Las sombras de los recortes presupuestarios a la vivienda pública

Las autoridades de vivienda no están contando con las garantías limitadas de Ben Carson. El secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha amenazado recortes de hasta 6,200 millones de dólares a la asistencia en materia de vivienda para las familias estadounidenses vulnerables - y no ha abordado el miedo de los oficiales con sus explicaciones aguadas. Por ejemplo, ha dicho que el proyecto de ley sobre infraestructuras en el horizonte compensará los inminentes recortes en el presupuesto del HUD. Preparándose para la austeridad, algunas autoridades de vivienda pública están tomando decisiones difíciles sobre sus futuros planes financieros.

Conforme se evidencian los recortes planeados al gasto, dichas autoridades pueden enfrentar ansiedad. Incluso antes de que el congreso retome la cuestión de la reducción de asistencia de vivienda, el recorte de gastos por parte de las autoridades de vivienda pública podría hacer los vales del programa (Sección 8) de Vales de Elección de Vivienda difíciles de encontrar.

"Vemos esto regularmente con la amenaza de los recortes presupuestarios", dice Deborah Thrope, abogada supervisora para el Proyecto de Ley Nacional de la Vivienda. "Estamos en una situación interesante, porque el presupuesto no ha sido recortado todavía, así que no sabemos qué va a suceder a nivel federal. Pero las autoridades de la vivienda, en preparación para posibles recortes, generalmente comenzarán a reducir sus gastos".

Las autoridades de vivienda pública sin fines de lucro administran vales a nivel estatal y local, utilizando los fondos que reciben del HUD. Estas agencias tienen una gran flexibilidad para establecer sus propias normas para determinar la elegibilidad y cómo asignar los vales de vivienda. Cuando estos organismos enfrentan recortes presupuestarios, dice Thrope, sus respuestas pueden variar desde inconvenientes a corto plazo hasta decisiones que pueden tener un "dramático impacto negativo sobre los inquilinos".

Cada autoridad de vivienda pública recibe una asignación limitada de vales de vivienda bajo la Sección 8. (Éste ya no es el nombre del programa de Vales de Elección de Vivienda, incluso aunque todo el mundo aún lo llama así). Cada agencia utiliza un determinado porcentaje de esos vales en cualquier año fiscal, porque el programa experimenta retornos. Las familias se van de la zona, ya no necesitan la ayuda, no califican, y así sucesivamente; el período de tiempo promedio durante el que una familia puede acceder a los subsidios de vivienda es de 3 a 5 años. Eso significa que normalmente hay oportunidades para emitir vales nuevos cada año.

Pero cuando las autoridades de la vivienda encargadas de distribuir estas subvenciones ven recortes presupuestarios en el horizonte, pueden embolsarse esos vales retornados.

"Digamos que usted es una familia que ha estado en la lista de espera 10 años, y su nombre está finalmente a punto de salir", dice Thrope. "Va a tener que esperar aún más, porque la autoridad de vivienda ha dejado de emitir nuevos vales para las familias en las listas de espera".

Cuando surge el fantasma de los recortes, las agencias de vivienda recortan sus propios presupuestos

Ése es sólo un ejemplo de una medida de ahorro de costos a la que las autoridades de vivienda pública recurren cuando se siente agobiadas. El gobierno federal reembolsa a los organismos según el número de vales en uso; cada familia que utiliza vales implica ciertos costos administrativos para el programa. Los organismos que están maximizando su conteo de vales pueden preocuparse de que no tendrán los fondos para administrar a todas las familias cuando sus presupuestos sean recortados, dice Shamus Roller, director ejecutivo del Proyecto de Ley Nacional de la Vivienda. Así que se contienen.

Algunos organismos de vivienda ya están recurriendo a la reducción preventiva de costos. Ése es un problema para los defensores de la vivienda (y las familias vulnerables), ya que el número de vales que se utiliza determina las asignaciones para el año siguiente. Retener los vales es una solución draconiana. Pero las agencias de vivienda –que todavía resienten el secuestro, cuando los recortes presupuestarios impuestos casi de la noche a la mañana obligaron a algunas de ellas a tomar medidas drásticas– han sido obligadas a hacer cosas peores.

"Vimos casos de autoridades de vivienda que sacaron a familias del programa, después de haber emitido sus vales", dice Thrope. "Las familias recibieron sus vales, y luego les dijeron que tenían que devolverlos, y fueron eliminadas inmediatamente".

La mayoría de las reacciones son menos graves que quitarle totalmente la asistencia a una familia. Estos resultados se dividen en tres categorías principales.

Reducción de estándares de pago. Esto se refiere a la fórmula para determinar el valor de un vale de Sección 8. Una familia que recibe el subsidio paga el 30% del ingreso promedio del área en la renta; el vale cubre el resto, hasta un límite máximo que se fija en la tasa del mercado. Frente a los recortes presupuestarios, muchos organismos de vivienda inmediatamente reducen este límite. Si un organismo disminuye el límite máximo de 1,500 dólares para un apartamento de dos dormitorios a 1,300 dólares, la familia que recibe el vale es responsable de cubrir los 200 dólares restantes.

