Qué significa la demanda contra California y qué impacto tendría en los derechos de los inmigrantes

El fiscal general Jeff Sessions lanzó su ataque más potente hasta la fecha contra las llamadas políticas ‘santuario’, al profundizar su guerra contra el Estado Dorado.

“California, tenemos un problema”, dijo Sessions el miércoles en un discurso en Sacramento. “Al contrario de lo que pueden escuchar de los radicales sin ley de las fronteras abiertas, no le estamos pidiendo a California, Oakland o a nadie que apliquen las leyes migratorias… Simplemente estamos pidiéndole a California y a otras jurisdicciones santuario que dejen de activamente obstruir la aplicación de la ley federal”.

Esta petición se concretó en una demanda que el Departamento de Justicia interpuso este martes en la corte federal, en la que se acusa que tres leyes californianas disminuyen la capacidad de las autoridades migratorias para capturar y deportar inmigrantes no autorizados en esta zona.

¿Qué podría significar esta demanda para las políticas ‘santuario’ en ciudades y estados? No está totalmente claro por el momento. Por lo bajo será una nueva prueba para el equilibrio de poder entre los gobiernos locales y el gobierno federal en cuanto a temas migratorios, ya que es posible que esto llegue a la Corte Suprema de EEUU, de acuerdo a expertos legales. Pero lo que más está en riesgo es la ley californiana de trabajadores inmigrantes, la que está funcionando desde comienzos de año y que extiende las protecciones más allá de las políticas santuario.

La demanda del martes esconde en su raíz preguntas complejas y profundamente cruciales sobre la relación entre el gobierno federal y los estados, cuyas respuestas han definido el equilibrio con el poder local, estatal y de las ciudades en EEUU. Por ejemplo, ¿cuál es alcance del control del gobierno sobre la inmigración? ¿Hasta qué punto los estados, condados y ciudades pueden regular sus asuntos internos? ¿Qué excepciones debe haber en ambos casos? La forma en que ambas partes enfrenten estas preguntas es algo que se apreciará cuando el caso comience a avanzar su cauce judicial.

“Esencialmente, lo que sucederá es que el gobierno federal argumentará que… cualquier cosa relacionada con inmigración es parte de su campo”, dice Rick Su, profesor de Derecho en la Universidad de Buffalo, especialista en inmigración y gobiernos locales. “Y, esencialmente, el estado dirá ‘esto no se puede leer de manera amplia, porque eso le quitaría todo —o demasiado— de la prioridad legal a la esfera regulatoria del estado’. Y dirán ‘tú tienes que también reconocer que lo que se hace aquí, aunque está tangencialmente relacionado con la inmigración, está realmente conectado con el interés legítimo del estado”.

Esta tensión entre el poder federal y local ya ha surgido antes, en la era Obama, en la época de Reagan e incluso antes de la Guerra Civil. De manera reciente, se pudo ver en el caso Arizona vs EEUU, en el que Arizona trató de implementar leyes locales de inmigración extremadamente estrictas. En esa ocasión, varias partes de la ley fueron eliminadas, pero la Corte Suprema reafirmó la capacidad del estado de pedirle a la policía local que recolecte información sobre la situación migratoria. Irónicamente, esta dinámica política contribuyó a que el estado se volviera más a favor de los inmigrantes eventualmente.

En su demanda, el Departamento de Justicia está atacando a tres leyes californianas. La primera es la SB-54, la que fue aprobada al final del año pasado, provocando la ira de Sessions. Esta limita a las policías locales de detener, interrogar y compartir cierta información sobre inmigrantes indocumentados, a no ser que hayan cometido crímenes serios específicos (varias cortes han cuestionado la legalidad de que se mantenga detenido a inmigrantes esperando a ICE cuando no hay una orden de arresto, lo que ha promovido este tipo de leyes en el país).

Luego está la ley AB-103 , la que requiere que el estado supervise las condiciones de las facilidades de detención de migrantes en su jurisdicción y establece una moratoria en el arrendamiento de camas carcelarias a ICE.

Y finalmente está la ley AB-450, la que requiere una orden judicial para inspeccionar registros de empleados y obliga a que las empresas notifiquen a los empleados antes de que ICE haga redadas en el lugar de trabajo. Esta tercera ley —también conocida como ley de trabajadores inmigrantes— es la más susceptible de ser desafiada legalmente, en parte porque pone a privados en la mitad de la pelea entre el estado y el gobierno federal.

La discusión de esta última ley podría obligar a las cortes a decidir importantes cuestiones respecto a los procedimientos en arrestos y redadas. “Una corte analizando este tema quizás tendrá que decidir si es razonable esperar que ICE tenga que dar una citación o una orden judicial”, dice Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad de Denver, quien estudia la intersección entre derecho criminal y migratorio.

La demanda del Departamento de Justicia dice que estas leyes violan estatutos federales y cita la Cláusula de Supremacía de la Constitución, la que dice que, en caso de conflicto, la ley federal manda frente a la ley estatal. “No hay anulación. No hay secesión. La ley federal es ‘la ley suprema de la tierra’”, dijo Sessions, quien fue bautizado en honor a dos líderes del Ejército Confederado. “Yo invitaría a quienes tienen dudas respecto a esto a ir a Gettysburg y a las tumbas de John C. Calhoun [vicepresidente de EEUU y político sureño que apoyó la esclavitud durante la guerra] y Abraham Lincoln”.

Esta es una posición especialmente llamativa, porque parece darse vuelta la chaqueta y revertir una idea constante de los políticos conservadores, quienes hasta ahora habían dado preferencia a los derechos locales y de los estados.

“La ironía del principal reclamo legal de la administración Trump es notable”, dice Hernández. “Al revertir los principios legales conservadores que vienen desde las peleas contra la integración racial donde apoyaban a los derechos de los estados, el Departamnto de Justicia está tratando de forzar a que California haga algo que claramente no quiere hacer”. De la misma manera, California está tomando la posición opuesta, que tradicionalmente es la que han tenido los conservadores.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, será el defensor en la demanda. El miércoles respondió en una conferencia de prensa insistiendo que las leyes estatales funcionan “en concierto” con las federales y que la Décima Enmienda pone límites al poder federal sobre los derechos de los estados.

“Al adoptar la Ley de Valores [SB-54], el estado ejercitó su derecho para definir las circunstancias donde los órganos de aplicación de ley estatales y locales pueden participar en aplicación de ley migratoria”, dijo Becerra. “No estamos ejecutando leyes migratorias, estamos ejecutando leyes de seguridad pública. Nosotros no nos estamos metiendo en su tema, y ellos no se están metiendo en el nuestro”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.