Lo que realmente significan para los inmigrantes las redadas en los 7-Eleven
Noventa y ocho tiendas 7-Eleven. 17 estados y Washington DC, 21 arrestos. El 10 de enero, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo lo que se le considera la mayor ofensiva contra la inmigración en una sola empresa desde que Donald Trump asumió la presidencia. La agencia ha dicho que es probable que este tipo de redadas se repitan en el futuro, y es probable que se enfoquen en empresas de todos los tipos y tamaños.
En una declaración por correo electrónico, el subdirector del ICE, Thomas D. Homan, dijo que las redadas "enviarán un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contraten y empleen fuerza laboral ilegal: ICE hará cumplir la ley y, si se descubre que usted infringe la ley, se le hará responsable".
Pero, ¿qué mensaje enviaron realmente las redadas a las comunidades en las que Trump se enfocó? El propósito principal de redadas como éstas parece ser infundir miedo a los trabajadores indocumentados al hacerles saber que corren el riesgo de ser deportados si se presentan a trabajar. Estas incursiones en los centros laborales se remontan a la era de George W. Bush y encajan en una estrategia más amplia que la administración Trump ha adoptado, que busca hacer que las condiciones de vida sean tan inhóspitas que los inmigrantes indocumentados opten por irse o 'autodeportarse'.
El resultado de las redadas también muestra que, a pesar de la retórica sobre la selección de los empleadores, ICE realmente podría no estar yendo tras los peces gordos. De los 21 arrestos realizados la semana pasada, ninguno fue de un propietario o administrador de una franquicia. Y aunque parece claro que tenían como objetivo los inmigrantes indocumentados, el número de arrestos (21) es insignificante en comparación con el número de tiendas allanadas: 98 en 17 estados.
"La decisión del ICE de enviar agentes armados a franquicias de la emblemática compañía estadounidense 7-Eleven es un regreso a las tácticas de aplicación de la ley migratoria de la era de Bush que siembran el temor en las comunidades de migrantes, pero que a menudo resultan en pocos arrestos", dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad de Denver. "De hecho, las operaciones de la semana [pasada] muestran cómo las redadas en los centros laborales son mucho más importantes simbólicamente que como herramientas reales para identificar a las personas que violan la ley migratoria".
Durante estas inspecciones en el lugar de trabajo, también llamadas auditorías I-9, los agentes de ICE ingresan a los centros laborales y realizan entrevistas con empleados y gerentes para determinar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Si encuentran violaciones, pueden multar a los empleadores. En algunos casos, el Departamento de Justicia presenta cargos penales. Bajo esta administración, los empleados que se encuentren indocumentados a través de una investigación están sujetos a arresto y deportación.
"Estas redadas son interesantes, ya que se enfocan en las franquicias", dijo Mai Nguyen, profesora asociada de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Carolina del Norte. " La corporación no necesita cambiar nada [su forma de trabajar], porque no se enfocan en la corporación, sino que se enfocan en los propietarios individuales de tiendas 7-Eleven". Este enfoque parece alinearse con la voluntad de la administración de no molestar mucho a las grandes empresas. Apenas en diciembre pasado, el presidente Trump conmutó la pena de prisión de 27 años de Sholom Rubashkin, cuya planta empacadora de carne de Iowa —parte de una gran corporación llamada Agriprocessors Inc.— fue objeto de una gran redada de inmigración en 2008.
No está claro si las redadas en los centros laborales en la era de Trump finalmente serán efectivas para disuadir a los empleadores de contratar inmigrantes indocumentados. Pero restringir la capacidad de los inmigrantes indocumentados para trabajar encaja en una antigua estrategia, llamada ' desgaste mediante la aplicación de la ley' ('attrition through enforcement', en inglés), ya conocida entre quienes tienen una postura dura hacia la inmigración. Esta busca sacar a los inmigrantes del país de forma voluntaria. Es un enfoque que ha sido popular en estados como Arizona y Alabama, y que esta administración, en particular, ha adoptado.
