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Una redada de ICE en Northridge, California, en octubre de 2015.

Este es el mapa de la posible guerra contra las ciudades santuario

Este es el mapa de la posible guerra contra las ciudades santuario

¿Qué localidades y hasta qué grado protegen a los indocumentados? La respuesta varía enormemente y cualquier medida contra ellas por parte de Trump podría ser el comienzo de una larga batalla legal.

Una redada de ICE en Northridge, California, en octubre de 2015.
Una redada de ICE en Northridge, California, en octubre de 2015.

Donald Trump ha prometido una guerra contra las "ciudades santuario" de Estados Unidos, amenazando con cortar toda ayuda federal a las comunidades "que se nieguen a cooperar" con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración. Como informó mi colega Natalie Delgadillo, varios alcaldes de grandes ciudades ya han declarado que seguirán resistiendo el uso de las fuerzas locales de la ley y el orden para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Dada la abrumadora fuerza del partido republicano en los niveles federales y estatales de gobierno, estas jurisdicciones santuario pueden convertirse en un importante campo de batalla en la lucha política contra el plan de deportación masiva del presidente electo. Actualmente, muchas comunidades santuario evitan participar en las medidas de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y optan por liberar a los inmigrantes indocumentados de la custodia policial, en vez de detenerlos, más allá de sus fechas de liberación sin orden judicial , para su transferencia a las autoridades de inmigración. La continuación o ampliación de tales prácticas locales podría obstaculizar seriamente los planes de Trump de deportar a todos los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

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Para entender dónde la administración Trump podría atacar a las localidades por negarse a cooperar con ICE, CityLab mapeó todos los condados que ICE clasifica como poseedores de políticas o legislaciones que "limitan o prohíben la colaboración con ICE", según los datos entregados a The Texas Tribune en enero. Además de estos datos de condados santuario, de color azul, de forma subyacente colocamos las estimaciones de 2014 a nivel estatal de poblaciones de inmigrantes indocumentados de Pew, para que los lectores puedan detectar posibles disparidades entre dónde los inmigrantes indocumentados viven y dónde existen políticas que, de manera drásticamente distinta, renuncian a cierto grado de cooperación con ICE. Haciendo clic en las ciudades y condados es posible saber qué tipo de política tiene cada lugar.

El mapa interactivo también incluye información sobre las ciudades y los estados santuario, basada en los datos sobre ciudades y estados recopilados por el Centro para Estudios de Inmigración. Al hacer clic en las ciudades, condados y estados a continuación, los lectores pueden ver el número de personas que las autoridades locales se negaron a retener para entregar a ICE cuando la agencia emitió solicitudes de retención (a menudo denominadas 'detainers'), las estimaciones de la población de inmigrantes indocumentados, y los detalles acerca de las políticas santuario para la mayoría de los condados y ciudades.

Como deja claro el mapa, California es el estado más cubierto por políticas santuario. Muchos de sus condados también muestran algunas de las mayores cifras de solicitudes de retención de ICE denegadas desde enero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015. Santa Clara y el condado de Los Ángeles, por ejemplo, encabezan la lista con 1,856 y 1,492 solicitudes denegadas a ICE respectivamente.

En contraste, otros estados fronterizos como Texas y Arizona, que también cuentan con grandes poblaciones de indocumentados, no tienen casi ninguna de las jurisdicciones que ICE considera que cooperan de forma limitada con la agencia. El condado de Dallas es el único condado de Texas clasificado como no cooperativo con ICE, y sólo tuvo dos solicitudes de detención denegadas durante ese período de tiempo (la mayoría de los residentes locales no consideran a Dallas una ciudad santuario porque el condado ahora coopera eficazmente con todas las solicitudes de retención de ICE).

Jonathan Blazer, experto en inmigración y asesor de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), señala que l os lugares que ICE cuenta como no cooperativos no parecen incluir muchas jurisdicciones con políticas limitadas de detención, particularmente en el oeste y noreste (un mapa más detallado de esas jurisdicciones se puede encontrar en el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes).

Sin embargo, aun aceptando una amplia geografía de jurisdicciones 'santuario' o 'de retenciones limitadas' en Estados Unidos, Blazer apunta que Arizona y Texas tienen muchas menos protecciones santuario de lo que uno podría esperar dadas sus grandes poblaciones de indocumentados. Él atribuye esa situación en gran medida a los legisladores del partido republicano y a los tribunales conservadores del estado. Aunque algunas jurisdicciones en el medio oeste y noreste promulgan políticas de retenciones limitadas por temor a ser demandadas por retener a personas sin una orden de causa probable, Blazer dice que esto no es un factor en Texas y Arizona. En Texas, el 5º Tribunal de Circuito está considerado como uno de los menos hospitalarios para presentar una demanda como ésa, así que no existe un inminente temor de que las jurisdicciones pueden ser demandadas. Y, al igual que Arizona, tiene un gobernador y procurador general que han amenazado con rescindir el financiamiento a las ciudades santuario y han intentado implementar leyes estatales anti-santuario numerosas veces en los últimos cinco años.

