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Inmigración, salario mínimo y más: estas son todas las formas en que los estados están limitando a las ciudades

Los gobiernos estatales, muchas veces más conservadores, están luchando duramente para bloquear medidas progresistas emanadas de alcaldes y concejos municipales.
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15 Jun 2017 – 11:54 AM EDT

Conforme las ciudades miden sus fuerzas contra las políticas del presidente Trump en todo aspecto, desde el cambio climático hasta la inmigración y el desarrollo económico, enfrentan un grave obstáculo: los radicales esfuerzos estatales para invalidar su autoridad.

Estos esfuerzos se remontan a mucho antes del ascenso populista de Trump al poder y abarcan toda una serie de cuestiones críticas: desde los intentos de los estados de bloquear los aumentos del salario mínimo y las protecciones para la no discriminación de las personas LGBTQ hasta las prohibiciones generales sobre ordenanzas que restringen el fracking y las armas de fuego.

Los lectores de CityLab reconocerán muchos ejemplos de este fenómeno antiurbano. Un nuevo artículo en la revista Journal of Federalism escrito por Lori Riverstone-Newell de Universidad Estatal de Illinois ofrece un panorama completo del ascenso de las leyes de prelación estatales, basándose en ejemplos recientes de batallas en curso para afirmar la soberanía de las ciudades. He aquí un resumen de las principales batallas por área política.

Salario mínimo

El movimiento ‘Lucha por los 15’ se trata realmente de las ciudades. Para noviembre de 2016, Riverstone-Newell escribe que casi cuarenta ciudades y condados habían acordado aumentos del salario mínimo que iban desde 8.50 dólares hasta 15.75 dólares por hora en algunos estados como Arizona, California, Florida, Illinois, Nuevo México, Maryland, Washington y Maine (además de Washington DC). Actualmente, 29 estados establecen un salario mínimo más alto que el del gobierno federal y Arizona, Colorado, Maine y Washington aprobaron aumentos a nivel estatal en 2016.

Pero estados como Ohio, Alabama y Missouri han tomado medidas para anticiparse a los aumentos del salario mínimo. Esta táctica es un fenómeno relativamente reciente: 12 de los 23 estados con estatutos de prelación –es decir, normas que le dan mayor poder legal al estado que a los gobiernos locales– sobre salario mínimo aprobaron las leyes después de 2013.

En Ohio, el gobernador John Kasich firmó una ley de prelación en diciembre de 2016, impidiendo aumentos al salario mínimo local por encima del promedio estatal de 8.10 dólares por hora. Esto, en respuesta a la elección especial de Cleveland sobre un aumento salarial que habría ocurrido este mes de mayo. En Alabama, una ley de prelación de 2016 deshizo los esfuerzos de Birmingham por elevar el salario mínimo a 10.10 dólares por hora. Justo hoy, el alcalde de Atlanta, Kasim Reed, el Southern Poverty Law Center y el Fondo de Defensa Jurídica de la NAACP han presentado un documento legal ( amicus curiae) para instar al Undécimo Circuito a escuchar la apelación de que el bloqueo de la ley por parte de Alabama viola la Ley de Derecho al Voto y la Cláusula de Protección Igualitaria.

En Missouri, el entonces gobernador demócrata Jay Nixon vetó una ley de prelación sobre el salario mínimo, pero luego fue revocada por un legislador republicano para el HB 722 en 2015. En este caso, la ciudad de St. Louis se apresuró a aprobar una ley antes de que la ley de prelación entrara en vigor y ganarle al reloj en febrero de 2017. La Corte Suprema de Missouri confirmó la ordenanza que aumentaba el salario mínimo a 11 dólares por hora en 2018, pero los legisladores aprobaron un proyecto de ley para revertir el aumento salarial el mes pasado, el que será firmado por el gobernador republicano Eric Greitens.

Protecciones para la no discriminación de las personas LGBTQ

Más de 225 localidades tienen algún tipo de protecciones locales para la no discriminación de los derechos de las personas LGBTQ. La prelación de estas leyes se remonta a 1992, cuando Colorado aprobó una enmienda constitucional después de que varios municipios promulgaron leyes que prohibían la discriminación basada en la orientación sexual. Pero esa ley fue impugnada y revocada por la Corte Suprema en Romer v. Evans en 1996. Más recientemente, se han aprobado leyes de prelación sobre las ordenanzas locales de no discriminación en Tennessee en 2011 y Arkansas en 2015.

