A 10 años de su asesinato, la hondureña Vicky Hernández puede convertirse en un hito en la lucha de las mujeres trans
Vicky Hernández fue asesinada en Honduras durante el toque de queda en la primera noche tras el golpe de Estado de 2009. Más de una década después, su muerte puede ayudar a sentar un precedente en América Latina en favor de los derechos de la comunidad LGBTTI, en especial de las mujeres transgénero.
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dos años después de que el cuerpo de Vicky fue encontrado inerte en la calle con un disparo en un ojo, por una organización del país centroamericano harta de la lentitud de las autoridades locales.
Al cuerpo de Vicky, por ejemplo, nunca se le practicó una autopsia y su madre, Rosa Hernández, fue llamada a declarar recién cuando esa organización, la Red Lésbica Cattrachas, presentó en 2011 el caso ante la Comisión, el paso previo antes de que el caso alcanzara el foro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vicky —que en vida fue una activista que defendió los derechos de las mujeres transgénero— se convirtió entonces en rostro de la violencia en contra de la comunidad LGBTTI en uno de los países que ya de por sí es uno de los más violentos del mundo. También de la impunidad latente, pues las cifras muestran que una ínfima parte de los casos que involucran a personas de esta comunidad resultan en condenas.
Desde junio de 2009, mes en que el presidente José Manuel Zelaya fue sacado de su casa por militares y trasladado en un avión a Costa Rica, la Red Lésbica Cattrachas ha registrado 373 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTTI. De ellas, 118 de personas trans.
De todos esos casos, apenas 78 han llegado hasta los tribunales y solo 34 concluyeron con sentencias condenatorias, de acuerdo con el seguimiento a los casos que hace la Red Lésbica Cattrachas.
El de Vicky es parte de ese porcentaje de impunidad.
¿Una ejecución extrajudicial?
La noche en que murió había salido de la casa de una amiga en San Pedro Sula junto con otras dos amigas transgénero durante el toque de queda, cuando solo los policías y militares podían andar por las calles de Honduras. Esas dos amigas contaron que fueron interceptadas por un auto policial. Ellas salieron corriendo, pero Vicky quedó atrás.
Al día siguiente supieron que Vicky había sido hallada muerta con el disparo en el ojo justo en el lugar donde la vieron por última vez. Ellas nunca pudieron declarar ante las autoridades lo que vieron. Una fue asesinada meses después y la otra al cabo del año siguiente.
Las autoridades abordaron el caso como uno "pasional", un asesinato entre mujeres transgénero que también eran trabajadoras sexuales, una categorización rechazada por organismos internacionales al ser "ofensiva" y "obsoleta". La misma Corte Suprema de Honduras lo abordó así ante preguntas de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos que investigó el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 poco después de que se produjo.
Pero los abogados que litigaron el caso de Vicky ante la CIDH refutan esa línea de investigación.
Tras el golpe "empieza una nueva etapa en los niveles de violencia contra la población LGBT. Vicky fue la primera muerta del golpe de Estado, pero después siguieron muchas más (...) Había una nueva fuerza donde adquiere protagonismo que quienes ejercían la violencia eran las fuerzas de seguridad del Estado", dijo Angelita Baeyens, vicepresidenta de defensa y litigios internacionales de Robert F. Kennedy Human Rights, a Univision Noticias. Esa organización se unió a la Red Lésbica Cattrachas para defender el caso ante la CIDH.
El gobierno hondureño rechaza que sus fuerzas hayan estado involucradas. Pero la muerte de Vicky se dio también en un contexto en el que el código policial del país permite a los agentes alta discrecionalidad a la hora de arrestar a personas de la comunidad LGBTTI, explicó. Baeyens. "Durante los arrestos las maltratan, las golpean, a veces las asaltan sexualmente", agregó.
Un posible hito para los derechos LGBTTI en Latinoamérica
Se espera un fallo de la CIDH en cualquier momento y será crucial dado que es la primera vez en la que aborda la muerte de una persona de la comunidad LGBTTI en América Latina. Y podría representar un precedente para presionar a los gobiernos de la región a proteger más a esas personas, en muchos casos vulnerables a otros contextos de pobreza y marginalización social.
"Es un caso que va a permitir a la corte expandir y aplicar en concteto estándares legales que esperamos redunden en una mayor protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, en particular de las mujeres trans", dijo Baeyens.
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