Dave Ray es portavoz de la Federación por la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), organización que ha respaldado semejantes proyectos de leyes anti-santuario en Arizona y Texas. Ray sostiene que California tiene más jurisdicciones santuario que Texas y Arizona porque los cambios demográficos han hecho necesario para los políticos californianos atender a las comunidades de inmigrantes. "Las comunidades santuario tienden a aparecer en zonas que ya pasaron el ‘punto de inflexión’, debido a la descontrolada inmigración masiva", dice Ray en un mensaje de correo electrónico. "Eventualmente, los políticos locales empiezan a ver a los inmigrantes ilegales como sus principales constituyentes, y sus ideas políticas se derivan de esa mentalidad. En primer lugar, está la ciudad santuario, y luego sus cambios a las leyes electorales que les permiten a los extranjeros ilegales votar" (por cierto, ninguna corte en Estados Unidos ha permitido que los indocumentados voten).

Brianna Brown, subdirectora del Texas Organizing Project (organización que aboga por los derechos de los inmigrantes), atribuye las agresivas acciones estatales en Texas y Arizona contra las ciudades santuario principalmente a sentimientos anti-inmigrantes políticamente convenientes. "El temor a los inmigrantes mantiene a estas personas en sus puestos", dice Brown, citando un proyecto de ley anti-santuario que se espera sea un elemento central de la próxima sesión de la legislatura del estado. "Tenemos contiendas electorales al senado y la cámara de representantes extremadamente manipuladas… Todo eso viene de actitudes xenófobas y racistas muy profundas que han sido durante mucho tiempo parte de nuestra historia".

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Sin embargo, algunos de los condados urbanos más grandes de Texas se están volviendo cada vez más demócratas. Por ejemplo, el condado de Travis, donde se encuentra Austin, eligió recientemente a un sheriff cuya plataforma de campaña contemplaba hacer de la ciudad el primer santuario real de Texas. Semejantes esfuerzos a nivel local podrían dificultar la promesa de deportación en masa del presidente electo.

Trump podría aumentar las deportaciones hasta cierta medida sin enfrentar a las ciudades santuario, pero actualmente unas 5.9 millones de personas indocumentadas (un 53% de la población total de indocumentados) viven en lugares con políticas de santuario, muchas de las cuales fueron adoptadas en respuesta a la cifra histórica de deportados en forma masiva del presidente Obama mediante el Programa de Ejecución Primaria. En los últimos años, ICE presuntamente ha convencido a 17 de las 25 jurisdicciones con el número más alto de retenciones declinadas bajo el anterior programa de Comunidades Seguras a cooperar con las autoridades de inmigración.

Según Blazer, mermar las jurisdicciones santuario será esencial para garantizar que las autoridades de inmigración de Trump tengan suficiente personal como para llevar a cabo deportaciones masivas. "Él y otros que apoyan la deportación en masa ven a los estados y las localidades como fuerzas multiplicadoras para ICE", dice Blazer. "La primera pregunta que viene a la mente cuando se habla de deportar a dos o tres millones de personas es: ¿Cuáles son las agencias que van a hacer eso?".

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Sin embargo, el control republicano de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes podría forzar a muchas jurisdicciones a elegir entre presupuestos drásticamente reducidos y cooperar con la aplicación de las leyes de inmigración. "Las políticas de santuario son una clara violación de la ley federal, por lo que existen muchas herramientas que estarán inmediatamente disponibles para el presidente electo Trump", dice Ray. "Uno de los más eficaces es el poder de restringir los financiamientos. El gobierno federal podría inmediatamente retener todos los fondos federales para carreteras a los estados que permiten ciudades santuario".

El año pasado se vislumbró cómo podrían ser esos intentos cuando el senador David Vitter (republicano de Louisiana) presentó un proyecto de ley que habría cortado el financiamiento a las fuerza del orden público y las subvenciones para el desarrollo comunitario a las jurisdicciones que rechazaran las solicitudes de retención de inmigrantes de ICE. Los demócratas del senado bloquearon el proyecto de ley antes de que llegara a discutirse.

Blazer sostiene que tales recortes a las fuerzas del orden público, incluso si son aprobados, no pueden ser promulgados sin serias impugnaciones legales. "Trump no puede simplemente inventar una nueva regla. La gente los va a presionar para que justifiquen por qué ven consideran permisible cortar el financiamiento a los organismos encargados del orden público que tienen estas políticas", dice. "Cuando las cosas se pongan serias, veremos cuáles estados y localidades demandan al gobierno federal para que los tribunales le exijan no cortar el financiamiento".

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Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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