Sólo el 76% de los inmigrantes indocumentados con casos pendientes cuentan con representación legal

Uno de cada cuatro inmigrantes (24%) que está luchando por sus derechos de permanencia ante un juez de inmigración cuenta con la representación de un abogado, situación que disminuye considerablemente las probabilidades de éxito y aumenta el riesgo de un arresto y deportación de Estados Unidos.

El dato fue revelado en un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York. Los investigadores advirtieron que la cifra incluye a Menores No Acompañados (UAC), uno de los grupos más vulnerables de la comunidad inmigrante.

“Si bien el gobierno siempre cuenta con representación legal en el Tribunal de Inmigración, esto no ocurre necesariamente con el inmigrante”, explica. “A diferencia de los procesos penales, el gobierno federal no está obligado a proporcionar asesoría legal a quienes carecen de recursos para contratar a un abogado”.

En el caso de los Menores No Acompañados (UAC), el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales, así como organizaciones sin fines de lucro han creado programas para ofrecer servicios legales pro-bono durante sus procesos de deportación donde tienen la oportunidad de solicitar asilo u otro programa legal vigente para permanecer en Estados Unidos.

“A pesar de estos esfuerzos, se estima que entre el 75% y el 90% de los niños sujetos a procesos de deportación lo hacen sin representación legal”, advierte la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).

La NCSL añade que pruebas demuestran que contar con asistencia legal “influye en el resultado de estos casos". De hecho, recalca que "en 2014, el 12% de los Menores No Acompañados representados por un abogado fueron deportados, frente a una tasa de deportación superior al 80% entre aquellos que carecían de representación legal”.

El TRAC advierte que “aunque muchas entidades, incluidos bufetes de abogados y clínicas jurídicas, intentan ofrecer asistencia legal pro-bono (gratuita), el número de abogados disponibles ha sido insuficiente para cubrir la demanda. Como resultado, la probabilidad general de contar con representación al momento de la resolución del caso ha disminuido del 63% en el año fiscal 2021 al 32% en el año fiscal 2026, y la tendencia general sigue siendo a la baja mes tras mes”.

El impacto de la pandemia del COVID

El informe sobre la representación legal de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación explica que los esfuerzos por aumentar la oferta de abogados de inmigración “lograron incrementar su número, lo que inicialmente propició un aumento en la cantidad de personas con representación cuando el ritmo de resolución de casos se aceleró tras el fin de las restricciones por el COVID-19”.

Sin embargo, el número de personas representadas ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Executive Office for Immigration Review -EOIR- o Corte de Inmigración) alcanzó su punto máximo en el año fiscal 2024. Y precisa que durante los años fiscales 2025 y 2026, “la cifra de inmigrantes con representación ha disminuido”.

Otro hallazgo refiere que el lugar de residencia de los inmigrantes “influye considerablemente en su capacidad para obtener representación”. Por ejemplo, detalla, “siete de cada diez (70.5%) inmigrantes recién llegados al estado de Maine ya habían conseguido representación para los nuevos casos presentados ante la EOIR en los últimos 90 días”, encabezando la lista de aquellos con mayores tasas de representación en nuevos casos ante los tribunales de inmigración.

En segundo lugar, se ubica Hawái donde siete de cada diez (70.2%) residentes que recibieron Notificaciones de Comparecencia (Notices to Appear o NTA) ante la EOIR en los últimos 90 días ya habían obtenido representación. Y en tercer lugar se situó Virginia Occidental (65.5%), seguida de Maryland (59.1%) y Massachusetts (56.8%).

Número de inmigrantes con representación legal en casos pendientes en los últimos 90 días:

