Nuevas reglas migratorias en septiembre: Si eres estudiante, periodista extranjero o salvadoreño, te interesa conocer estos cambios

A partir del próximo 9 de septiembre, la administración del presidente Donald Trump comenzará a implementar distintos ajustes en políticas migratorias que afectarán a miles de personas, como estudiantes o periodistas, así como a salvadoreños. Las adecuaciones se realizarán en menos de 10 días, lo que puede generar un aumento de las detenciones en el país al no tener impedimentos los agentes migratorios.

El fin del TPS para El Salvador

Los primeros ajustes migratorios comenzarían a las 12:00 de la madrugada del 10 de septiembre de 2026, con la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de El Salvador. Este programa fue designado en 2001, durante la administración del presidente George W. Bush, como respuesta a los terremotos ocurridos en enero y febrero de ese año. Desde entonces, el TPS ha sido prorrogado en varias ocasiones y ha protegido a decenas de miles de salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos.

La extensión mantiene la protección migratoria y determinados permisos de trabajo relacionados, por lo que, solo que se anuncie una nueva prórroga o por una decisión judicial, el programa dejará de estar vigente al comenzar el 10 de septiembre.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se encarga de procesar las solicitudes, renovaciones y autorizaciones de empleo, pero corresponde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidir si la designación de El Salvador se extiende o termina mediante una notificación oficial. Si la terminación entra formalmente en vigor, quienes dependan exclusivamente del TPS perderán la protección contra la deportación y la autorización de empleo.

La finalización del programa no implica que todas las personas serán deportadas automáticamente. Los beneficiarios que tengan otro estatus migratorio, una solicitud pendiente que les otorgue protección, una petición familiar o laboral, una solicitud de asilo, la residencia permanente u otra base legal válida podrían conservar su derecho a permanecer en el país.

Los cambios que afectarán a estudiantes

El 15 de septiembre de 2026 entrarán en vigor varios cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos. Uno de los principales será el reemplazo de la regla de “Duración de Estatus” (D/S) por un sistema con fechas específicas de vencimiento en el formulario I-94. La medida afectará principalmente a personas con visas F-1 y F-2 (estudiantes y sus dependientes), J-1 y J-2 (visitantes de intercambio y sus dependientes), así como a ciertos titulares de visas I, correspondientes a representantes de medios de comunicación.

A partir de esa fecha, los oficiales de inmigración establecerán en el I-94 el período autorizado de permanencia. En las categorías F y J, la admisión inicial podrá tener un límite máximo de cuatro años, aunque el tiempo concedido dependerá de la duración real del programa y del cumplimiento de las normas migratorias.

Esto no significa que todas las personas recibirán automáticamente cuatro años. Además, algunos cambios relacionados con el período de gracia después de los estudios, las transferencias, los cambios académicos y el reingreso al país podrían aplicarse bajo condiciones específicas.

Estadía de comunicadores tendrá un límite

Para los corresponsales de prensa y demás representantes de medios extranjeros con visa I, la nueva regla establece que ya no serán admitidos bajo el régimen D/S, sino por un periodo fijo equivalente al tiempo necesario para realizar su trabajo, el cual solo será de 240 días.

En el caso de los comunicadores de la República Popular China, exceptuando a los de Hong Kong o Macao, el límite será de 90 días. Si la asignación continúa después de ese plazo, deberán presentar ante USCIS una solicitud de extensión de estadía mediante el Formulario I-539 antes de que expire su I-94. Cada extensión podrá concederse por hasta otros 240 días, o 90 días.

Las personas que se encuentren en el país no tienen que salir del país o presentar una petición de extensión. La norma contempla disposiciones transitorias, pero el resultado dependerá de la categoría migratoria, la fecha de admisión, el programa vigente y cualquier viaje internacional posterior. Si una persona sale de Estados Unidos después de la entrada en vigor y vuelve a ingresar, podría recibir un nuevo I-94 con una fecha fija y quedar sujeta plenamente al nuevo sistema.

"Qué hay detrás de la carga pública?

Para el 18 de septiembre de 2026, las autoridades migratorias determinarán si algunos inmigrantes pueden convertirse en una "carga pública" al solicitar una visa de inmigrante o la residencia permanente. La “carga pública” es una regla migratoria de Estados Unidos que puede causar que le nieguen ciertos beneficios a una persona si las autoridades consideran que podría depender económicamente del gobierno.

Esa clasificación la decidirán los agentes migratorios a partir de la revisión de aspectos como su edad, estado de salud, familia, ingresos, bienes, educación y capacidades, y en algunos casos también el apoyo económico de un patrocinador.

Hasta el momento, las autoridades solo se centran en el análisis de beneficios económicos en efectivo y en la permanencia prolongada en instituciones pagadas por el gobierno. Pero a partir del 18 de septiembre, los funcionarios tendrán una gama más amplia de ayudas públicas sujetas a requisitos de ingresos, como SNAP, WIC, comidas escolares, ciertos programas de Medicaid, vivienda subsidiada, cuidado infantil, Head Start y algunos créditos fiscales.

La nueva regla no cambia quién puede solicitar ni quién tiene derecho a recibir esos programas. Sin embargo, si una persona está sujeta a una evaluación de “carga pública”, el uso de alguno de estos beneficios podría ser considerado como parte del análisis de su situación migratoria. Además, los oficiales podrán revisar otros programas similares si creen que son relevantes para el caso.

Con los cambios, ser beneficiario de un SNAP no significa automáticamente que una persona será considerada una “carga pública”. Los oficiales deberán evaluar el momento y la duración del beneficio, si se recibió junto con otras ayudas y las circunstancias generales del solicitante, incluyendo su empleo, edad, salud, familia, recursos económicos, educación y habilidades.

En el caso de Medicaid y otros programas estatales de salud sujetos a requisitos de ingresos, estos también podrían ser considerados si la persona está sujeta a una evaluación de carga pública. Aunque se reciban las ayudas, cada caso será analizado individualmente.