Estos son los estados donde tu voto corre el riesgo de ser impugnado

Conforme los llamados de Donald Trump al hostigamiento de votantes afroestadounidenses y latinos en los comicios se vuelven más evidentes, es importante entender exactamente qué tipo de daño pueden causar estos autodenominados "observadores electorales". La intimidación de votantes es una cosa (y muchos observadores electorales encontrarán que algunos votantes son más difíciles de intimidar que otros), pero hay otras formas en que estos observadores electorales pueden resultar problemáticos, en especial, impugnando el derecho al voto de las personas.

Este es el tipo de ataque que puede tomar por sorpresa a un votante el día de las elecciones, porque los observadores electorales extraoficiales —aquellos que no están inscritos para la observación electoral por el estado o por los partidos políticos— pueden hacer estas impugnaciones sin siquiera enfrentar físicamente frente a los electores.

Los estados tienen diferentes reglas acerca de cómo regular los observadores electorales tanto oficiales como independientes y algunos estados son menos restrictivos que otros. El grupo de vigilancia electoral no partidista Common Cause ha reunido un informe que esboza el aspecto de las políticas de impugnación de votantes en los 11 estados disputados de esta elección presidencial: Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Virginia y Wisconsin.

Lo más problemático acerca de estas impugnaciones es que a menudo se hacen contra las personas de color. Lo que significa que las mismas poblaciones a quienes se les ha prohibido votar a lo largo de la mayor parte de la historia de Estados Unidos están siendo atacadas con tácticas de supresión de votantes. Así lo explica el informe:

“Partidos y grupos afines han llevado a cabo impugnaciones masivas, que a menudo van dirigidas contra las comunidades pobres minoritarias, las ‘ciertas zonas’ que mencionó Trump. Donde quiera que ocurran y cualesquiera que sean las circunstancias, las impugnaciones pueden ser perjudiciales para el votante, otras personas en el distrito y los funcionarios electorales. Las impugnaciones a menudo cuestionan la ciudadanía, la residencia o la identidad de los individuos o de los grupos de votantes”.

Así que si eres afroestadounidense, nativo estadounidense, latino o incluso asiático estadounidense y vives en un estado disputado, deberías verificar las leyes de su estado sobre lo que funciona y lo que no cuando se trata de impugnaciones de votantes. Este práctico gráfico del informe de Common Cause muestra un resumen de estas directrices:

"Protegiendo el voto en 2016" (Common Cause).

Sólo para proporcionar un rápido glosario, los " funcionarios electorales" son los trabajadores electorales —donde podrían incluirse algunos observadores electorales certificados— quienes trabajan en los colegios electorales, reciben a los votantes y los dirigen hacia las casillas donde pueden votar. " Las boletas provisionales" son las boletas que son contadas como válidas sólo después de que el votante presenta posterior evidencia de elegibilidad para votar ante un tribunal o un funcionario electoral.

Como se puede ver en la gráfica, hay pocos estados disputados —especialmente Pennsylvania y Florida— donde las personas que no son funcionarios electorales pueden impugnar la elegibilidad de un votante, provocando que el votante impugnado tenga que votar provisionalmente. Para Florida, uno de los estados más disputados de la contienda, esto significa que "cualquier observador electoral político o votante registrado en el condado [puede] hacer una acusación sin fundamentarla" y el votante impugnado "no tiene ninguna oportunidad inmediata para contrarrestar la acusación, por ejemplo, de que no es un ciudadano o no es elegible".

En Pennsylvania, donde Trump les ha ordenado vociferantemente a los blancos residentes en los suburbios que "vigilen" los colegios electorales urbanos, las reglas para regir a los observadores electorales independientes son bastante inadecuadas. Como en Florida, cualquier votante registrado (dentro del condado) u observador electoral autodesignado puede impugnar la identidad o residencia del votante. Pero en Pennsylvania, el votante impugnado tiene entonces que buscar a otro votante "calificado" del mismo distrito electoral quien debe emitir una declaración jurada en la que afirma que la residencia o legitimidad del votante cuestionado es legítima. Esta locura es tan terrible que Common Cause está recomendando que los votantes vayan a las urnas con amigos o familiares que puedan responder por ellos en caso de que se presente una impugnación.

En Florida, cualquier observador electoral o votante puede hacer una acusación de fraude electoral, sin necesidad de fundamentarla.

De los 11 estados disputados, sólo Ohio tiene un modelo para impugnaciones de votantes, según el informe de Common Cause. Allí, solamente los funcionarios electorales oficiales pueden impugnar a los votantes el día de las elecciones. Y lo hacen, quizás de forma excesiva. Dicho esto, cualquier votante registrado puede impugnar la elegibilidad de otro votante antes del día de las elecciones, hurgando en el padrón electoral en busca de nombres que el impugnador considere que están registrados de manera ilegítima. De nuevo, estas impugnaciones a menudo se dirigen de forma desproporcionada contra las personas de color: aquellos acusados de no tener plena ciudadanía, principalmente los de ascendencia latina, caribeña, africana y asiática.

Las impugnaciones de votantes han sido particularmente problemáticas en elecciones presidenciales anteriores tanto en Pennsylvania como en Florida. A uno de cada cinco afroamericanos ya se le impide votar en Florida debido a las estrictas leyes estatales sobre privación del derecho al voto a delincuentes. Los impugnadores aficionados se han esforzado en explotar esas restricciones para impugnar principalmente a votantes latinos y negros en Florida, muchos de los cuales posteriormente se descubrió eran elegibles para votar.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desafortunadamente reducirá el número de observadores electorales federales que generalmente despliega con el fin de proteger a los grupos que han sido históricamente afectados por razones políticas en las urnas. En 2012, el Departamento de Justicia envió casi 800 observadores para supervisar las elecciones en 23 estados. Este año, el Departamento de Justicia no ha garantizado que vaya a enviar observadores federales, gracias en gran parte a la comprometida situación de la Ley de Derecho al Voto.

Quizás para compensar esto, el Departamento de Justicia anunció el 25 de octubre que estarán disponibles abogados de sus departamentos de derechos civiles y penales para hacer cumplir los derechos federales al voto el día de la elección. Esos abogados, junto con las fiscalías federales, vigilarán ciertas urnas e investigarán quejas de acoso e intimidación a los votantes.

Pero, una vez más, gran parte del daño de los observadores electorales que actúan por su cuenta sucederá a espaldas de la mayoría de los votantes, y fuera de la vista del público. Para cuando muchos votantes sepan que les han impugnado la elegibilidad, será demasiado tarde y los abogados de derechos civiles podrán conocer esos casos sólo después del día de las elecciones.

Cuando la Ley de Derecho al Voto estaba en plena vigencia, podía, de muchas maneras, proteger a los votantes de color antes de que ocurrieran esas violaciones a los derechos de los votantes. Pero esta será la primera elección presidencial sin la vigilancia plena de la Ley de Derecho al Voto desde que fue aprobada en 1965. Y los seguidores de Donald Trump aprovecharán al máximo dicha situación.

Sigue minuto a minuto los resultados en vivo de las elecciones presidenciales el próximo martes 8 de noviembre a través de Univision.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.