¿Puede el gobierno de un ‘plumazo’ quitarte la green card? USCIS amenazó con hacerlo: te explicamos cuáles son los escenarios

El anuncio hecho por el director del servicio de inmigración, Joseph Edlow, de someter a revisión residencias legales permanentes (green cards) y otros beneficios migratorios otorgados durante la administración de Joe Biden (20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021) encendió múltiples alarmas en todo el país.

“En el USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) hemos declarado una guerra total contra el fraude migratorio”, escribió Edlow en su cuenta de la red social X. “Estamos revisando el pasado para reevaluar los casos de personas a las que se les otorgaron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden, cuando los procesos de verificación eran laxos”, agregó. Y precisó: “Ahora existe una verificación rigurosa, y estamos reabriendo esos casos antiguos”.

Las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Quién está revisando? ¿Qué criterios se están utilizando en las revisiones? ¿Qué están buscando? ¿Qué motivó la búsqueda? ¿Cuántas residencias permanentes están en la mira? ¿Por qué no han entregado un informe al Congreso para entender la medida? ¿Por qué los procesos de verificación de Biden eran laxos si son los que heredó del primer gobierno de Trump? ¿Notificarán a los afectados para que puedan defender sus permanencias en Estados Unidos?

“Hay dos maneras para entender la advertencia del director de USCIS”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Que el gobierno honestamente quiere revisar los beneficios otorgados durante el gobierno anterior para ver si encuentra fraude. Y otro, si el gobierno tomará una actitud severa para intencionalmente encontrar defectos”.

Barrón advierte que el segundo escenario apunta “al aumento de ‘peros’ para arrestar personas y con ello aumentar las cuotas de deportaciones de aquellos titulares de residencia permanente que tienen menos de 5 años de haber obtenido el beneficio”.

El resto, aquellos que tienen más de 5 años con la green card, deben primero ser notificados de la intención del gobierno de retirarle el beneficio y luego defender sus permanencias ante un juez de inmigración, quien decidirá sus futuros en Estados Unidos.

USCIS advierte en su página digital que “puede que lo coloquemos en un procedimiento de anulación (rescisión) en cualquier momento” durante los primeros cinco años después de que usted se convierte en residente permanente legal si:

• Determinamos que usted no era elegible para obtener una tarjeta de residente permanente al momento en que aprobamos su solicitud de ajuste de estatus (tarjeta de residente permanente), y
• Usted no era elegible para una tarjeta de residente permanente bajo ninguna otra disposición de ley.

La agencia agrega que “si su residencia permanente legal es anulada, ya no será un titular de tarjeta de residente permanente y puede ser colocado en procedimientos de remoción (deportación)".
“Si la rescisión es por una razón de fraude, el gobierno tiene que probar ante un juez de inmigración la razón y determinar si se ha cometido fraude o no”, explica Haim Vásquez, un abogado de inmigración y exfiscal que ejerce en Dallas, Texas. “Si hay fraude, entonces no hay forma de defender la decisión del gobierno y el inmigrante enfrenta un proceso de deportación de Estados Unidos”.

Otros abogados consultados por N+ Univision advierten que, aunque los primeros 5 años señalados en los reglamentos de USCIS constituyen un período de escrutinio (especialmente los primeros dos), la residencia permanente “siempre” puede ser revocada si se demuestra fraude, se cometen delitos graves o se abandona el estatus, por ejemplo, si el titular permanece fuera del país por más tiempo del autorizado por USCIS.

En declaraciones a One America News, Edlow aseguró que durante el gobierno de Biden “no hubo procesos de verificación”, pero tampoco, al igual que con los señalamientos de fraude, no aportó informes ni datos que corroboren la gravedad del problema, en caso exista.

Ya lo habían advertido

Legalmente USCIS puede revisar en cualquier momento un beneficio otorgado. Y en cuanto a las inspecciones como las anunciadas por Edlow tampoco es nuevo. En diciembre la agencia federal dijo que estaba “mejorando” los protocolos de investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes de inmigrantes y la rendición de cuentas en el sistema de inmigración. “La administración Biden pasó cuatro años desmantelando, explotando y socavando el sistema de inmigración de Estados Unidos, inundando nuestro país con extranjeros criminales”, añadió.

Para justificar el argumento, Edlow citó el ataque del 26 de noviembre, cuando un ciudadano de origen afgano identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, asesinó a un miembro de la Guardia Nacional en Washington DC y dejó gravemente herido a otro. El individuo trabajó durante una década para la CIA en un escuadrón de la muerte en Afganistán y en 2021 viajo a Estados Unidos como refugiado. El gobierno no mencionó que Lakanwal obtuvo el estatus de asilado en abril de 2025, bajo el segundo gobierno de Trump.

