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Coronavirus

Task force médico recomendó comprar pruebas por $38 millones

La analista de Compras de Salud, Mariel Rivera, indicó que los doctores Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Salgado dieron el visto bueno para la transacción. Asimismo, la secretaria auxiliar de Administración, Adil Rosa, aseguró que las dos figuras que dieron la orden para que se compraran las pruebas fueron ellos.
15 Abr 2020 – 08:49 PM EDT

La analista de Compras de Salud, Mariel Rivera, dijo este martes que no evaluó la cotización del millón de pruebas por 38 millones de dólares ofrecida por la empresa Apex y que se llevó a una reunión del “task force”, donde se aprobó y, según la funcionaria, fue avalada por la secretaria auxiliar de Administración, Adil Rosa.

Durante una audiencia pública de la Cámara sobre la irregular y fallida compra de las pruebas para detectar el covid-19, la funcionaria a cargo de las cotizaciones en la emergencia del covid-19 en Salud ofreció detalles del proceso de adquisición de los test.

Rivera indicó que en la reunión del “task force” en el Nmead “se informaron parámetros de la cotización. Dijeron que iban a esperar la cotización del millón de pruebas (que finalmente llegó durante la reunión). Vieron el brochure y no recuerdo que me hayan hecho preguntas de la FDA. Se hicieron preguntas sobre el tiempo que iban a tardar y el precio”.

Según la analista, el coordinador del “task force”, Segundo Rodríguez Quilichini, y el obstetra-ginecólogo Juan Salgado, “eran las personas más vocales” en la reunión.

Dijo, además, que el precio del millón de dólares se bajó a 38 dólares, tras aceptarse la condición de que se hiciera un adelanto a Apex de 19 millones de dólares. Rosa avaló el precio. Era la única del Departamento de Salud que estaba ahí”.

“La decisión final fue que procediera con la compra durante la reunión del ‘task force’, pasada las 9:30 de la mañana del día 26 de marzo. Rosa me indicó que procediera a dialogar con el área de Compras del Negociado".

Sobre cómo llegó el ofrecimiento de Apex a Salud, contó que el 25 de marzo “Rosa me pide que anote un número de teléfono de Juan Maldonado. No me habla de Apex. Sí que solicitara cotización y verificara otros productos. No sé quién es (Maldondo, abogado de Apex), era la primera vez que escuchaba su nombre”.

Respecto del diálogo con Maldonado, sostuvo que “ me dijo que tenía ventiladores disponibles de manera inmediata y otros productos (como las pruebas rápidas). Entiendo que eran 250 y que podía conseguir hasta mil. Le pedí por escrito la cotización, pero yo no la evalué. Se llevó la cotización a reunión del ‘task force’ en el Nmead. La orden fue de Adil Rosa. Era la persona que me estaba autorizando. No consulté con la doctora Concepción Quiñones de Longo (la secretaria de Salud en ese momento)”.

Agregó que “el proceso para el pago (del adelanto de los 19 millones de dólares) se hizo en el Negociado de Manejo de Emergencias (Nmead)”.

Recordó que “ seis días después, el asesor legal del ‘task force’ me comunica de manera verbal que la compra del millón de pruebas iba a ser cancelada por orden del general José Burgos (comisionado del Nmead) y del secretario de Salud, Lorenzo González Nieves porque no cumplió con los términos de entrega y porque no cumplió con la FDA”.

Por su parte, Adil Rosa Rivera, identificó al coordinador del ‘task force’ médico, Segundo Rodríguez Quilichini, y al también integrante del grupo y ginecólogo, Juan Salgado, como las dos figuras que dieron la orden para que se comprara un millón de pruebas rápidas de coronavirus a la empresa Apex General Contractors.

Según indicó Rivera, la oferta de Apex, a un costo de $38 por pruebas, se aceptó por encima de otra cotización en la que se le ofrecía al Departamento de Salud 500,000 ‘rapid test kits’ por $10 cada uno, para un total de $5 millones.

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes le ofreció inmunidad a Rosa Rivera, tras admitir en la vista las irregularidades que se siguieron en el componente gubernamental que maneja la crisis del covid-19 en el proceso para comprar un millón de pruebas rápidas que nunca llegaron a Puerto Rico.

La exfuncionaria del Departamento de Salud tendrá dos días para aceptar la oferta. De aceptarla, tendría que presentar en una vista ejecutiva con miembros de la comisión la evidencia que podría ofrecer como parte de la investigación.

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