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CityLab Latino

La mano dura contra los indocumentados afecta a toda la comunidad

Un nuevo estudio demuestra que la amenaza de deportaciones puede generar pérdidas para los negocios locales, entre otros problemas.
22 Mar 2016 – 10:05 AM EDT

La última ola de redadas contra indocumentados ha causado pánico entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, pero el miedo no es nuevo. Los sin papeles y sus familias ya llevan largo tiempo viviendo en las sombras, preocupados por la posibilidad de que las policías locales los persigan siguiendo las leyes de inmigración.

Pero no sólo los inmigrantes sufren cuando estas leyes son aplicadas con mano dura. De acuerdo a una investigación publicada en la edición de febrero de 2016 de la revista académica Urban Studies, estas prácticas tienen impactos negativos tanto en ellos como en la comunidad en la que viven.

A través de los años, la Agencia Federal de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha delegado la aplicación de esta ley a las policías locales, mediante distintas iniciativas. A partir de 2009, el programa 287(g), por ejemplo, ordenó priorizar la deportación de inmigrantes no autorizados con condenas criminales. Los acuerdos entre las policías locales y estatales han ahora sido reemplazados por el programa de ICE “Comunidades Seguras”, a través del cual se permite que las agencias locales usen datos biométricos federales para chequear el estatus de los inmigrantes. En 2015, Comunidades Seguras también actualizó el Programa de Prioridad de Aplicación de Ley.

Sin embargo, la aplicación o no de estos programas depende mucho del lugar de Estados Unidos donde se esté. En 350 jurisdicciones policiales del país, así como en las llamadas “Ciudades santuario” (que protegen a los indocumentados), la aplicación de las leyes de inmigración ha sido limitada. Por ejemplo, en muchos de estos lugares la policía local sólo puede revisar el estatus migratorio de una persona cuando ésta ya se encuentra en la cárcel, acusada de un crimen.

En otras regiones de Estados Unidos es más fácil y es posible interrogar sobre la situación migratoria en chequeos de rutina y cuando se cometen infracciones menores, como botar basura. Arizona, Carolina del Norte y Alabama, por ejemplo, tienen leyes locales que han provocado controversia, debido que fomentan una aproximación más dura a la aplicación de la ley por parte de la policía. Organizaciones de derechos civiles y académicos han criticado por un buen tiempo estas leyes, argumentando que provocan actitudes discriminatorias frente a los inmigrantes buscando sólo la deportación.

La aplicación de la ley en Carolina del Norte

En su nueva investigación, Mai Thi Nguyen y Hannah Gill de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill estudiaron el programa 287 (g) en Durham City y el condado Alamance en Carolina del Norte, dos jurisdicciones con aproximaciones distintas sobre inmigración: la primera, más dura que el segunda. Así resumieron sus conclusiones:

En nuestro estudio, la ambigüedad sobre el rol de las agencias luego de la adopción de 287g y el miedo a la deportación han afectado a los inmigrantes de distintas maneras, incluyendo su participación cívica, acceso a servicios y su percepción de vulnerabilidad frente al crimen.

Además, los negocios de inmigrantes han vivido interrupciones en su actividad económica y los inmigrantes reportan mayor explotación por empleadores y caseros. Estas preocupaciones sociales y económicas son relevantes a toda la comunidad, no sólo a los inmigrantes.

Los investigadores realizaron sesenta entrevistas a inmigrantes, activistas, autoridades del gobierno local y agentes policiales entre 2006 y 2010 en ambas jurisdicciones. También obtuvieron información de la Oficina del Sheriff del condado de Alamance y del Departamento de Policía de Durham, a través de la Ley de Libre Información. Así lograron identificar los tipos de crímenes que se les acusaron a los inmigrantes sin autorización, cuando se hicieron redadas a través del programa 287 (g).

Las dos jurisdicciones varían de manera importante en su porcentaje de inmigrantes y en su actitud respecto a ellos. La población de Durham era un 50% más grande que la de Alamance en 2010. Los inmigrantes hispanos constituyeron un 14% de la población de Durham y un 11% de Alamance ese año. En Alamance, lugar que tiene una historia de posiciones antiinmigrantes, los agentes policiales técnicamente no debían chequear el estatus migratorio en la calle, pero lo hacían de todas maneras. En Durham City, mientras tanto, los agentes podían preguntar la situación migratoria, pero, según el estudio, lo hacían con sensatez.

