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CityLab Vida Urbana

El duro castigo que implica para los inmigrantes vivir en suburbios

La dependencia del automóvil y la falta de transporte público puede ser particularmente compleja para los indocumentados.
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25 May 2017 – 2:52 PM EDT

En Estados Unidos, todo el mundo paga un alto precio por la expansión suburbana. Pero la cultura centrada en el automóvil prevalente en el país es particularmente costosa para los inmigrantes, sobre todo para los que no tienen papeles. Para ellos, conducir o no conducir puede ser no sólo una cuestión de conveniencia, sino de supervivencia. Y aquí no hay soluciones fáciles.

En las últimas décadas, más inmigrantes han evitado los densos núcleos urbanos con mucho transporte público, donde solían asentarse, en favor de las zonas metropolitanas más extensas en la región del Cinturón del Sol, las que ofrecen empleos y vida asequible. También se han asentado cada vez más en los suburbios. Estos cambiantes patrones de asentamiento implican que más y más inmigrantes dependen de los autos para ir a trabajar, dejar a sus hijos en la escuela, ir al médico y comprar víveres.

La mayoría de los estados no permiten que los inmigrantes indocumentados soliciten licencias de conducir. Hacerlo implicaría condonar su presencia ilegal en el país, según han argumentado quienes se oponen firmemente a la inmigración. La primera consecuencia de esta postura para los inmigrantes es la pérdida de productividad de los trabajadores: los largos desplazamientos en transporte público poco confiable pueden significar menos horas de trabajo o incluso desempleo.

Pero al conducir sin licencia, los inmigrantes tienen mucho más que perder. Aparte de unos cientos de dólares en multas, corren el riesgo de la deportación.


En Georgia, conducir sin licencia es un delito grave

En 2010, The New York Times detalló el caso de Felipa Leonor Valencia, una mamá con una hija adolescente nacida en Estados Unidos, quien fue procesada para su deportación después de que fue golpeada por otro auto en Georgia. Valencia, al igual que cientos de miles de personas más en el estado, había estado conduciendo sin licencia (a nivel nacional, 4 millones de inmigrantes indocumentados conducían sin licencia en 2010). "Tenemos que trabajar para apoyar a nuestros niños, así que tenemos que conducir", le dijo Valencia, quien había estado viviendo en Georgia por 17 años en aquel momento, al Times. "Si conducimos, nos detiene la policía. Lo primero que preguntan es, '¿Puedo ver su licencia?'. '¿No tiene? A la cárcel'. Y de la cárcel a la deportación".

En los últimos años Georgia ha promulgado leyes incluso más estrictas, haciendo de la conducción sin licencia un delito grave. El hecho de ser atrapado conduciendo sin licencia cuatro veces en cinco años puede resultar en miles de dólares en multas y hasta cinco años de prisión. Al ser acusados de un delito grave, los indocumentados se convertían en prioridades para la deportación bajo la estrategia de aplicación de la ley de 2014 de la administración Obama, la cual, según sus propias palabras, estaba dirigida contra los ‘criminales, no las familias’. En la práctica, esa distinción, a pesar de lo imperfecta que era, no siempre se cumplía por parte de la anterior administración.


Los partidarios de estos castigos sostienen que mejoran la seguridad pública (aunque las investigaciones demuestran que darles licencia y seguro a los conductores indocumentados disminuyen los índices de accidentes en los que el culpable se da a la fuga). Quizá sea más preciso decir que estas normas son promulgadas con otro objetivo en mente: el " desgaste mediante la aplicación de la ley", impulsado por los grupos antiinmigrantes como el Centro para Estudios de Inmigración (CIS) y la Federación para una Reforma de Inmigración Americana (FAIR). Según el director ejecutivo del CIS, Mark Krikorian, las estrictas leyes de conducción están entre las políticas que hacen la vida de los indocumentados tan difícil que "se rinden y se deportan a sí mismos", lo cual ayudará a reducir su número "a una molestia manejable".

