null: nullpx
CityLab Latino

Las ciudades santuario llegaron para quedarse

A pesar de que políticos republicanos han intentado bloquear su acción, éstas tienen fundamentos legales sólidos.
30 Mar 2016 – 3:56 PM EDT

Hace casi ocho meses, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos implementó un cambio pequeño de procedimiento en cuanto a la forma en que pone en libertad a los presos federales que se han designado para la deportación. Ahora, cuando estos reclusos tienen órdenes judiciales pendientes en cualquier estado o localidad, las autoridades federales de inmigración tienen el derecho primordial de detenerlos e inmediatamente iniciar el proceso judicial de deportación, incluso antes de que se haya adjudicado el asunto a la ciudad o al estado.

Se trata de un cambio muy específico y técnico, pero sí da por resultado algunos cambios materiales a la relación entre autoridades federales y locales. Anteriormente las autoridades estatales y locales eran los primeros en la fila. Es decir, cualquier orden judicial que emitían pesaba más que cualquier orden de detención por asuntos migratorios. Además, dichas autoridades estatales o locales podían reclamar la custodia de un recluso liberado de una prisión federal para adjudicar su caso local. Entonces, después de que hubiese terminado tal adjudicación, las autoridades locales podían decidir si iban a detener a esa persona en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Las ciudades que tienen políticas que limitan la cooperación o comunicación con ICE, con frecuencia llamadas “ciudades santuario”, pueden optar por nunca detener un recluso para la deportación, lo cual puede dar por resultado que éste termine en libertad. Pero ahora, debido al cambio en el procedimiento, la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos trasladará directamente a dichos reclusos a ICE, a no ser que la ciudad en cuestión prometa entregarlos más tarde.

El cambio, implementado en julio de 2015, por lo general pasó desapercibido hasta finales de febrero de 2016, cuando la fiscal general Loretta Lynch testificó sobre la política ante un subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dicho cambio fue tomado como una victoria por los congresistas republicanos, en particular John Culberson de Texas, presidente del subcomité, quien agradeció a Lynch profusamente durante todo el juicio y luego aseveró que él había obligado al Departamento de Justicia a que “tomara acción con las ciudades santuario”.


Esta modificación hará que sea más fácil para ICE deportar algunas personas cuyos casos se clasifican bajo la categoría estrecha que abarca el cambio: las personas tienen que ser inmigrantes no documentados que hayan sido puestos en libertad por prisiones federales y que tengan ordenes activas de deportación en su contra. Además, deben tener ordenes judiciales en su contra en una jurisdicción local que sea una ciudad santuario. Pero, en realidad, lo que hace esta nueva regla es confirmar el sólido terreno judicial de la política de ciudades santuario. Y la reacción oficial realmente demuestra el nivel de sensacionalismo con el que los legisladores han tratado el tema, los que insisten que la policía local tiene un papel directo que desempeñar en la aplicación de la ley federal de inmigración.

Un juego de ajedrez político

Es importante entender el contexto político que dio lugar a este cambio de política. Se implementó en julio 2015, el mismo mes en que Juan Francisco López-Sánchez, un inmigrante indocumentado quien había cumplido recientemente una condena federal por el reingreso a los EE.UU. sin autorización, fue acusado de asesinar a Kathryn Steinle, una ciudadana estadounidense. Después de haber estado en custodia federal, López- Sánchez fue puesto en libertad, pero luego fue entregado a la policía de San Francisco. Iba a enfrentar cargos por drogas, los que databan de hace décadas. Pero la ciudad se negó a procesarlo, liberó a López-Sánchez y no cumplió con la orden de detención que ICE le había aplicado.

El evento desencadenó un torrente de críticas hacia San Francisco y las ciudades santuario en todo el país, las cuales (en diferentes niveles) optan por no cooperar con las autoridades federales de inmigración. Hubo amenazas congresistas de dejar de proveer fondos a localidades que emplearan estas políticas. Y muchos líderes calificaron a estas iniciativas como peligrosas e irresponsables, entre ellos Hillary Clinton, quien desde entonces ha dejado de enfatizar el asunto, y Dianne Feinstein, senadora por California.

Si bien el proyecto de ley para cortarles los fondos a las ciudades santuario murió en el Senado, varios legisladores han seguido enfatizando el tema, entre ellos Culberson. En una carta dirigida a Lynch el 1 de febrero de 2016, Culberson le instó a que retuviera subvenciones del Departamento de Justicia destinadas a ciudades santuario. Además, insinuó fuertemente que el presupuesto de la fiscal general también podía depender de su disposición a retener estas subvenciones. Lynch sí mencionó el cambio de política del Departamento de Justicia en su testimonio ante el subcomité de Culberson, pero su implementación como tal ocurrió siete meses antes, como respuesta al caso Steinle.

