Cada día, miles de trabajadores ayudan a los adultos mayores en Estados Unidos a levantarse, vestirse, alimentarse y conservar su autonomía. Es una labor esencial que transcurre, muchas veces, lejos de la mirada pública, como si quienes cuidan lo hicieran en las sombras.
La política migratoria de Trump pone en vilo a los inmigrantes que sostienen los cuidados de adultos mayores
Mientras millones de adultos mayores dependen de ayuda para realizar las tareas más básicas, las políticas migratorias de la administración Trump ponen bajo presión a un sector indispensable para el país.
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Una parte importante de esa fuerza laboral está conformada por inmigrantes con estatus migratorios diversos, desde ciudadanos estadounidenses naturalizados hasta personas con permisos temporales u otras formas de residencia. En medio de las políticas migratorias más restrictivas y las deportaciones impulsadas por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, algunos afrontan una incertidumbre que se suma a las exigencias de un trabajo del que dependen millones de personas mayores y sus familias.
En Estados Unidos, casi uno de cada tres trabajadores de atención directa es inmigrante. El dato, obtenido por la organización de investigación y análisis de políticas de salud KFF en un análisis publicado en julio de 2026, muestra hasta qué punto el cuidado de las personas mayores y de quienes viven con discapacidad depende de una fuerza laboral nacida fuera del país.
Mientras la población envejece y aumenta la demanda de estos servicios, las políticas migratorias más restrictivas añaden incertidumbre a un sector que ya tiene dificultades para contratar y retener personal. Para algunos trabajadores inmigrantes, la preocupación por su situación migratoria se suma a los salarios modestos, las jornadas exigentes y la inestabilidad laboral.
El endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias y las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden aumentar el temor entre quienes carecen de una protección migratoria estable. Sin embargo, no todos los inmigrantes afrontan el mismo riesgo ni las estadísticas disponibles permiten determinar cuántos cuidadores han dejado sus empleos por miedo a una deportación.
Las posibles consecuencias van más allá de los trabajadores. Si un cuidador deja un puesto o no puede acudir a su turno, las personas mayores que dependen de su asistencia y las familias que necesitan ese apoyo pueden verse obligadas a reorganizar sus rutinas o buscar alternativas que no siempre están disponibles.
El desafío es doble. Estados Unidos necesita ampliar su capacidad de cuidado y, al mismo tiempo, mantener una fuerza laboral suficiente para responder a esa demanda.
Una población que envejece y una necesidad que no deja de crecer
El envejecimiento de Estados Unidos está transformando la demanda de servicios sanitarios y de atención de larga duración. A medida que más personas llegan a edades avanzadas, aumenta la necesidad de ayuda para realizar actividades cotidianas, atender enfermedades crónicas y mantener la autonomía en el hogar.
El Population Reference Bureau (PRB) advirtió en la ficha "El envejecimiento en Estados Unidos", publicada en julio de 2019, que la demanda de atención en residencias de enfermería crecería considerablemente. Su proyección situaba en alrededor de 1,9 millones el número de personas atendidas en estos establecimientos para 2030, frente a 1,2 millones en 2017. También anticipaba un incremento de las necesidades relacionadas con el Alzheimer y otras formas de demencia.
Detrás de esas proyecciones hay tareas que no pueden posponerse: ayudar a una persona a bañarse, preparar sus alimentos, acompañarla durante la noche o evitar que sufra una caída. Para muchas familias, contar con un cuidador permite que un ser querido permanezca en casa y que sus familiares puedan compatibilizar el trabajo con las responsabilidades de asistencia.
Los trabajadores de atención directa convierten los servicios médicos y los programas de apoyo en ayuda cotidiana. Sin suficiente personal, el financiamiento sanitario y la disponibilidad de instalaciones no garantizan que haya alguien capaz de atender las necesidades de cada persona.
Por eso, la capacidad de Estados Unidos para responder al envejecimiento de su población también depende de que pueda atraer y retener a suficientes trabajadores de cuidados.
Millones de empleos, pero dificultades para cubrirlos
La fuerza laboral incluye asistentes de salud en el hogar, trabajadores de cuidado personal, auxiliares de enfermería y empleados de residencias y otros centros. Sus funciones y requisitos varían, pero todos contribuyen a atender a personas mayores o con discapacidad.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) calculó en el Manual de Perspectivas Ocupacionales en agosto de 2026 que los asistentes de salud en el hogar y los trabajadores de cuidado personal ocupaban aproximadamente 4,68 millones de empleos en 2025. Se proyecta un crecimiento del 18 % entre 2025 y 2035, equivalente a unos 847,300 empleos adicionales; también se prevé alrededor de 760,500 vacantes anuales, muchas de ellas para reemplazar a trabajadores que abandonan sus puestos o se retiran del mercado laboral.
