Con la Corte Suprema dividida, ¿qué pasará con la reforma migratoria?

Rocío Mondragón Reyes, de 18 años, se quedó tranquilamente de pie, a unos pasos de los activistas proinmigrantes que se habían reunido frente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Este lunes estuvo ahí para representar a sus padres, quienes son indocumentados, como ella explicó.

“Constantemente mis padres nos dicen a mí y a mis hermanos: ‘Es por ustedes que estoy aquí, preferiría estar en mi país, donde no me siento como un indeseable. Pero estoy aquí por ustedes’”, dice Rocío. Ellos se han arriesgado, han sacrificado y han trabajado increíblemente duro, agrega, para ofrecerle a ella la oportunidad de vivir el “sueño americano” al cual ellos mismos no pudieron acceder. Y sus esfuerzos han dado frutos. Rocío está en su primer año en la Universidad Georgetown estudiando Cultura, Política y Estudios Latinoamericanos. Después de graduarse espera ir a la escuela de Derecho. “Soy un proyecto de los valores [de mis padres]”, dice.

Mondragón Reyes se quedó fuera de la corte sosteniendo un letrero que, en parte, decía “Free them from fear” o “Líbrenlos del miedo”, mientras que el destino de sus padres y de cuatro millones de inmigrantes indocumentados se estaba debatiendo dentro del juzgado. Pero, a medida que se presentaron los argumentos orales en el caso de Estados Unidos vs Texas , se volvió cada vez más evidente que resolución favorable aún estaría lejos para la familia Mondragón Reyes.

Una ‘demanda imaginativa’

La demanda que actualmente está delante de la Corte fue iniciada por Texas y 25 otros estados liderados por republicanos como parte de un esfuerzo de impugnar la orden ejecutiva del presidente Obama en 2014 sobre la inmigración. Entre los propósitos principales de esa orden está proveer alivio de deportación a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses mediante DAPA ( Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales).

La Constitución estadounidense deja claro que las leyes de inmigración están dentro del ámbito exclusivo del gobierno federal. Pero Texas y 25 otros estados han argumentado que ellos tienen justificación para presentar el caso a los tribunales federales si por lo menos uno de ellos (en este caso, Texas) enfrenta dificultades económicas o “daños” como resultado de DAPA. Texas afirma que el costo de expedir licencias de conducir a inmigrantes que acaban de ser otorgados derechos a las mismas sería inmenso. Además, los estados están impugnando la legalidad de DAPA. Insisten que viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y que no fue introducida de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo.

La posición del gobierno ha sido que la acción ejecutiva de Obama se encuentra dentro de los parámetros de su discreción ejecutiva y que los costos que Texas dice que potencialmente incurrirá son “autoimpuestos”.

En febrero 2015 un tribunal del distrito federal en Brownsville, Texas, falló a favor de los 26 estados y puso las políticas de Obama en suspenso. Meses después, el Quinto Tribunal del Circuito de Apelaciones de los EEUU ratificó esa decisión con voto de 2 contra 1.

Cuando la Corte Suprema de los EEUU acordó en revisar el caso en enero, quiso aclarar los asuntos que los tribunales inferiores ya habían abordado, pero también agregó una nueva pregunta a considerar: si, en este caso, el presidente Obama había “fielmente ejecutado” las leyes federales de inmigración aprobadas por el Congreso como parte de la cláusula “ejecución fiel” de la Constitución estadounidense.

Todo esto quizás parezca como temas legales usuales, pero muchos expertos en Derecho no lo ven así. En un artículo de opinión publicado el domingo, el Consejo Editorial de The New York Times designó a United States v. Texas como “una disputa política abierta que se está disfrazando de un [pleito] legal”. Lyle Denniston —un escritor en SCOTUSBlog, un blog sobre la Corte Suprema— sacó la misma conclusión. A continuación está lo que escribió el 11 de abril:

De múltiples maneras el caso United States v. Texas ilustra mucho sobre el clima político actual en EEUU y en la capital de nación, en particular. Refleja estancamiento, polarización partidista y el uso de demandas a veces imaginativas para perseguir agendas políticas.

