📸 Así fue el cerco de más de 10,000 militares y policías en una ciudad de El Salvador buscando pandilleros
Soyapango, la tercera ciudad más poblada del país y ubicada en la periferia de la capital, se convirtió en el primer municipio en ser intervenido dentro de la quinta fase del Plan Control Territorial implementado por Bukele en su polémica guerra contra las pandillas.
Las imágenes difundidas por el gobierno muestran a tropas militares y agentes de la policía portando armas pesadas, cascos, chalecos antibalas y vehículos de guerra entrando al municipio de Soyapango, con una población de alrededor de 300,000 habitantes. Esta ciudad se considera un lugar impenetrable por las autoridades. Sin embargo, los esfuerzos para combatir a las pandillas han sido empañados por detenciones injustificadas y la negación de derechos procesales a los detenidos.
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Más de 10,000 efectivos de la fuerza armada y de la policía de El Salvador, apoyados por fuerzas élites de seguridad,
cerraron el sábado por completo la ciudad de Soyapango, en la periferia de la capital, buscando a los miembros de las pandillas que siguen operando en la zona.
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“A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado”, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de Twitter.
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“8,500 soldados y 1,500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”, agregó Bukele. Este tipo de acciones contra las pandillas ha sido criticado por organizaciones de defensa de derechos humanos.
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Unidades de la Sección Táctica Operativa de la Policía, acompañados por soldados, tomaron control de todos los accesos a Soyapango, a 4.3 millas (siete kilómetros) al noreste de la capital, y que hasta hace unos meses era uno de los principales bastiones de las pandillas en el país.
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Todos los vehículos de pasajeros y particulares estaban siendo inspeccionados y las personas deben identificarse para poder entrar y salir de la zona, mientras las unidades antiterroristas hacen registros en las comunidades para localizar y capturar a los pandilleros. Activistas y organizaciones denuncian que en este tipo de acciones se cometen violaciones de los derechos humanos contra personas que no tienen nada que ver con las maras
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En video: Como parte de su lucha contra los pandilleros, el presidente de El Salvador Nayib Bukele ordenó la construcción de una prisión para terroristas. En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.
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En un mensaje a los habitantes de Soyapango, Bukele dijo que “los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados”.
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Soyapango, la tercera ciudad más poblada del país, con más de un millón de habitantes, se convirtió en el primer municipio en ser intervenido dentro de la quinta fase del Plan Control Territorial,
implementado por Bukele para combatir la violencia de las pandillas. Esta quinta fase se llama 'extracción'.
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En el operativo participaban unidades élites de las fuerzas armadas y la policía y se utilizaron drones y perros entrenados para localizar a los pandilleros que se cree que siguen escondidos en la zona.
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El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, explicó a los periodistas que antes de instalar el cerco se realizó trabajo de inteligencia y que hay equipos de extracción en 40 puntos estratégicos. Durante la primera hora de implementación se capturaron a 12 pandilleros, agregó.
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Después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día, el Congreso salvadoreño, a pedido del presidente Bukele, aprobó una estado de excepción para combatir a las pandillas que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo de arresto, así como de la asistencia de un abogado.
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De acuerdo con cifras del gobierno, en lo que va del estado de excepción se ha capturado a más de 58,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
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Organizaciones sociales han dicho haber documentado más de 4,000 casos de violaciones a los derechos humanos durante los primeros ocho meses de vigencia de la medida y afirman tener informes de que al menos 80 personas han muerto bajo custodia de las autoridades.
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Las imágenes difundidas por el gobierno muestran a tropas militares y agentes de la policía portando armas pesadas, cascos, chalecos antibalas y vehículos de guerra entrando al municipio de Soyapango, con una población de alrededor de 300,000 habitantes. Esta ciudad se considera un lugar impenetrable por las autoridades. Sin embargo, los esfuerzos para combatir a las pandillas han sido empañados por detenciones injustificadas y la negación de derechos procesales a los detenidos.
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