El panorama es aún más amplio al considerar el conjunto de la atención directa. El Instituto de Asistencia Sanitaria para Profesionales Auxiliares (PHI) estima en el informe Comprender la fuerza laboral de atención directa, publicado en septiembre de 2026, que el sector reúne unos 5,8 millones de trabajadores y que será necesario cubrir alrededor de 9,6 millones de puestos entre 2025 y 2035. Esta última cifra incluye nuevos empleos y vacantes por rotación y salidas laborales; no significa que se crearán 9,6 millones de puestos nuevos.
El reto no consiste únicamente en incorporar trabajadores, sino en conseguir que permanezcan en sus empleos. La labor puede exigir movilizar pacientes, atender necesidades emocionales complejas y trabajar de noche, los fines de semana o en horarios adaptados a cada hogar.
Aunque algunos puestos no requieren estudios universitarios, eso no garantiza una carrera estable ni mejores ingresos. Los salarios modestos, los beneficios limitados y las escasas oportunidades de progresar llevan a algunos trabajadores a buscar empleo en otros sectores.
Las dificultades de contratación, por tanto, preceden a las actuales restricciones migratorias. La incertidumbre sobre la disponibilidad de trabajadores inmigrantes se suma a un problema estructural que el sector lleva años intentando resolver.
Los inmigrantes, una pieza esencial del sistema de cuidados
Los inmigrantes representan una proporción mayor de la fuerza laboral de atención directa que del conjunto del empleo adulto estadounidense. Según el análisis de KFF publicado en julio de 2026, basado en datos de 2024 de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, constituyen el 30 % de estos trabajadores, frente al 18 % de todos los trabajadores adultos del país.
Su presencia varía según el entorno laboral. Los ciudadanos estadounidenses naturalizados representan el 19 % de los trabajadores de atención domiciliaria, el 16 % de los empleados en centros de enfermería y el 14 % de quienes trabajan en residencias. Entre los inmigrantes que no son ciudadanos, las proporciones son del 14 % en la atención domiciliaria y del 9 % tanto en centros de enfermería como en residencias.
Estas diferencias son importantes para entender los posibles efectos de las políticas migratorias. Los ciudadanos naturalizados tienen ciudadanía estadounidense; otros inmigrantes pueden contar con residencia permanente, permisos temporales u otras protecciones, mientras que algunos carecen de autorización migratoria.
Una parte de los trabajadores inmigrantes tiene ciudadanía o algún estatus migratorio regular, por lo que las cifras de KFF no permiten determinar cuántos carecen de documentos y podrían estar expuestos a una deportación.
La distribución geográfica también influye. KFF estima que la proporción de inmigrantes entre los trabajadores de atención directa va del 0 % en Wyoming al 60 % en Nueva York. En los estados y comunidades donde representan una parte considerable de la fuerza laboral, las dificultades para contratar o retener personal pueden añadir presión a los proveedores de cuidados.
El Bipartisan Policy Center (BPC) también ha advertido que las vías migratorias limitadas para cubrir puestos de atención directa dificultan la respuesta a la escasez de trabajadores, de acuerdo con su informe "Abordar la escasez de personal de atención directa", en diciembre de 2023. El sector necesita personal, pero las opciones para incorporarlo desde el extranjero no siempre se corresponden con sus necesidades.
Esto no significa que toda restricción migratoria provoque automáticamente la pérdida de cuidadores. Sí pone de relieve que las decisiones migratorias pueden influir en la disponibilidad futura de una fuerza laboral de la que dependen millones de personas.
El miedo de los inmigrantes a ICE y a la deportación
Para algunos trabajadores inmigrantes, la incertidumbre no se limita a posibles cambios en las normas que regulan su estancia en Estados Unidos. El endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias y las actuaciones de ICE pueden aumentar el temor a una detención, a la separación familiar o a tener que abandonar el país.
Ese temor no es igual para todos. La situación de un ciudadano naturalizado es distinta de la de una persona con residencia permanente, un permiso temporal o un estatus migratorio irregular. También importan la autorización laboral vigente y las protecciones legales aplicables a cada caso.
La presión migratoria podría afectar a la disponibilidad de cuidadores incluso cuando no se produce una detención en el lugar de trabajo. Algunos trabajadores pueden reconsiderar sus empleos, limitar sus desplazamientos o buscar alternativas laborales para reducir la incertidumbre. En un sector que depende de la presencia física y la continuidad de la asistencia, una ausencia puede obligar a buscar un reemplazo con poca antelación.