Sin embargo, el impacto de esta "ley de criminalización del tránsito" no se ha limitado a los inmigrantes indocumentados. Un análisis de 2016 realizado por la Alianza Latino Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR) y Advancement Project descubrió que alentaba la desenfrenada discriminación racial de residentes de raza negra y latinos, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

Incluso el derecho a conducir no los pone a salvo

Bajo la administración de Trump, cualquiera sin papeles puede ser blanco de la deportación si aparece en el radar de las autoridades federales de inmigración. Conducir —incluso donde es legal— incrementa las probabilidades de que ocurra lo anterior.

En el estado liberal de California, casi un 80% de la fuerza laboral necesita conducir para ir a trabajar. En 2015, el estado aprobó una ley que les permite a los residentes indocumentados solicitar licencias.

Pero un reciente informe publicado por el Comité de Abogados para los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco destaca las disparidades raciales en las citaciones de tráfico en todo momento. En primer lugar, los conductores hispanos son mucho más propensos a ser citados por infracciones de tráfico. Las multas relacionadas con estos delitos en California se encuentran entre las más altas del país y un programa de amnistía del tránsito que ayudaba a los conductores de bajos ingresos a pagarlas finalizó recientemente. Esto significa que cada vez más personas no podrán pagarlas. Entre estas personas se encuentra la gente de color que es más propensa a ser arrestada.

“En los condados del Área de la Bahía, los conductores blancos tienen aproximadamente la mitad de probabilidades de ser llevados a la cárcel del condado por conducir sin haber pagado una infracción de tránsito, en relación con el promedio de población del condado según el censo, mientras que los conductores hispanos o de otras categorías raciales tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades”, dijo el informe.


Una vez que se envía una persona indocumentada a la cárcel, sus huellas dactilares se comparten con las autoridades federales de inmigración. Esto también ocurre en las denominadas ‘ciudades santuario’. Incluso aunque la policía de estas ciudades no los entregue, Inmigración y Aduanas (ICE), fácilmente puede seguirles la pista usando otra información que las agencias de las ciudades comparten con ellos. Como mi excolega George Joseph escribió en NPR, incluso las ciudades liberales como Los Ángeles y Seattle, fácilmente le dan a ICE el acceso a determinadas bases de datos policiales.

Si ese enfoque no funciona, ICE también puede ir directamente al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). En mayo de 2016, el Centro Legal de Inmigración Nacional (NILC) publicó información obtenida a través de la Ley de Libertad de Información que reveló "una compleja red de relaciones y sistemas de comunicación" entre los DMV estatales e ICE. En primer lugar, ICE tiene acceso al Sistema de Telecomunicaciones de las Fuerzas Nacionales de Aplicación de la Ley (Nlets), que contiene detalles sobre los accidentes y las infracciones de tránsito.

“Si ICE está interesado en los individuos en particular, puede utilizar esta información para localizarlos”, explicaron en NILC. “Además, de manera descentralizada, las Oficinas de Detención y Deportación (ERO) de ICE mantienen contactos regulares a través de correo electrónico y otras formas de comunicación con los DMV estatales fuera de las redes oficiales, para obtener información y fotos en las bases de datos de licencias de conducir y de registro de vehículos para colaborar con las agencias estatales en el cumplimiento de las leyes de inmigración”.

Esto sucedió recientemente en Vermont, otro estado donde los inmigrantes indocumentados pueden conducir. En 2015, Abdel Razaq Rababah, un hombre jordano que había solicitado una licencia, fue entregado a ICE . "El Estado de Vermont no puede mantener la promesa de los privilegios legales de conducir por un lado, y la amenaza de detención de inmigración por el otro", dijo en un comunicado el abogado de la ACLU Jay Díaz en aquel momento. Sin embargo, la larga tradición de que ICE se apropie de los datos de los DMV estatales ha continuado, después de que ese caso se resolvió en 2016. Y los defensores de los inmigrantes no se muestran optimistas en lo absoluto de que ICE bajo la administración de Trump se abstenga de hacerlo en el futuro.

Al final del día, quienes se oponen a la inmigración ilegal pueden concluir que estas medidas están justificadas para descartar a aquéllos cuyo delito es haber cruzado ilegalmente la frontera. Pero es útil cuestionarse si el peso de ese castigo —la deportación— es apropiado para el delito por el que estos inmigrantes están siendo castigados: conducir en un país que está construido para los autos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.


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