El ejemplo más famoso es la HB2 de Carolina del Norte, que se aprobó en marzo de 2016. Esa ley invalidó la llamada ‘ley de los baños’ de Charlotte, que habría proporcionado protección para la no discriminación de personas transgénero que utilizaran baños públicos, así como otras formas de protección. Al final del año, la ciudad acordó la derogación de la ley y, para marzo de 2017, el estado aprobó una ley, presentada como un ‘proyecto de compromiso’, que sigue impidiendo que las ciudades aprueben protecciones para las personas LGBTQ hasta el año 2020. Luchar contra estas leyes a nivel local hasta ahora no ha tenido mucho éxito reciente en las cortes tampoco. Por ejemplo, la Corte Suprema de Arkansas derogó la ordenanza de no discriminación de Fayetteville en febrero de 2017, incluso después de que un juez falló a favor de la ciudad.

Ciudades santuario

En todo Estados Unidos, más de 300 ciudades, condados, y municipios tienen algún tipo de política de ciudad santuario. Mientras tanto, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, al menos 36 estados y el Distrito de Columbia están considerando legislaciones sobre jurisdicciones santuario o de incumplimiento con las órdenes de detención de inmigración—de éstos, 33 prohibirían las políticas santuario y 15 estados y Washington DC las apoyarían, y 12 estados tendrían legislaciones a favor y en contra del tema.

La lucha por las ciudades santuario ha enfrentado a autoridades federales, estatales y municipales unas contra otras y está cercana a un punto crítico este año conforme está en peligro la financiación federal. El ejemplo más destacado de prelación podría ser Texas, donde el gobernador Greg Abbott ya bloqueó 1.8 millones de dólares en fondos de subsidios para el Condado de Travis a causa de su política santuario y firmó una ley de ‘super prelación’ el mes pasado, destinada a castigar a los funcionarios locales que no cooperen con las autoridades de inmigración. La norma debe entrar en vigor en septiembre. Un proyecto de ley de Florida impondría una multa de 5,000 dólares por día a las ciudades santuario ( el Condado de Miami-Dade ya ha votado para poner fin a su estatus de ciudad santuario) y Carolina del Norte tiene un proyecto pendiente para despojar a las ciudades de una variedad de fuentes de ingresos si funcionan como ciudades santuario. Otros estados que promulgaron restricciones este año incluyen a Mississippi, Georgia, e Indiana.

Control de armas de fuego

Varios estados han promulgado prohibiciones sobre ordenanzas locales de control de armas de fuego, especialmente Florida, Pennsylvania, Tennessee, Carolina del Norte, Wyoming y Nevada. Las ciudades han intentado luchar contra estas medidas. Un caso bien conocido fue la lucha en los tribunales del alcalde de Tallahassee Andrew Gillum, por la ley de Florida que restringe las ordenanzas locales de armas de fuego, donde ningún estatuto en particular define una política, pero donde cualquier ordenanza local que restrinja las armas de fuego es declarada ilegal.

Fracking

En abril de 2017, casi 550 localidades habían aprobado restricciones a la práctica del fraccionamiento hidráulico ( fracking) para la producción de gas natural en 26 estados. De esos estados, sólo cuatro tienen sus propias prohibiciones a nivel estatal. Muchas de las leyes son prohibiciones simbólicas, pues no hay yacimientos que se puedan extraer mediante el fracking. Pero Inside Climate News identifica trece estados donde las prohibiciones contra el fracking son contrarias a importantes intereses de la industria.

Aunque Pittsburgh fue el primer municipio que aprobó una prohibición de fracking en 2010, el principal caso de prueba de prelación es Denton, en Texas. La ciudad aprobó una iniciativa electoral en 2014 y provocó legislaciones similares en todo el país. Denton brinda un determinado ejemplo de una ciudad que estableció una política ambiental en un estado tan impulsado por el petróleo. Pero en 2015, el estado aprobó una ley para invalidar las reglamentaciones locales de petróleo y gas, limitando las reglamentaciones a cuestiones sobre la superficie de la tierra como el tráfico, el ruido, las luces o los "requisitos razonables de retranqueo", anulando la prohibición de Denton.