Sin embargo, las fuentes disponibles hasta el momento de esta publicación no permiten determinar cuántos cuidadores han abandonado sus puestos por temor a ICE ni cuántos pacientes han perdido servicios como consecuencia de arrestos migratorios. Tampoco permiten atribuir una interrupción concreta de los cuidados a una operación de la agencia con pruebas específicas.
La preocupación es que un sector que ya tiene dificultades para retener personal encuentre todavía más obstáculos para cubrir sus turnos. Si un trabajador deja de estar disponible y no hay un reemplazo, las familias pueden verse obligadas a reorganizar sus horarios, asumir más tareas o buscar servicios alternativos.
La incertidumbre migratoria constituye así una vulnerabilidad potencial para el sistema, aunque la magnitud de sus efectos sobre la continuidad de los cuidados todavía no esté cuantificada.
TPS y visados: decisiones migratorias con posibles efectos laborales
El Estatus de Protección Temporal (TPS) y las restricciones a los visados son dos ámbitos de la política migratoria que pueden afectar a parte de la población inmigrante y a las vías para incorporar nuevos trabajadores.
El TPS permite que determinadas personas procedentes de países designados permanezcan temporalmente en Estados Unidos y, si cumplen los requisitos, obtengan autorización para trabajar. No equivale a la residencia permanente ni a la ciudadanía, y su vigencia depende de decisiones administrativas y judiciales.
Para los trabajadores que dependen de esta protección, los cambios en el estatus pueden generar incertidumbre sobre su posibilidad de permanecer y trabajar legalmente en el país. Sin embargo, las consecuencias concretas dependen de las decisiones vigentes y de la situación individual de cada persona.
Las restricciones a los visados también pueden afectar a la incorporación de nuevos trabajadores. Según el análisis de KFF, al menos uno de cada cinco trabajadores inmigrantes de atención directa procede de alguno de los 75 países incluidos en la pausa de visados de inmigrante anunciada por la Administración Trump en enero de 2026.
La situación de esa medida cambió posteriormente. El 21 de agosto de 2026, un tribunal federal dejó sin efecto la pausa de emisión de visados de inmigrante para nacionales de esos 75 países. Después, el Departamento de Estado anunció otra pausa, esta vez relacionada con las entrevistas para visados de inmigrante en embajadas y consulados, mientras revisaba sus procedimientos.
Estas restricciones no equivalen a deportaciones ni significan que los trabajadores procedentes de esos países pierdan automáticamente sus empleos; sus efectos dependen del alcance de cada medida y de las circunstancias de las personas afectadas. Aun así, las barreras a la inmigración pueden reducir las vías disponibles para incorporar trabajadores y limitar las opciones para responder a la demanda futura.
Quienes cuidan también afrontan dificultades económicas
La importancia social del trabajo contrasta con los ingresos de quienes lo realizan. Para muchos cuidadores, la estabilidad migratoria no es la única preocupación: también deben hacer frente a salarios modestos y beneficios limitados.
La BLS situó en 35,800 dólares el salario anual mediano de los asistentes de salud en el hogar y los trabajadores de cuidado personal en 2025, equivalente a 17,21 dólares por hora. PHI, que estudia una categoría más amplia de trabajadores de atención directa, sitúa el salario mediano por hora en 17,99 dólares para ese mismo año.
PHI estima que el 34 % de estos trabajadores vive en la pobreza o cerca de ella y que el 45 % depende de programas de asistencia pública. Los ingresos pueden verse afectados por los salarios bajos y los horarios parciales, incluso cuando las responsabilidades exigen esfuerzo físico, paciencia y disponibilidad.
El BPC ha identificado tres obstáculos principales para retener trabajadores: salarios y beneficios bajos o estancados, entornos laborales difíciles y pocas oportunidades de capacitación y crecimiento profesional. Según las cifras recogidas por el centro, el 86 % de los trabajadores de atención directa son mujeres, el 60 % son personas de color y el 25 % son inmigrantes.
Para quienes además afrontan incertidumbre migratoria, las dificultades económicas pueden añadir otra capa de vulnerabilidad. No obstante, las experiencias varían según el puesto, el empleador, el lugar de residencia y la situación personal.
Cuando los trabajadores no pueden sostener sus hogares, resulta más difícil que permanezcan en empleos exigentes. La salida de personal obliga a buscar reemplazos y puede poner en riesgo la continuidad de la asistencia.
Lo que las estadísticas no alcanzan a contar
No existe una cifra completa y precisa de cuántos cuidadores indocumentados trabajan en Estados Unidos. Las estadísticas disponibles permiten identificar a los inmigrantes y, en algunos casos, distinguir entre ciudadanos naturalizados y no ciudadanos, pero no establecen por sí solas el estatus migratorio de cada trabajador.
