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Honduras

Muere la MACCIH, el proyecto anticorrupción de la OEA en Honduras

La 'MACCIH' llevó a cabo casos emblemáticos de corrupción en contra de políticos por malversación de fondos, pero causó la ira del Congreso hondureño. La Secretaría General de la OEA confirmó que la MACCIH finalizará sus funciones el domingo, 19 de enero. (Read this article in English)
18 Ene 2020 – 07:58 PM EST

El Gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA) informaron este viernes de que el diálogo para una segunda etapa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el Gobierno "lamenta que a pesar de los esfuerzos" con la Secretaría General de la OEA, para crear "un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio".

Al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA consideró lamentable que "no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la MACCIH finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020."

La MACCIH fue la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro. El convenio de creación de la MACCIH fue suscrito en enero de 2016 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con una vigencia de cuatro años.



En su comunicado, el gobierno hondureno citó "las denuncias de algunos sectores sociales económicos y políticos en Honduras en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la Misión, que se interpretaron como excesos en sus facultades convencionales".

Tambien, mencionó " la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado".

El Gobierno de Honduras y la OEA iniciaron a finales de diciembre de 2019 en Washington una mesa de diálogo sobre la segunda etapa de la Maccih, la que continuaron la semana pasada a puerta cerrada en Tegucigalpa. El propósito de la mesa de diálogo era lograr un nuevo convenio de apoyo de la OEA que coadyuve en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Los funcionarios del gobierno hondureño habían prometido que las negociaciones conducirían a una misión más sólida, pero varios expertos dicen que los términos impuestos por el gobierno para un nuevo mandato hubieron tenido el efecto contrario.

Según fuentes de Univision, un punto de disputa principal fue el papel de investigación de la misión y su coordinación con una unidad fiscal especial, conocida como la UFECIG, que el gobierno hondureño quería despojar de cualquier nuevo acuerdo. En tal caso, la misión se habría reducido a una función de asesoramiento.

"Si [la MACCIH] no puede ayudar a la unidad de fiscalización anticorrupción (UFECIG) que ha sido altamente eficaz, entonces la misión se convertirá en uno más en una cadena de 40 años de proyectos de asesoramiento sin sentido", dijo Chuck Call, profesor de la Universidad Americana que ha estudiado misiones anticorrupción en Centroamérica.

"Lamentablemente, parece que la administración Trump no está dispuesta a usar su influencia para apoyar la extensión [de la misión] mientras el gobierno hondureño trabaje con ella para frenar la inmigración".

El factor Trump y la inmigración

El Departamento de Estado de Estados Unidos que proporcionó fondos para la misión, o MACCIH, como se le conoce por sus iniciales en español, permaneció en silencio durante las cruciales semanas finales de negociaciones entre Honduras y la OEA.

En un discurso en el OEA el viernes, el Secretario de Estado Mike Pompeo se refirió al "renacimiento" del multilateralismo para proteger la democracia, citando diversas preocupaciones en países del hemisferio, pero no mencionó a Honduras.

Mientras tanto, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, visitó Honduras la semana pasada para anunciar que un acuerdo de 'tercer país seguro', alcanzado en septiembre para frenar los casos de asilo en la frontera sur, comenzaría a implementarse en las próximas semanas.

"A medida que continúen haciendo más para asegurar sus fronteras, desmantelar pandillas y carteles e implementar nuestro acuerdo de asilo, Estados Unidos continuará invirtiendo y apoyando el crecimiento económico en Honduras", dijo Wolf en una conferencia de prensa conjunta con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández .

Pero Estados Unidos cortó drásticamente la asistencia extranjera a Honduras el año pasado y en octubre un tribunal federal de Nueva York condenó a un hermano de Hernández por lo que los fiscales llamaron "tráfico de drogas patrocinado por el estado".


Caso de Guatemala

La aparente aceptación de la administración Trump conrespecto a la MACCIH siguió una estrategia similar empleada el año pasado cuando Guatemala desmanteló su misión pionera internacional contra la corrupción, la CICIG respaldada por las Naciones Unidas. Guatemala fue el primer país en implementar un acuerdo de tercer país seguro.