• Alabama: 291 casos – 88 con abogado (30.2%)
• Alaska: 25 casos – 6 con abogado (24%)
• Arizona: 1,325 casos – 660 con abogado (49.8%)
• Arkansas: 376 casos – 92 con abogado (24.5%)
• California: 12,966 casos – 6,851 con abogado (52.8%)
• Carolina del Norte: 2,057 casos - 560 con abogado (27.2%)
• Carolina del Sur: 723 casos – 225 con abogado (31.15%)
• Colorado: 1,364 casos – 506 con abogado (37.1%)
• Connecticut: 1,059 casos – 355 con abogado (33.5%)
• Delaware: 322 casos – 109 con abogado (32.8%)
• Dakota del N: 60 casos – 50 con abogado (55.6%)
• Dakota del S: 61 casos – 32 con abogado (52.5%)
• DC: 186 casos – 92 con abogado (49.5%)
• Florida: 24,910 casos – 6,907 con abogado (27.7%)
• Georgia: 3,768 casos – 1,202 con abogado (31.9%)
• Hawaii: 47 casos – 33 con abogado (70.2%)
• Idaho: 126 casos – 39 con abogado (31%)
• Illinois: 4,197 casos – 1,073 con abogado (25.6%)
• Indiana: 1,983 casos – 574 con abogado (28.9%)
• Iowa: 291 casos – 147 con abogado (50.5%)
• Kansas: 371 casos – 190 con abogado (51.2%)
• Kentucky: 1,282 casos – 311 con abogado (24.3%)
• Luisiana: 2,480 casos – 1,215 con abogado (49%)
• Maine: 210 casos – 148 con abogado (70.5%)
• Maryland: 3,121 casos – 1,843 con abogado (59.1%)
• Massachusetts: 2,719 casos – 1,544 con abogado (56.8%)
• Michigan: 1,015 casos – 512 con abogado (50.4%)
• Minnesota: 594 casos – 315 con abogado (53%)
• Mississippi: 958 casos – 455 con abogado (47.5%)
• Missouri: 483 casos – 212 con abogado (43.9%)
• Montana: 31 casos – 9 con abogado (29%)
• Nebraska: 380 casos – 196 con abogado (51.6%)
• Nevada: 1,268 casos – 704 con abogado (55.5%)
• N. Hampshire: 195 casos – 101 con abogado (51.8%)
• N. Jersey: 5,913 casos – 1,076 con abogado (18.2%)
• N. Mexico: 572 casos – 302 con abogado (52.8%)
• N. York: 11,292 casos – 4,091 con abogado (36.2%)
• Ohio:1,338 casos – 727 con abogado (54.3%)
• Oklahoma: 1,161 casos – 431 con abogado (37.1%)
• Oregon: 255 casos – 66 con abogado (25.9%)
• Pennsylvania: 3,223 casos – 874 con abogado (27.2%)
• Rhode Island: 344 casos – 178 con abogado (51.7%)
• Tennessee: 1,459 casos – 440 con abogado (30.2%)
• Texas: 17,252 casos – 7,850 con abogado (45.5%)
• Utah: 749 casos – 199 con abogado (26.6%)
• Vermont: 30 casos – 10 con abogado (33.3%)
• Virginia: 3,228 casos – 1,588 con abogado (49.2%)
• Washington: 1,242 casos – 573 con abogado (46.1%)
• West Virginia: 55 casos – 36 con abogado (65.5%)
• Wisconsin: 746 casos – 222 con abogado (29.8%)
• Wyoming: 44 casos – 14 con abogado (31.8%)

Los tribunales con menos representación legal

El informe del TRAC muestra que, en el extremo opuesto, con la menor proporción de residentes que habían logrado representación tras recibir una NTA (Notificación de Comparecencia) en los últimos 90 días, se encontraba Nueva Jersey. “Menos de una de cada cinco personas (18.2%) residentes en Nueva Jersey había conseguido representación. Otros estados con tasas de representación inicial particularmente bajas fueron Alaska (24%), Kentucky (24.3%), Arkansas (24.5 %) e Illinois (25.6 %)”.

Por lo general, señalan los investigadores, las tasas de representación aumentan a medida que los inmigrantes disponen de más tiempo para encontrar representación; sin embargo, esto no siempre ocurre así, advierten. “Por ejemplo, Idaho registró un 31% de casos con representación en los asuntos recientes, pero solo un 21,9% en el total de sus casos pendientes”.

“Si se trata de la primera audiencia, no existe un riesgo elevado si el inmigrante no tiene representación legal”, dice Álex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Todavía tiene tiempo para conseguirlo. Pero para la segunda audiencia, esa es la vencida. Debe tener un abogado o de lo contrario aumentan las posibilidades de perder su caso y que le den una orden de deportación”.

Tras la publicación del informe del TRAC, N+Univision tuvo acceso a una carta enviada el 15 de septiembre por el asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la directiva de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), en la cual advierte que “el asilo es un beneficio discrecional, lo que significa que el gobierno no está obligado a concederlo, aunque el extranjero cumpla con los requisitos de elegibilidad”.

“Nuestro sistema de tribunales de inmigración padece un enorme retraso acumulado. Para julio de 2026, había casi 3,5 millones de casos y 2,3 millones de solicitudes de asilo (defensivos) pendientes ante los tribunales de inmigración", indica. Y agrega una conclusión no atribuida donde se asegura que “para la gran mayoría de los extranjeros, las solicitudes de asilo sin fundamento simplemente retrasan lo inevitable y permiten que el extranjero cree vínculos con una comunidad en la que tal vez no pueda permanecer legalmente”.

En la misiva, el DHS asegura que “la presentación de una solicitud de asilo frívola suele hacer que el extranjero quede permanentemente inhabilitado para acceder a la mayoría de las formas de alivio migratorio y otros beneficios de inmigración” y advierte a los abogados que presentan dichas solicitudes “están sujetos a sanciones. El Departamento emprenderá acciones enérgicas utilizando todos los recursos disponibles contra cualquier persona que incurra en esta conducta”.

Abogados consultados por N+ Univision insisten en que, el debido proceso garantiza una defensa apropiada legítima de un caso de asilo. Y que una desestimación del caso no significa que se haya cometido un fraude o se trate de un caso frívolo.