Qué le están diciendo los jueces a Trump al frenar varias de sus medidas más agresivas

Jueces han fallado recientemente en contra del presidente Donald Trump en los numerosos desafíos por algunas de las medidas más agresivas de su gobierno.

Son decisiones que todavía pueden ser llevadas —al menos una de ellas por segunda vez— a la Corte Suprema o retadas en tribunales de apelación. Sin embargo, fueron entregadas con análisis robustos que podrían ir aclarando los límites que se le fijarán a Trump en las cortes.

En los últimos días, por ejemplo, un tribunal de apelaciones falló que el mandatario excedió su autoridad al imponer amplios aranceles a socios comerciales, un juez federal encontró que el gobierno violó una ley que prohíbe el uso de militares para ejecutar leyes nacionales, y otra corte de apelaciones impidió que en ciertas jurisdicciones se expulse a inmigrantes venezolanos utilizando una ley de tiempos de guerra.

Trump ha seguido un guion parecido en varios de sus decretos presidenciales: asegura que Estados Unidos está en medio de presuntas emergencias, invasiones y rebeliones, y recurre entonces a interpretaciones novedosas de leyes pocas veces utilizadas para avanzar sus objetivos. En dos de los casos mencionados arriba, los jueces han desestimado expresamente que existan tales situaciones.

Un juez federal de San Francisco, California, echó por tierra el 2 de septiembre los argumentos del gobierno en la demanda presentada por el gobernador, Gavin Newsom, tras el despliegue en junio de tropas de la Guardia Nacional y de marines durante las protestas contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

El juez de distrito Charles Breyer acogió el argumento de Newsom respecto a que el gobierno de Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1978 que prohíbe la utilización de militares en la ejecución de leyes nacionales. Los defensores del gobierno dijeron que esa ley no aplicaba en esta situación porque las tropas protegían a agentes federales y no ejecutaban leyes.

Trump puso bajo su control a la Guardia Nacional de California bajo la sección 12406 del Título 10, que le permite a un presidente llamar a la Guardia Nacional para acciones federales cuando se da una "invasión" de Estados Unidos, cuando "hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno" o cuando el presidente no puede "ejecutar las leyes de Estados Unidos".

Militares en California: Trump "violó la Ley Posse Comitatus"

"El Congreso habló claramente en 1878 cuando aprobó la Ley Posse Comitatus, prohibiendo el uso de militares estadounidenses en la ejecución de leyes nacionales", escribió el juez.

"Casi 140 años después, los demandados —el presidente Trump, el secretario de Defensa, (Pete) Hegseth, y el Departamento de Defensa— desplegaron a la Guardia Nacional o los marines en Los Ángeles, para aplacar una rebelión y garantizar el cumplimiento de la ley de inmigración federal. Sí había protestas en Los Ángeles y algunos individuos incurrieron en violencia. Pero no había una rebelión ni las fuerzas de la ley civiles eran incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley", agregó.

El juez determinó que "contrario a la instrucción explícita del Congreso", Trump y su gobierno usaron soldados armados, cuya identidad en ocasiones era ocultada con dispositivos de protección, y vehículos militares para delimitar perímetros y bloquear el tráfico. Agregó que esos militares también participaron en el control de manifestantes. "En pocas palabras, los demandados violaron la Ley Posse Comitatus", precisó el juez.

En el documento con su decisión, Breyer mostró una diapositiva que fue parte de las instrucciones que el Departamento de Defensa dio a las tropas desplegadas en California. En ella aparecía una lista de 12 funciones en las que no debían entrar porque suponían violar la Ley Posse Comitatus. Sin embargo, cuatro de ellas aparecían en letras rojas, porque representaban supuestas excepciones a esa ley.

"A las tropas del 'Task Force 51' (los miembros de la Guardia Nacional y los marines desplegados) se les instruyó que las cuatro funciones listadas en rojo —los patrullajes de seguridad, y los controles de tráfico, multitudes y disturbios— estaban sujetas a una supuesta excepción constitucional a la Ley Posse Comitatus", se lee en el documento judicial.

El juez también mencionó instancias en las que los militares se movieron a puntos más allá del condado de Los Ángeles. Una de ellas fue cuando cerca de 80 efectivos fueron enviados a Camarillo, una localidad a unas 50 millas del centro de Los Ángeles, en medio de una agresiva redada en una granja que terminó con protestas y decenas de personas detenidas. Un inmigrante, Jaime Alanís García, falleció a causa de los golpes tras caer ese día de un techo en la instalación al tratar de evitar su arresto.

En un fallo que se limita solo a California, Breyer prohibió que los militares se involucren en arrestos, requisas, incautaciones, patrullaje de seguridad, control del tráfico y de multitudes, recopilación de evidencia, interrogatorios y que actúen como informantes.

El juez consideró que, como el presidente tiene la intención de continuar replicando estas acciones en otras ciudades, lo que busca es crear una fuerza policial nacional que lo tenga a él como jefe. Ya hizo lo mismo en Washington DC, que este jueves demandó al gobierno para frenar el despliegue de tropas. Y ha amenazado con hacerlo en otras ciudades lideradas por demócratas como Chicago y Baltimore.