La información de arrestos en el condado de Alamance revela que, entre 2007 y 2011, 2.109 inmigrantes sin autorización fueron interrogados bajo el programa 287 (g). Estos casos generaron deportaciones en 1.622 ocasiones, es decir, un 77% de los interrogados. Casi un 40% de los cargos iniciales del arresto fueron por infracciones de tránsito, como manejar con las luces dañadas o doblar donde no corresponde. “Éstas son consideradas infracciones y no crímenes per se”, aclararon los autores en el estudio.

Mientras tanto, en Durham, desde 2008 a abril de 2011 430 inmigrantes fueron interrogados, y sólo 106 fueron procesados para ser deportados, es decir, un 25%. Los 106 tenían cargos criminales de seriedad.

Los resultados muestran que dos aproximaciones distintas para cumplir con la misma ley puede traer resultados totalmente diferentes, de acuerdo a la política y la percepción en esas localidades. Es más, los autores del estudio hallaron evidencia de que la policía de Alamance cambió su comportamiento cuando comenzaron a participar en el programa 287 (g):

Poco después de que el programa comenzara, los entrevistados reportaron que aparecieron puntos de control frente a una cancha donde inmigrantes mexicanos y salvadoreños juegan fútbol todas las semanas. Tres pastores de iglesias cristianas con fieles que hablan español reportaron la presencia de puntos de control de tráfico cerca de sus iglesias los domingos en las mañanas, lo que implicó una disminución en la asistencia a servicios religiosos. Algunos entrevistados también dieron cuenta de agentes de policía revisaron a las licencias de los conductores y de los pasajeros, para determinar su situación migratoria.

En 2012, una investigación realizada por el Departamento de Justicia también encontró evidencia de discriminación racial contra los latinos por parte de Terry Johnson, el sheriff del condado de Alamance (aunque la demanda judicial luego sería desestimada). Esto es lo que un comisionado del condado de Alamance aceptó en junio de 2008, como es citado en la investigación:

“El 287g disuade al crimen local realizado por los inmigrantes ilegales. Pero eso no es lo único que me interesa buscar. Para ser honesto contigo, yo quiero que los inmigrantes ilegales se vayan de aquí. No pestañeo al decirlo”.


Un efecto intimidante en la comunidad local

En Alamance, luego de que se conocieran situaciones de discriminación y abuso de poder, éstas se divulgaron entre los inmigrantes boca a boca y, más allá de su situación legal, ellos comenzaron a aislarse, de acuerdo a las entrevistas realizadas. Los autores del estudio califican a esta disminución de actividad pública, social y económica como un “efecto intimidante”. Debido a esto, no sólo los negocios hispanos disminuyeron sus ganancias, sino que también otros negocios del área. Así lo explican los autores en el reporte:

Casi todos los dueños de negocios atribuyeron pérdidas al descenso de las compras por parte de los hispanos y más de 50% citó al foco de las policías en los hispanos como un factor que contribuye al descenso del consumo. Un empleado en un Wal-Mart de un barrio hispano atribuyó la baja en el volumen de ventas durante el periodo de mayo a julio de 2007 como un resultado del programa 287g.

La falta de confianza en la policía de Alamance también significó que los inmigrantes que eran víctimas del crimen evitaron reportar delitos por miedo y desconfianza frente a la policía. De acuerdo a lo explicado por Nguyen a CityLab, la aplicación dura de la ley, en este sentido, dificultó que la policía realice su labor primordial de proteger a la comunidad general de actividades criminales.

Sin embargo, quienes proponen mano dura contra los inmigrantes siguen alabando estas prácticas. Un caso es el gobernador Chris Christie, quien en el primer debate presidencial republicano de 2016 dijo lo siguiente (vía CBS News):

“He trabajado de manera dura no sólo con los agentes federales, sino con las policías y éste es el problema, las ciudades santuario son parte del problema en este país. Ahí es donde el crimen está sucediendo, en estas ciudades donde no se aplican las leyes de inmigración”.

En realidad, los crímenes están sucediendo en todas las ciudades, pero en menor grado por inmigrantes que por estadounidenses. La deportación de inmigrantes de baja prioridad y la erosión de la confianza entre la policía y la comunidad que se ha generado, finalmente, parece estar ocurriendo de manera más común en jurisdicciones donde los agentes actúan como una fuerza de deportaciones.

Esta historia fue publicada originalmente en inglés en CityLab.com.

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