Oklahoma y Carolina del Norte aprobaron leyes de prelación similares relacionadas con el fracking en 2015 y también se han introducido proyectos de leyes en Florida e Indiana. Mientras tanto, en Colorado y Louisiana los tribunales han confirmado las leyes de prelación para detener las regulaciones locales sobre el fracking, pero los tribunales también han derogado semejantes leyes de prelación sobre el fracking en Pennsylvania y Nueva York. Sin embargo, Florida también está considerando una prohibición estatal del fracking después de que se han promulgado 76 prohibiciones locales en el estado.

Prelación "absoluta" o "super" prelación

Otros estados han adoptado una táctica que se denomina prelación ‘absoluta’ o ‘ superprelación’, donde la legislatura autoriza al poder ejecutivo a determinar si la legislación local viola una ley estatal sin definición concreta. Arizona aprobó una ley en 2016 que a menudo se le conoce como “la madre de todas las leyes de prelación”, la cual retiene los fondos de localidades que aprueben regulaciones u ordenanzas que contradigan la ley estatal y deja esa distinción a la procuraduría del estado. En Arizona, Iowa, Texas y Michigan se han introducido proyectos de leyes de prelación igualmente amplios. Otros proyectos de leyes absolutas de prelación se han introducido, pero no se han promulgado, aunque Riverstone-Newell observa que a menudo se minimizan como proyectos de ‘compromiso’ para detener leyes específicas, como con la HB2 de Carolina del Norte.

Las consecuencias de esa prelación absoluta son escalofriantes. ¿En qué momento los estados debilitarán la amplia capacidad de las ciudades y sus habitantes para gobernarse a sí mismos?

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Las ciudades se enfrentan a algo más que Trump. El Partido Republicano controla 33 gubernaturas y ambas cámaras en 32 legislaturas estatales. Las leyes de prelación estatales intentan despojar a las ciudades de sus capacidades no sólo para oponerse a la agenda de la Casa Blanca, sino para forjar políticas que reflejen los deseos, las creencias y las inquietudes de sus propios residentes. Las legislaturas estatales en Estados Unidos han tenido prejuicios antiurbanos durante mucho tiempo—en 2013, un estudio del que escribí en CityLab reveló que los proyectos de leyes patrocinados por legisladores de ciudades pequeñas o medianas eran en general dos veces más propensos a ser aprobados que aquellos que se originaron en las grandes ciudades como Nueva York o Chicago.

Otro obstáculo para las ciudades es el recurso de inconstitucionalidad de que jurídicamente se les considera ‘ criaturas del estado’. Los republicanos restrictivamente abogan por los derechos de los estados ante el poder federal, alegando que las ciudades no tienen derecho a desafiar al estado. Pero esto pasa por alto el origen de los derechos: estos pertenecen a la gente. He aquí cómo un senador republicano de Ohio resumió su oposición al aumento del salario mínimo de Cleveland: "Cuando hablamos de control local, nos referimos a control estatal".

Ha llegado el momento de reconsiderar la naturaleza del federalismo. Como he escrito aquí antes, realmente somos dos países diferentes, rojo y azul, con divisiones dentro de los estados. Es hora de adoptar un federalismo que reconozca los derechos de las ciudades para determinar sus propias políticas para el bien de sus ciudadanos.

Como muestra la encuesta Riverstone-Newell de prelación estatal, este conflicto no es un fenómeno nuevo: lleva décadas en ciernes. Pero Trump podría inadvertidamente haber galvanizado el movimiento de control local, más recientemente con sus acciones sobre el cambio climático. Prueba de ello es la reciente amplia coalición bipartidista de casi 250 alcaldes que se han comprometido a trabajar en pro de los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Podríamos estar asistiendo al nacimiento de un posible modelo para semejante cambio de poder.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

En fotos: Los alcaldes que se han comprometido con los inmigrantes indocumentados

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