Reducción de estándares de subvención. Los organismos de vivienda también responden a los recortes presupuestarios pagando unidades de apartamentos más pequeñas. Un vale destinado a un cabeza de familia y a otros dos inquilinos—digamos, una madre soltera y sus dos hijos—pueden requerir que los dependientes compartan una habitación. Dice Thrope que los recortes a lo que se conoce como estándares de subvención son comunes. "[Los vales] no sólo están pagando menos por las rentas, están poniendo a las personas en viviendas de menor tamaño con menos habitaciones", dice ella.

Negarse a conceder alojamiento razonable. Una tercera vía que utilizan los organismos de vivienda para recortar las ayudas implica la negación de lo que se conoce como alojamiento razonable. Esto afecta a las familias en las que hay personas con discapacidad. Bajo ley federal de vivienda justa, las familias con discapacidad están exentas de ciertas normas y políticas o tienen derecho a otros beneficios. Sin embargo, los organismos pueden rechazar estas solicitudes de alojamiento razonable, aduciendo una supuesta carga financiera.

Dónde se recortará el presupuesto, y cómo los recortes de vivienda afectarán a las comunidades

No es del todo claro que el congreso pueda aprobar un presupuesto que incluya todos los recortes de gastos que desea la administración Trump. ( Gracias a la peligrosa mecánica del secuestro, un presupuesto de la Casa Blanca puede no tener sencillamente ninguna esperanza). Y muchos detalles en el anteproyecto de presupuesto no están claros: en la asistencia para la vivienda, por ejemplo, la administración Trump ha prometido "reformas que reduzcan los costos mientras continúan apoyando a los 4.5 millones de familias de bajos ingresos"—sin especificar lo que esto significa en dólares.

Pero las agencias de vivienda tienen sobrados motivos para creer que se acercan los recortes. La política de austeridad presupuestaria de Trump llega en un momento en que los alquileres están aumentando tan rápidamente que incluso los vales de financiación a niveles regulares provocarían una gran disminución en el número de familias de bajos ingresos que reciben vales. La magnitud de los recortes propuestos para el HUD, muchos de los cuales siguen siendo vagos, es un anuncio de que los vales de vivienda enfrentan un futuro pobre.

Affordable Housing Online, que ayuda a las personas a encontrar la ayuda federal de vivienda y compila datos sobre viviendas asequibles en todo el país, acaba de lanzar una calculadora para mostrar cómo los recortes presupuestarios del HUD para el año fiscal 2018 podrían afectar a las comunidades de todo el país. La calculadora desglosa los efectos a niveles de estado, condado y ciudad; su mejor estimación aproximada de los recortes totales al programa de Vales de Elección de Vivienda es de más de 1 mil millones.

Semejante escenario podría infligir un dolor considerable. En Nevada, para elegir un solo estado, los recortes presupuestarios para el año fiscal 2018 indican una disminución de 6.9 millones de dólares para los vales de vivienda, según la calculadora. Si se toma un costo mensual promedio de los vales de 730 dólares, los organismos de vivienda pública de Nevada perderán vales de la Sección 8 para aproximadamente 792 familias. Como informa el Nevada Independent, sumando todos los recortes de varios vales de HUD, unas 1,300 familias de Nevada perderán la asistencia. Los recortes sólo exacerbarán la crisis de viviendas asequibles en Nevada, donde sólo el 39% de las familias de ingresos muy bajos pueden encontrar unidades asequibles.

Si finalmente ocurren estos recortes presupuestarios, los organismos de vivienda pública pueden necesitar tomar atajos—recurriendo a los estándares de pago o las subvenciones estándar, rechazando el alojamiento razonable—para estirar sus fondos. Pero eso no será suficiente.

Y los organismos de vivienda pueden necesitar tomar decisiones difíciles, incluso aunque el presupuesto de Trump no sea aprobado. Como informó Politico, la Casa Blanca espera reducir en algo el presupuesto del año fiscal actual. Los recortes detallados del gasto a corto plazo de la administración –destinados a la resolución continua, que deberá ser aprobada para el 28 de abril para evitar el cierre del gobierno– no necesariamente van a ser aprobados. Actualmente, no incluyen recortes específicos a los vales de vivienda, pero las negociaciones presupuestarias todavía tienen que desarrollarse.

Aunque lo republicanos no tomen medidas, las autoridades de vivienda pública aún seguirán privadas de fondos por el aumento de los alquileres. Pero los recortes presupuestarios prometidos por la administración Trump harán que los organismos se apresuren a tomar medidas como lo hicieron tras la última reducción de presupuesto.

"Volviendo al secuestro, cada defensor con quien hablamos estaba experimentando estos cambios", dice Thrope. "Muchos de ellos tuvieron un impacto negativo sobre los clientes a quienes atendían y sobre las familias en el programa. Yo esperaría que fuera muy similar aquí, y una vez más, ya los defensores locales nos están informando que así está sucediendo".

"Sucede en todo el país", agrega, "en las zonas rurales, las áreas metropolitanas, realmente en todas partes".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.