Por su parte, el 5 de diciembre el DHS anunció la creación del nuevo Centro de Investigaciones “para hacer más rigurosas las investigaciones de seguridad y la verificación de antecedentes en las solicitudes de inmigración, con especial atención a la identificación de terroristas, extranjeros criminales y otras amenazas a la seguridad pública”.

El departamento ha dicho que el centro “hará uso de tecnologías avanzadas y trabajará estrechamente con colaboradores de las fuerzas de aplicación de la ley y de inteligencia para fortalecer la seguridad nacional y mantener la integridad del sistema de inmigración estadounidense”.

Durante el primer año del segundo gobierno de Trump, USCIS ha referido a más de 14,400 extranjeros a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por motivos de seguridad pública, seguridad nacional y fraude, incluyendo a 182 extranjeros que fueron confirmados o sospechosos de ser un riesgo para la seguridad nacional.

Los informes también revelan que la agencia ha colaborado activamente con otras agencias en esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración y de seguridad pública, lo que ha resultado en más de 2,400 detenciones en oficinas locales de USCIS entre el 20 de enero y diciembre de 2025.

El proceso de rescisión

El objetivo de un proceso de rescisión es revocar el estatus de residente permanente legal (LPR) de una persona cuando USCIS determina que esta “no era elegible para el ajuste de estatus en el momento en que se le otorgó dicho estatus de LPR”, indica el reglamento.

Agrega que la rescisión sitúa a la persona “en la misma posición en la que se habría encontrado si el USCIS nunca le hubiera otorgado el ajuste de estatus”. Y que, en ciertas circunstancias limitadas, “esto puede dar lugar a que la persona se encuentre en un período de estancia autorizada o posea algún tipo de estatus migratorio legal, incluso después de la rescisión”.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el resultado es que la persona “carece de estatus legal y no se encuentra en un período de estancia autorizada, quedando, por consiguiente, sujeta a procedimientos de remoción (deportación)”.

USCIS explica además que “un procedimiento de rescisión impugnado requiere una audiencia ante un juez de inmigración (IJ); por ello, la mayoría de los casos susceptibles de una posible rescisión se remiten a procedimientos de remoción en lugar de a procedimientos de rescisión”.

El reglamento especifica además que, “en la mayoría de los casos, USCIS puede -y debe- someter a la persona a procedimientos de remoción, conforme a la sección 240 de la Ley de Inmigración, mediante la emisión de una Notificación de Comparecencia (NTA)”.

“Cualquier orden de remoción posterior, dictada por un juez de inmigración (IJ), se considera ahora suficiente para rescindir el estatus de LPR”, precisa. Dado que la mayoría de los casos que anteriormente requerían un proceso de rescisión (por ejemplo, aquellos en los que el ajuste de estatus se obtuvo mediante fraude) pueden resolverse ahora en el marco de los procedimientos de remoción (deportación) bajo la Sección 240 de la Ley de Inmigración (INA).

Quienes están en la mira

De acuerdo con el anuncio y el reglamento de USCIS que norma los procesos de rescisión de residencias legales permanentes, se encuentran en la mira del gobierno todos aquellos titulares de green cards que tienen menos de 5 años con este beneficio activo. Es decir, la mayoría de aquellos que recibieron el beneficio durante el gobierno del expresidente Biden (enero de 2021 a enero de 2025) y durante el primer año del segundo mandato de Trump.

De acuerdo con datos del Migrant Policy Institute (MPI), en 2021 se otorgaron unas 740,000 tarjetas verdes (green card), 1.02 millones en 2022, 1.17 millones en 2023 y 1.4 millones en 2024, es decir un total aproximado de 4.3 millones de residentes permanentes.

“Creo que este anuncio que hizo USCIS es un golpe a las aspiraciones para que los inmigrantes ejerzan derechos plenos renovando tarjetas de green card y den el paso final que les permitiría convertirse en ciudadanos estadounidenses por naturalización y ejercer el derecho al voto en 2028”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización Derechos Plenos de los Inmigrantes en Los Ángeles, California.

“Si duda se trata de una medida intimidatoria que tendrá efecto negativo en términos de personas que estaban pensando en solicitar la ciudadanía. Ahora preferirán decir que, entre ser ciudadano y arriesgarme, mejor me quedo con la green card y espero unos años para presentar el formulario a USCIS”, indicó.

Gutiérrez dijo además que “esto perjudica las aspiraciones de miles de inmigrantes para ejercer derechos plenos en Estados Unidos. Y afectará particularmente a nuestra comunidad latinoamericana. Nuestro voto es determinante”, apuntó.

El primer martes de noviembre de este año los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir un nuevo congreso (la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado), un tercio de los gobernadores y miles de autoridades locales. En noviembre de 2028 regresarán a las urnas para elegir presidente y un nuevo Congreso.