Los aranceles más amplios: "La Ley IEEPA no los autoriza"

Otro duro revés judicial llegó recientemente por el frente arancelario. Una mayoría de jueces de un tribunal de apelación determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) con la que Trump sustentó sus aranceles más amplios no le autorizaba a hacerlo.

Son los llamados aranceles 'recíprocos' con una tasa general del 10% y otros porcentajes más altos (de hasta 50%) para algunos socios comerciales. También las tarifas 'por tráfico' impuestas a México, Canadá y China por el flujo de fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos. Esos aranceles, por ahora, permanecen en pie. La corte de apelaciones dio hasta octubre para que el gobierno tuviese oportunidad de llevar el caso ante la Corte Suprema, como ya hizo.

En su análisis, los jueces explicaron que la Ley IEEPA provee que, al declarar una emergencia nacional, el presidente puede "investigar, bloquear mientras transcurre una investigación, regular, anular, prevenir o prohibir cualquier (...) importación o exportación de cualquier propiedad en la que cualquier país foráneo o un nacional tenga cualquier interés".

"Notablemente, IEEPA no usa las palabras 'tarifas' o 'aranceles' ni cualquier término similar como 'aduana' o 'impuesto'. IEEPA tampoco cuenta con una cláusula que dé al presidente poderes más allá de los que detalla expresamente", agregaron.

"Contrario a lo que esgrime el gobierno, la mera autorización para 'regular' no implica la autoridad para imponer aranceles. El poder de 'regular' se ha entendido por largo tiempo que es diferente al poder de 'tributar'. De hecho, la Constitución otorga esas autoridades al Congreso por separado".

Los jueces también detallaron las leyes que sí permiten a un presidente especificar y fijar nuevos aranceles, como por ejemplo las secciones 122 y 201 de la Ley Comercial de 1974.

Agregaron que jamás se había invocado la Ley IEEPA para imponer aranceles y sí para restringir transacciones financieras de países específicos o entidades que un presidente hubiese determinado que representaban una amenaza a los intereses de Estados Unidos. Fue así cuando tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el entonces mandatario George W. Bush invocó la ley para establecer un proceso de designación de organizaciones terroristas para evitar que recursos estadounidenses terminaran en sus manos, se lee en la decisión judicial.

"En casi todas las otras instancias en las que e invocó la Ley IEEPA, los presidentes lo hicieron para congelar activos, bloquear transferencias financieras, imponer embargos o fijar sanciones específicas contra individuos y regímenes hostiles", detallaron.

En su fallo, los jueces también tocaron un punto importante que posiblemente evaluará la Corte Suprema: la 'doctrina de cuestiones importantes' o major questions doctrine que el máximo tribunal usó, por ejemplo, cuando evaluó y frenó el alivio a las deudas estudiantiles del gobierno de Joe Biden.

"El uso de aranceles por parte del Ejecutivo equivale a una decisión de vasta envergadura económica y política, por lo que el gobierno debe buscar una clara autorización del Congreso para su interpretación de la Ley IEEPA", dijeron los jueces.

La expulsión de venezolanos con una ley de tiempos de guerra: "No hay una invasión"

En otro fallo adverso para Trump, un panel de otra corte de apelaciones decidió que no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros de tiempos de guerra para expulsar, desde ciertas jurisdicciones, a inmigrantes venezolanos a los que acusa de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua. Este caso había sido visto de forma expedita por la Corte Suprema y posiblemente regresará al máximo tribunal tras esta decisión más reciente.

El caso surgió cuando dos venezolanos detenidos en Texas y a los que el gobierno tildó de pandilleros pidieron a una corte frenar su inminente expulsión a una cuestionadísima cárcel para terroristas de El Salvador bajo esta ley. Esto en medio de una maquinaria rápida y agresiva para remover a inmigrantes indocumentados del país.

En ese momento, la Corte Suprema bloqueó la deportación de los demandantes y pidió al tribunal inferior mirar dos cosas: si el uso de la ley fue legal y con cuánta antelación se le debe notificar a un inmigrante que será sacado de Estados Unidos bajo esta ley.

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 autoriza la remoción de "nativos, ciudadanos o sujetos de la nación hostil" si hay una "guerra declarada" con un gobierno o país foráneo o si un país o gobierno foráneo perpetra "una invasión o incursión depredadora" del territorio de Estados Unidos, recordaron los jueces en su fallo. Y que Trump invocó la ley para sacar del país a venezolanos que pertenezcan al Tren de Aragua, pandilla designada por el gobierno como una organización terrorista extranjera.

"Determinamos que el Tren de Aragua no es el tipo de fuerza organizada o involucrada en el tipo de acciones necesarias para que constituyan una invasión o incursión depredadora", dijeron los jueces. "Que un país aliente a sus residentes o ciudadanos a entrar a este país de forma ilegal no es el equivalente en estos tiempos a enviar una fuerza armada y organizada a ocupar, interrumpir o dañar a Estados Unidos", agregaron.

"Repetimos las palabras de cierre de la Corte Suprema en su opinión sobre este caso: 'El gobierno puede remover a los demandantes o miembros de una clase bajo otras autoridades legales'. Esas otras autoridades son potentes", agregaron.

Esta nota contiene extractos de contexto de la agencia AP.

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