las cuales se aprobaron de última hora el pasado 14 de junio.

"La responsabilidad compartida entre instituciones federales y locales es continuar con los esfuerzos que garanticen su consolidación en el tiempo; el mayor riesgo al cual nos enfrentamos como país es que se dé carpetazo al tema cuando aún estamos lejos de alcanzar todos los objetivos", dice el catálisis.

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