Madrid y su plan para terminar con la corrupción

La ciudad de Madrid está creando una oficina especial para investigar una fuente crítica de la corrupción: el municipio mismo. Desde este verano, la nueva Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción tendrá la autoridad de investigar y monitorear a cualquiera que entregue servicios a la municipalidad, sean estas entidades privadas o públicas.

La nueva iniciativa es oportuna y previsible. La alcaldesa Manuela Carmena —elegida el otoño pasado y líder de una coalición de izquierda— ha luchado toda su vida contra la corrupción. Con ella al mando era de esperarse un programa para limpiar este ayuntamiento.

Y francamente, ya era hora. Últimamente Madrid ha estado enredada en una serie de escándalos causados por la corrupción, la que ha llegado a un nivel casi absurdo. En años recientes dichos escándalos han involucrado a toda una serie de personajes, entre ellos una condesa rebelde que ignora multas y un comisionado estatal que trató de sugerir que un millón de dólares encontrados en su departamento pudieron haber sido dejado ahí por trabajadores de la mueblería IKEA.

La nueva oficina tendrá mucho que hacer, pero también tiene que pisar con cuidado para evitar acusaciones de prejuicio político. Entre 1989 y 2015 el derechista Partido Popular gobernó sin interrupciones en el ayuntamiento. Por esto, es casi inevitable que cualquier corrupción que se descubra tenga vínculos más fuertes con la derecha, dado que fue este sector el que controló los gastos durante 26 años. Para manejar este tema, el director de la oficina de corrupción tendrá que ser aprobado por tres quintos de la asamblea de la ciudad. Se trata de una forma de asegurar que dicho funcionario tenga algo de apoyo de ambos partidos y no se considere como una especie de inquisidor socialista. En cuanto se establezca, la oficina llevará a cabo una auditoria general de los contratos de Madrid realizados durante nueve meses. Tendrá la autoridad de visitar a las oficinas sin avisar, así como de identificar a los involucrados en casos.

Esta reforma debería ser ser popular entre los votantes. De hecho, el deseo de limpiar los negocios públicos fue un factor decisivo en la victoria de nueva alcaldesa, después de una elección muy reñida. Carmena —una ex jueza, elegida luego de postular a un cargo político por primera vez— tiene un historial de luchar por mayor transparencia y ética publica. Durante los años 80 casi por sí sola tuvo éxito en cambiar leyes que gobernaban los pagos de la corte, lo cual redujo de manera significativa la magnitud potencial de la corrupción legal. Poco antes de ser elegida alcaldesa, Carmena fue asesora del gobierno del País Vasco. A esta comunidad le aconsejó sobre cómo identificar y compensar las víctimas de la brutalidad policíaca. En una ciudad que conoce muy bien lo que son los escándalos de corrupción, tal parece que los antecedentes anticorrupción de Carmena son particularmente favorables.

Además, tales escándalos aún siguen muy activos. De hecho, ahora mismo Madrid es la presa de una situación de este tipo. El mes pasado, Esperanza Aguirre —la contrincante principal de Carmena en las elecciones del año pasado— renunció como líder local del Partido Popular en medio de una investigación sobre posibles sobornos a miembros de su colectividad por adjudicar contratos públicos. Aguirre insiste que no recibió ni un solo centavo ilegal cuando estuvo a cargo de ala madrileña de su partido y, en realidad, no se le ha acusado de ningún crimen. Sin embargo, podía decirse que el daño causado por una investigación en curso a la reputación del partido ya ha dejado su imagen demasiado contaminada para que siguiera en su cargo.

Ahora bien, la imagen de Aguirre es prístina en comparación con la de Francisco Granados, un colega suyo del mismo partido y ex Comisionado de Transporte e Infraestructura, así como también consejero de Interior y de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ya se reveló que Granados tenía vínculos cercanos con figuras principales en otro de los mayores escándalos de corrupción. Además, en 2014 se le halló culpable de lavado de dinero, falsificación de firmas, soborno y fraude con impuestos y, por ende, fue sentenciado a prisión.

En uno de los momentos memorables de la investigación, cuando los investigadores le preguntaron a Granados quién había escondido 900,000 euros en el techo de su dormitorio (cuarto, pieza), el político dijo que muchas personas tenían acceso al cuarto, entre ellas “plomeros” y “la gente de IKEA”.

Estos escándalos no son únicos de Madrid y tampoco de los políticos derechistas del país. De hecho, España se ha convertido en una especie de archipiélago de escándalos, ya que existen “islas” de corrupción están regadas por todo el país. Por ejemplo, tanto políticos socialistas como de derecha están envueltos en la llamado “ Operación Pokemon”, en la región noroeste de Galicia (investigación que debe su nombre al hecho que la enorme cantidad de sospechosos en el caso evocó, haciendo referencia al reto del juego Pokemon de “agarrarlos a todos”).

Hasta la hermana del rey —la Infanta Cristina— apareció en la corte este año por haber sido acusada de fraude y lavado de dinero (y el juicio en su contra sigue).

Cuando se considera lo penoso que es ver una degradación tan amplia de la esfera pública de Madrid, esta nueva campaña anticorrupción resulta valiosa, sin importar cuál parte del espectro político la haya lanzado. Si bien muchas autoridades españolas son, sin duda, intachables y trabajadoras, es difícil conseguir mejores representantes cuando las arcas públicas se ven como la tesorería privada de los políticos.

Esta historia fue publicada originalmente en inglés en CityLab.com.