Dura advertencia del contralor electoral a políticos de Puerto Rico antes de las elecciones

Todo funcionario principal que aspire a un puesto de elección popular debe mantener separadas sus páginas y cuentas oficiales de sus páginas y cuentas privadas de campaña para evitar incurrir en violaciones que les costarían hasta $10,000 dólares.

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Todo candidato a puestos de elección popular en la isla que tengan redes sociales y páginas de internet deberán separar sus asuntos oficiales de los de campaña, de lo contrario incurrirán en multas ascendentes a $10,000, informó hoy la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, requiere a las entidades gubernamentales de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico que, a partir del primero de enero de cada año electoral y hasta que no se haya completado el tiempo eleccionario, tienen que pedir autorización a la OCE antes de publicar un anuncio.

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“Todo funcionario principal que aspire a un puesto de elección popular, mantendrá separadas sus páginas y cuentas oficiales de sus páginas y cuentas privadas de campaña política para así evitar incurrir en violaciones a la Ley 222 (Financiamiento de Campañas Políticas)”, dice el documento en detalle.

Este reglamento establece, además, que las páginas y los portales de las tres ramas del Gobierno y de los gobiernos municipales, “incluyendo sus respectivos contenidos oficiales en las redes sociales, podrán continuar su curso de operación y difusión siempre que no incluyan la exposición de logros; mensajes, lemas o símbolos relacionados con campañas políticas; ni se favorezca o desfavorezca la figura o la imagen de ningún funcionario elegido y tampoco de aspirantes o candidatos a cargos públicos por elección”.

El aspirante que viole esta ley se expone a una multa de $1,000 a $4,000 por la primera infracción y de $5,000 a $10,000 por infracciones subsiguientes.

Ha habido querellas contra la gobernadora

Aunque es una advertencia que lanza el contralor electoral, Walter Vélez, no se informó sobre algún caso en específico en el que algún político haya cometido una violación a esta norma.

Sin embargo, anteriormente funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD) han sometido querellas contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced, por un vídeo donde ella figura ayudando a damnificados del sur en su cuenta personal, y en la de La Fortaleza, donde entendían que estaba haciendo campaña política con fondos públicos.