Esto puede significar que el Departamento de Justicia resaltó este cambio sólo para complacer el presidente de un comité que tenía de rehén a su presupuesto, pero la verdad es que el cambio en sí ya se había hecho. Eso no significa que este cambio de política no tenga sentido: sin duda será más fácil para ICE deportar algunas personas que habrían sido protegidas anteriormente. Sin embargo, a pesar de las grandes declaraciones de victoria de Culberson y de los titulares prometiendo mano dura contra las ciudades santuario, el principio fundamental de estas políticas protectoras permanece intacto.

Los puntos a favor de las ciudades santuario

Durante el juicio del subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, y en su carta del 1 de febrero a Lynch, Culberson hizo una aseveración audaz: indicó que es una violación de la ley federal cuando las ciudades santuario no comparten información sobre reclusos con el gobierno federal y que cualquier ciudad que viole esta ley debe perder su acceso a subvenciones del Departamento de Justicia. Lynch le respondió que el proceso de revisión de subvenciones ya verifica para asegurar que el municipio no esté violando cualesquiera “leyes federales aplicables”, lo cual fue interpretado por Culberson como otra gran victoria.

Sin embargo, existe una especie de cortocircuito legal aquí. Lo que sucede es que Culberson está invocando el Título 8, sección 1873 del código estadounidense, el cual declara que es ilegal para cualquier agencia del gobierno retener o restringir “información sobre el estatus inmigratorio o de ciudadanía, legal o ilegal, de cualquier individuo”. De acuerdo a esta ley, los gobiernos estatales y locales están obligados a compartir información con el gobierno federal sobre el estatus inmigratorio de cualquiera persona, si el último indaga sobre el mismo. Pero la norma no implica lo que los gobiernos estatales y locales estén obligados a retener reclusos sin un orden judicial para ICE. Tampoco quiere decir que los gobiernos estatales y locales estén obligados a informar al gobierno federal sobre las fechas de liberación de reclusos y así facilitar el traspaso de la custodia a los agentes de inmigración.

Hay una sólida protección constitucional para las políticas de las ciudades santuario. “No creo que el 1373 se aplique a la gran mayoría de [las ciudades santuario]”, dice Omar Jadwat, abogado supervisor del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles). “Informar a otra entidad gubernamental sobre la fecha de liberación de alguien no es información sobre el estatus inmigratorio, ya sea legal o ilegal, de cualquier individuo”.

Las políticas de las ciudades santuario protegen contra la divulgación de información sobre las fechas de liberación de reclusos. De hecho, estas medidas son una respuesta a la petición del gobierno federal que dichas ciudades asuman un papel activo en la aplicación de leyes inmigratorias. Cuando el gobierno federal estrenó su programa Comunidades Seguras en 2008, alcaldías como San Francisco y Los Ángeles se negaron a cumplir con pedidos de notificación. Se les pedía que detuvieran reclusos sin ordenes judiciales por hasta 48 horas, a pesar de haber sido liberados. Cuando el gobierno eliminó a Secure Communities en 2015 y creó el Programa Prioritario de Aplicación de la Ley, el cual emite menos pedidos de notificación y más pedidos de “notificaciones voluntarias de liberación” de reclusos, las ciudades se negaron a avisar a ICE sobre estas fechas.

Las reglas al respecto se aplican de maneras ligeramente diferentes en diversas ciudades. Por ejemplo, San Francisco estipula una excepción a la barrera comunicativa si el recluso en cuestión es un delincuente violento. Pero la gran mayoría de las políticas se redactaron tomando la sección 1373 en cuenta y no prohíben compartir información sobre estatus de inmigración, dice Jadwat. De hecho, para que ICE pueda emitir un pedido de notificación sobre las fechas de liberación de un recluso, la agencia necesita tener las huellas digitales del individuo y tener la capacidad de poderlo identificar como inmigrante no documentado, datos que la policía local provee.

Asimismo hay una protección constitucional muy sólida de las políticas de ciudades santuario por sobre los legisladores federales, según explica Jadwat. El principio “antirequisición”, que ha sido interpretado como parte de la décima enmienda de la constitución estadounidense, impide que el gobierno federal pueda obligar a localidades a participar en la aplicación de programas federales. El caso de la Corte Suprema que mejor explica este principio es Printz v. United States, que determinó que era inconstitucional obligar a los alguaciles locales a participar en un programa federal de control de armas.

El caso parece ser un reflejo directo de la situación de las ciudades santuario que se niegan a participar en la aplicación directa de un programa federal sobre la inmigración. A pesar de la fanfarronería de Culbertson y de la tormenta política que persigue estas iniciativas, el hecho es que son legalmente sólidas y que no van a poder ser revertidas.

Esta historia fue publicada originalmente en inglés en CityLab.com.

RELACIONADOS:CityLab Latino
Publicidad