El pueblo hondureño había pedido una CICIG propia después de que en 2015 se reveló un escándalo de corrupción masiva que implicaba la malversación de cientos de millones de dólares del sistema nacional de salud.

Bajo la presión de protestas masivas en las calles de Tegucigalpa, Hernández se vio obligado a admitir que una parte de los fondos terminó en sus arcas políticas y entró en negociaciones con la OEA. El resultado fue el MACCIH, una misión más pequeña y más débil que su progenitor en Guatemala, cuyo mandato de cuatro años comenzó el 19 de enero de 2016.

Sin embargo, el MACCIH ganó mucha de la fuerza que le faltaba cuando un acuerdo posterior entre la OEA y el gobierno hondureño creó la UFECIC, un nuevo circuito judicial anticorrupción y una unidad procesal anticorrupción especial.

En poco más de dos años de operaciones, la UFECIC se ha convertido posiblemente en la unidad fiscal más exitosa en la historia de Honduras, llevando a juicio 12 casos emblemáticos de corrupción y obteniendo la condena de una ex primera dama por cargos de malversación de fondos. La unidad disipó el mito de la falta de capacidad y puso al descubierto la falta histórica de voluntad política para presentar este tipo de casos.

En última instancia, el éxito de la cooperación investigativa entre el MACCIH y el UFECIC es probablemente lo que llevó al primero a ser despojado de su papel de investigación.

Queda por ver si a este último se le permitirá continuar operando con la independencia que ha sido fundamental para su éxito sin la cobertura política proporcionada por su asociación con el MACCIH. También es posible que el UFECIC se disuelva.

Los criticos al gobierno, señalan que décadas de asistencia extranjera han demostrado que el obstáculo principal para las instituciones efectivas en Honduras es la ausencia de voluntad política. 


Se cree que esta nueva realidad jugó un papel en la reciente renuncia de la jefa interina del MACCIH, la jurista peruana Ana María Calderón, quien fue la tercera persona en ocupar el cargo en cuatro años.

Un nuevo convenio también requeriá la aprobación del Congreso, que ha estado en una casi permanente guerra con la misión desde que anunció su primera acusación.

"Si esa unidad hondureña (la UFECIG) se desmantela después de su desempeño estelar, la única razón lógica es facilitar el crimen por parte de funcionarios del gobierno", dijo Call.

Varios de los casos emprendidos involucraron la malversación de fondos de desarrollo a través de organizaciones sin fines de lucro por legisladores hondureños. Una investigación de Univision mostró que hasta 360 legisladores podrían estar implicados en el esquema y que la cantidad malversada podría superar el escándalo del sistema nacional de salud.


¿Termina el combate a la corrupción?

El gobierno hondureño ha asegurado que sigue comprometido con la lucha anticorrupción. "Reafirmamos nuestro firme compromiso para continuar trabajando en la construcción de mecanismos más integrales que permitan seguir fortaleciendo las instituciones hondureñas y avanzar como sociedad en la prevención y el combate a la corrupci´ón y la impunidad en Honduras,” el gobierno dijo en su comunicado.

Pero muchos expertos dudan de la palabra del gobierno."Este es el último paso del presidente Juan Orlando Hernández y todos los partidos en el Congreso para debilitar cada control sobre la capacidad de los funcionarios elegidos y nombrados para robar", dijo Coll.

Hernández fue nombrado como cómplice no acusado por los fiscales en el juicio por tráfico de drogas de su hermano y está acusado de recibir millones de dólares en sobornos de narcos.

Miembros de su familia han sido implicados en casos de corrupción, incluida su hermana Hilda, quien murió en un accidente de helicóptero en 2017 pero que tenía un claro papel de liderazgo en dos de los casos de corrupción que salieron a la luz.

Un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la familia de Hernández que han recibido más de 100 millones de dólares en fondos públicos también estaban bajo investigación. 

El destino de estos casos, al igual que el de la lucha anticorrupción en Honduras, pende de un hilo.

"Este es un día lúgubre, triste, sombrío y nada estimulante para los hondureños... Quizás es por la certeza de que la degradación ética del país ha llegado a su punto más alto," escribió Leticia Salomón, una socióloga y economista hondureña.

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