Casi 30,000 personas en cuatro estados, incluido Nueva York, que recibieron llamadas automatizadas que un juez calificó de "intimidación electoral", volvieron a ser contactadas por teléfono el viernes, por orden de un juez, para aclarar que habían recibido información falsa que intimidaba a los votantes, informó la agencia AP.
Víctimas de llamadas automatizadas de “intimidación electoral" reciben una nueva llamada de rectificación
Las llamadas correctivas fueron ordenadas por un juez de Manhattan para aclarar a residentes de Nueva York, Illinois, Ohio y Pensilvania que habían sido víctimas de “intimidación electoral".
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Los abogados de dos hombres que enviaron los mensajes originales notificaron al juez federal de distrito, Víctor Marrero, en Manhattan que las llamadas correctivas se hicieron el viernes 30 de noviembre por la tarde para cumplir con una orden que había sido emitida el miércoles anterior.
El juez ordenó hacer las llamadas correctivas después de que una organización de derechos civiles no partidista, la National Coalition on Black Civil Participation, y varias personas que recibieron las llamadas en agosto demandaron a Jacob Wohl, un teórico de la conspiración y trol de Internet de extrema derecha estadounidense, y al cabildero Jack Burkman.
La demanda dice que las llamadas automáticas fueron enviadas a residentes de vecindarios predominantemente negros en Nueva York, Illinois, Ohio y Pensilvania por dos hombres, quienes enfrentan cargos criminales en Ohio e Illinois. a través de abogados, los hombres mantienen que sus manifestaciones están protegidas por la Primera Enmienda y que es técnicamente correcta.
Orden de la corte
El juez dijo que Wohl se había jactado públicamente de sus planes para influir en la política a través de campañas de desinformación, y dijo que utilizaría sus múltiples seguidores en las redes sociales para causar desorden como lo hicieron los rusos en las elecciones de 2016.
Las llamadas automatizadas se dirigieron a 85.000 residentes para decir que al votar por correo estarían entregando información privada a la policía y los acreedores y permitiría a una agencia federal rastrearlos para una "vacunación obligatoria".
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Las llamadas correctivas se enviaron a 29,117 números que habían llegado directamente a una persona o al servicio de mensajes.
Marrero dijo que la llamada automatizada era un ejemplo de cómo la tecnología de alguna manera era más dañina que el tipo de tácticas que llevaron a la aprobación en 1871 de la Ley del Ku Klux Klan.
"En la versión actual de los hechos, los medios que utilizan los acusados para intimidar a los votantes, aunque nacen del miedo y de manera similar impulsados por el odio, no son armas, antorchas, cruces en llamas y otros métodos nefastos perpetrados al amparo de capuchas blancas", dijo el juez. Y agregó: "Más bien, los acusados llevan a cabo el terror electoral utilizando teléfonos, computadoras y tecnología moderna adaptada para servir a los mismos fines perjudiciales".
El juez rechazó las afirmaciones de la Primera Enmienda, calificando lo que hicieron como "una amenaza fundamental para la democracia".
“La Primera Enmienda no puede conferir a nadie una licencia para infligir daño intencional a la sociedad democrática u ofrecer refugio a los malhechores que buscan socavar los principios constitucionales fundamentales. Tampoco puede servir como un arma que manejan para provocar la autodestrucción de nuestra democracia ”, dijo Marrero.
