Ecuador decreta estado de excepción en medio de fuertes protestas por el aumento de los combustibles
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó este jueves el estado de excepción en todo el territorio nacional para permitir la libre movilización de la ciudadanía, afectada por una huelga del transporte público y por fuertes protestas contra el paquete de reformas aprobado por el gobierno, que conllevan un aumento del precio de los combustibles.
El estado de excepción, que rige por 60 días, implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación.
Las protestas de los conductores del transporte público se cumplieron en avenidas y calles de las principales ciudades del país, donde los taxistas bloquearon importantes vías con sus vehículos, llantas quemadas y maderos y también agredieron con piedras y palos a otros transportistas que no acataron un llamado a paro, así como a policías que buscaban despejar las calles.
Las protestas también impidieron que tripulantes y pasajeros llegaran al aeropuerto Mariscal Sucre, al este de la capital, donde varios vuelos tuvieron que ser cancelados.
Hacia el mediodía, cientos de estudiantes universitarios protagonizaron una marcha que intentó llegar al palacio de gobierno, pero unas calles antes fueron bloqueados por escuadrones policiales y carros antimotines, a los cuales atacaron con piedras mientras eran repelidos con gas pimienta.
Algunas personas en medio de las protestas aprovecharon para cometer robos a locales comerciales y otras acciones vandálicas como atacar sin motivo vehículos particulares, especialmente en barriadas marginales de la ciudad portuaria de Guayaquil. En este país no se han producido grandes saqueos en las últimas décadas.
Equipos de periodistas de varios medios fueron atacados por los manifestantes y por la policía.
Protestas, marchas y saqueos
El presidente Moreno aseveró en conferencia de prensa al final de la jornada de protestas que "las personas que violen la ley definitivamente deberán ser detenidas" y agregó que "hemos agotado el mecanismo de diálogo" con los transportistas, a quienes acusó de buscar la desestabilización de su gobierno. Dijo también que los focos de violencia han sido controlados por la policía y las fuerzas armadas.
El presidente de los taxistas, Carlos Brunis, dijo tras tal declaración que ese gremio ratifica las protestas por tiempo indefinido y el rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles porque “atenta contra todo el pueblo ecuatoriano”.
Cerca de 200 personas fueron detenidas durante la jornada de disturbios y protestas, en su mayoría en la ciudad costera de Guayaquil donde hubo saqueos, según informó la ministra del Interior, María Paula Romo.
En declaraciones a un canal de televisión local, Romo precisó que arrestaron a 195 sospechosos, de los que 150 fueron detenidos en Guayaquil, "en su mayoría asociados al robo y vandalismo".
"En este tipo de actos no está en discusión el subsidio (a los combustibles) o la reforma laboral", afirmó Romo antes de subrayar que son hechos "plenamente delictivos".
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, uno de los encargados de hacer cumplir el estado de excepción, aclaró que su propósito “es preservar, proteger todas las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas”.
Las medidas que detonaron la protesta
Moreno aprobó este martes un paquete de reformas que elimina los subsidios a los combustibles con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, alegando que significaban un gasto de 1,300 millones de dólares anuales, por lo que la gasolina de mayor uso en el país pasó de 1.85 dólares a 2.30 dólares el galón, mientras que el diésel subió de 1.03 a 2.27 dólares el galón.
Moreno ratificó que las medidas “están en firme, no existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país”.
Los decretos del gobierno en materia económica forman parte de un conjunto de medidas tomadas en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que está siendo fuertemente criticado por varios sectores de la ciudadanía.
Moreno, que asumió en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía nacional.
El mandatario argumentó que estas reformas son necesarias para enfrentar la complicada situación económica, afectada por un alto endeudamiento público de unos 64,000 millones de dólares y un sostenido déficit fiscal de 10,000 millones de dólares anuales.