Una batalla de ideologías

Dentro del tribunal el lunes, ninguna de las dos partes habló por mucho tiempo antes de encontrarse bajo un intenso fuego cruzado por los jueces y sus preguntas.

Aparentemente uno de los escollos principales para los jueces conservadores fue lo que implica el término “presencia lícita”. He aquí una pregunta de John Roberts —presidente de la Corte Suprema— para el procurador general Donald Verrilli, quien representó al gobierno estadounidense:

En la página 16 usted citó el Lineamiento que indica “Los individuos tratados [por la ley] están legalmente presentes en los Estados Unidos. Pero en menos de una página después, usted dice: “Extranjeros con acción diferida están presentes en violación de la ley”. Ahora bien, eso tiene que haber sido una oración difícil de escribir. Están presentes legalmente y sin embargo están presentes en violación de la ley.

Parece ser una pregunta quisquillosa sobre semántica, pero en realidad llega al corazón del desacuerdo entre el gobierno federal y los estados sobre la legalidad y el alcance de DAPA. Los 26 estados contienden que este término confiere un estatus especial a un importante grupo de inmigrantes indocumentados y, por ende, les permite obtener beneficios como una licencia de conducir y hasta seguro social. El juez Anthony Kennedy, considerado el votante decisivo en este caso, pareció estar centrado en si el presidente había excedido su autoridad.

“El hecho que el presidente esté estableciendo una política y que el Congreso la esté ejecutando, es como si estuviéramos en el mundo de al revés”, dijo. Los comentarios de Kennedy son particularmente significativos porque él escribió la opinión mayoritaria en Arizona v. Estados Unidos, un caso que enfatizó el “poder amplio e indudable sobre inmigración y el estatus de extranjeros” del gobierno federal.

En sus argumentos, Verrilli sostuvo que la “presencia lícita” era sólo una especie de etiqueta: un indicador de las prioridades en cuanto a la deportación del gobierno federal. “Si la Corte piensa que es un problema y quisiera [tacharlo] (…) está perfectamente bien”, dijo. El “significado técnico legal con respecto al derecho [a recibir] los beneficios de Seguro Social” de esa terminología, dijo Verrilli, “es la cola del perro y la pulga en la cola del perro”.

El juez Stephen Breyer reiteradamente sacó el tema de la implicación de que este caso podría sentar un precedente para que los estados puedan demandar al gobierno federal basadas en “nada más que desacuerdos políticos de todos tipos”. Y en un momento la jueza Sonia Sotomayor sugirió que, a lo mejor, no se crea el argumento de Texas en cuanto al daño económico que podría sufrir el estado. Ella le preguntó a Scott Keller —fiscal general de Texas, quien estaba representando los 26 estados— “Entonces, ¿por qué es que ustedes se tienen que gastar todo este dinero? ¿Por qué no puede seguir su proceso normal y dejar que la gente espere en la cola?”.

Un tribunal claramente dividido

Nunca es una buena idea especular cómo podría fallar la Corte basada solamente en argumentos orales, pero está claro que los jueces podrían terminar votando según sus líneas ideológicas tradicionales, dando por resultado un empate de 4 a 4. En tal caso, el requerimiento que posterga la implementación de las acciones ejecutivas de Obama se mantendría, por lo menos hasta que se apruebe un sucesor al fallecido juez Antonin Scalia, e incluso después de eso. Tal estancamiento, como lo explica Dara Lind en Vox, quizás conduzca al “caos judicial”:

El caso Estados Unidos v. Texas podría arrastrándose como un zombi por los tribunales hasta recibir un fallo final. Mientras tanto, los que apoyan a las acciones ejecutivas del presidente quizás intenten hacer que una coalición diferente de estados demanden en otro tribunal por el derecho de empezar a implementar estas acciones ejecutivas, lo cual podría causar una posible división entre tribunales apelativos en que las acciones ejecutivas fueron constitucionales en algunas partes de los EEUU y no constitucionales en otras partes.

Sin importar lo que decida la Corte Suprema, esto no significará un fin de la lucha por los derechos de los inmigrantes indocumentados viviendo en los EEUU, dice Mondragón.

“Espero que tomen la decisión correcta”, dice. “Pero al final [DAPA] es sólo un parche. Es sólo el primer paso”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.