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Toque de Queda

Presentan una demanda contra la orden ejecutiva que impone el toque de queda en Puerto Rico

La Unión Americana de Libertades Civiles, y tres ciudadanos particulares, consideran que es inconstitucional el castigo de hasta seis meses de prisión para quienes no respeten la orden del toque de queda en la isla.
5 Abr 2020 – 03:01 PM EDT

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en conjunto con tres ciudadanos particulares, demandaron a la gobernadora Wanda Vázquez y a la secretaria de Justicia, Denise Longo. Los demandantes solicitan que se declare inconstitucional la orden ejecutiva que propone castigar con seis meses de prisión a los que violen el toque de queda en Puerto Rico por el coronavirus.

El documento también hace referencia a la parte de la orden ejecutiva que prohíbe las reuniones en residencias privadas. “Durante la vigencia de esta Orden, el dueño y/o la persona a cargo de una residencia que permita que personas ajenas a su núcleo familiar se congreguen para llevar a cabo reuniones, tertulias, fiestas o cualquier actividad no permitida en esta orden en dicha residencia y su entorno, será considerada una violación a la orden ejecutiva y estará sujeto a las penalidades establecidas por ley”, dicta la orden ejecutiva.

“Esta disposición de la orden constituye una afrenta contra el derecho a la intimidad, la dignidad del ser humano, la protección a la vida privada y familiar, derechos de asociación y al debido proceso de ley, así como a la prohibición de registros y allanamientos irrazonables”, según la demanda.

“Esta cláusula de la Orden viola disposiciones constitucionales de libertad de expresión, libertad de comercio, libertad religiosa, al cerrar estos establecimientos (negocios que no sean prioritarios) y simultáneamente permitir al sector religioso llevar a cabo actividades para poder transmitir sus cultos, cuando nuestra Constitución establece completa separación de Iglesia y Estado”, agregan los demandantes.

Según el documento, los tres ciudadanos que se unieron a la ACLU fueron identificados como Mario Santana Ortiz, Nindra Cordero Ulmo y Pedro Colón Almenas.

La demanda estipula que estas tres personas están a cargo del cuidado de sus madres de avanzada edad y que por ellos deberían estar exentos de la orden ejecutiva para transitar libremente por las vías públicas.

Los que violen la orden ejecutiva se exponen a una multa de $5,000 o a una pena carcelaria de hasta seis meses.


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