KFF utiliza datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense para analizar las características de esta fuerza laboral. PHI, por su parte, advierte que parte del trabajo de cuidados es difícil de medir, especialmente cuando las familias contratan directamente a una persona fuera de agencias o programas públicos.
Estas limitaciones impiden determinar con exactitud cuántos cuidadores podrían verse afectados por determinadas políticas migratorias, cuántos han dejado sus empleos por temor a una deportación o en qué comunidades podrían producirse las mayores interrupciones del servicio.
La falta de datos no demuestra que no exista un impacto, pero tampoco permite atribuir a las políticas migratorias un número específico de puestos perdidos o pacientes desatendidos. Para evaluar las consecuencias con rigor hacen falta datos comparables sobre empleo, situación migratoria, rotación y acceso a los cuidados.
Medicaid y las condiciones laborales: otras presiones sobre el sistema
La política migratoria es solo una parte del problema. El financiamiento de los servicios y las condiciones de empleo también influyen en la capacidad del sector para contratar y retener trabajadores.
En su análisis de julio de 2026, KFF advirtió que los cambios federales relacionados con Medicaid podían repercutir en los servicios de cuidados y en los trabajadores. El informe indicó una reducción proyectada de 911,000 millones de dólares en el gasto federal de Medicaid, junto con nuevos requisitos laborales para determinados beneficiarios, dentro de los cambios de política examinados.
Medicaid es una fuente central de financiamiento para los cuidados de larga duración. KFF también encontró que los trabajadores de atención directa tenían más probabilidades de estar cubiertos por Medicaid o de carecer de seguro médico que otros trabajadores adultos.
El análisis mostró, además, propuestas del Departamento de Trabajo que podrían modificar las protecciones de salario mínimo y horas extraordinarias para algunos trabajadores de atención domiciliaria, así como facilitar que ciertos empleados fueran clasificados como contratistas independientes. También señaló el aplazamiento de una disposición que habría requerido a los estados establecer grupos asesores sobre las tarifas pagadas a los proveedores de atención directa.
Estas medidas no tenían todas el mismo estado jurídico al publicarse el informe: algunas eran propuestas y otras correspondían a cambios o aplazamientos administrativos. Antes de publicar, conviene verificar si su situación ha cambiado.
En conjunto, muestran que la estabilidad del sector depende tanto de la disponibilidad de trabajadores como del financiamiento, los salarios y las protecciones laborales. Si las dificultades para atraer y retener personal coinciden con restricciones a las vías migratorias, los empleadores podrían afrontar una presión adicional, aunque los efectos de cada política dependen de su alcance y aplicación.
Cuando faltan cuidadores, la presión llega a las familias
La ausencia de trabajadores no elimina la necesidad de asistencia. Con frecuencia, traslada la responsabilidad a familiares que deben reorganizar sus horarios, reducir sus jornadas laborales o asumir tareas para las que no siempre tienen preparación.
Si los servicios domiciliarios y los centros de atención no consiguen cubrir sus turnos, las familias pueden encontrar más dificultades para acceder a la ayuda que necesitan. El BPC advierte que la escasez de cuidadores puede limitar el acceso a los servicios, perjudicar su calidad, aumentar la carga sobre los familiares y contribuir a gastos públicos evitables.
Para los adultos mayores, la continuidad de la atención puede ser decisiva para mantener su seguridad y autonomía. Para sus familias, contar con un trabajador disponible puede marcar la diferencia entre sostener una rutina y tener que reorganizar por completo la vida cotidiana.
La crisis no tiene una sola causa ni una solución inmediata. Mejorar los salarios, ampliar la capacitación, ofrecer mejores condiciones laborales y crear vías adecuadas para incorporar trabajadores inmigrantes son medidas que responden a problemas distintos, pero relacionados.
Las proyecciones de la BLS y de PHI apuntan a una demanda creciente y a millones de vacantes que deberán cubrirse durante la próxima década. Los datos no demuestran que todas las restricciones migratorias vayan a dejar pacientes sin atención, pero sí muestran la importancia de preservar una fuerza laboral suficiente y estable.
Estados Unidos necesitará más personas capaces de cuidar a sus adultos mayores. Una parte importante de esos trabajadores son inmigrantes, algunos de los cuales afrontan incertidumbre sobre su posibilidad de permanecer en el país y continuar trabajando.
El desafío consiste en responder al envejecimiento de la población sin perder de vista a quienes hacen posible la atención cotidiana. Porque cuando falta un cuidador, el trabajo no desaparece: alguien más tiene que asumirlo. Y cuando no hay quien lo haga, quienes necesitan ayuda no pueden simplemente esperar.
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