Algunos efectos de esta campaña de temor ya son visibles. Los propietarios están amenazando a inquilinos inmigrantes con la deportación. Y el año pasado, los empleados de Motel 6, que también es una franquicia, fueron descubiertos divulgando información privada sobre sus huéspedes a funcionarios de ICE en Arizona y el estado de Washington, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir, números de matrícula y números de habitación. Estos informes resultaron en al menos 26 arrestos entre ambos dos estados. El estado de Washington ahora está demandando a la empresa.
Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité Nacional de Abogados para los Derechos Civiles, predice que ICE llevará a cabo más redadas en hoteles y moteles, cadenas de comida rápida, tiendas de conveniencia y restaurantes.
"Estoy muy preocupada por el impacto en los trabajadores y las personas que buscan trabajo y buscan una forma de alimentar a sus familias", dijo Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité Nacional de Abogados para los Derechos Civiles.
Los activistas de inmigración también argumentan que la aplicación de las leyes migratorias en los centros laborales afecta las economías locales, sin abordar realmente las causas de la inmigración ilegal. Al igual que otras amplias redadas que se planifican para las llamadas ciudades santuario, los críticos dicen que una aplicación más enérgica de las leyes migratorias en los centros laborales probablemente continuará añadiendo una presión desmedida sobre las comunidades de inmigrantes.
"Lo que termina sucediendo con estas redadas o con prácticas punitivas es que realmente asustan a toda la comunidad y los hace pasar a funcionar de forma clandestina... Las empresas pierden clientes y eso afecta sus resultados", dijo Nguyen.
A ella le preocupa que los empleadores y los compañeros de trabajo puedan volverse más desconfiados de los empleados actuales y potenciales. "El empleador se vuelve mucho más cuidadoso acerca de cómo contratan y si contratan o no inmigrantes indocumentados", dijo. "Y, más allá de eso, se vuelven mucho más escrutadores incluso para los inmigrantes documentados".
ICE sostiene que, a pesar del mayor enfoque en las redadas en los centros laborales, estas operaciones no son un alejamiento significativo de las realizadas en administraciones anteriores. Las recientes redadas buscaron dar seguimiento a las inspecciones en las franquicias de 7-Eleven realizadas en 2013, le dijo ICE a CityLab. La serie previa de redadas a las tiendas 7-Eleven resultó en el arresto de nueve propietarios y gerentes de franquicias, quienes enfrentaron cargos de fraude electrónico, robo de identidad y "ocultar y albergar extranjeros ilegales", dijo la agencia. Todos menos uno de los nueve, quien se encontraba prófugo hasta noviembre de 2017, se declararon culpables.
En general, en 2017, ICE realizó 1,360 auditorías en los centros laborales, lo que resultó en 139 arrestos criminales y 172 arrestos administrativos (en general, ICE realizó 143,470 arrestos administrativos ese año). Según la agencia, se les ordenó a las empresas pagar 97,6 millones de dólares en confiscación judicial y multas penales, además de sanciones civiles ese año.
Esas cifras son bajas en comparación con el primer mandato del expresidente Barack Obama, cuando la aplicación de las leyes migratorias en los centros laborales produjo más arrestos. Incluso en 2014, cuando esa administración decidió priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves, el número de arrestos fue más alto que en 2017, cuando hubo 541 arrestos administrativos y 362 arrestos criminales.
En 2008, bajo el presidente Bush, el total de arrestos por aplicación de las leyes migratorias en los centros laborales llegó a 6,297 personas, de las cuales más de 1,000 fueron delictivos. La diferencia fue que la administración Bush se enfocó en acorralar a los inmigrantes no autorizados, en lugar de penalizar a los empleadores, como lo hizo la administración Obama. Bajo Trump, parece haber un regreso al enfoque de la era de Bush.
"Por sí solas, las redadas en los centros laborales representan un cambio en las tácticas en lugar de un énfasis distinto en las empresas", dijo García Hernández. "La pregunta clave es con qué frecuencia en el futuro ICE se involucra en redadas en los centros laborales".
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com
